El Presidente de la República llamó a tres secretarios de Estado a desobedecer la Constitución.

Había prometido que en su gobierno “nada ni nadie estará por encima de la ley”.

Cuatro meses después cambió de opinión.

Ayer el mandatario firmó un memorándum en el que ordena a las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, y Educación Pública, no aplicar las leyes de la reforma educativa aprobada en 2013.

De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, todo acto de autoridad debe estar fundado, motivado y ser emitido por autoridad competente.

A raíz de ello el ex ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, aseveró: “Acabo de leer el memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de motivación y fundamentación. No se cita una sola norma jurídica. Fácilmente impugnable jurídicamente”.

La reforma educativa fue aprobada en los términos constitucionales correspondientes por el Congreso de la Unión y los congresos de los estados, en 2013.

Seis años después, el presidente López Obrador firma un memorándum en que la deja sin efecto.

Obviamente se trata de una medida anticonstitucional, en la que el Presidente de la República se atribuye facultades que corresponden a otros poderes.

Las instrucciones que dio AMLO a los secretarios de Estado consisten en que “mientras el proceso de diálogo (con la CNTE) no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en que se haya traducido la aplicación de la llamada Reforma Educativa”.

Lo anterior, dice el Presidente, es porque no ha sido posible “hasta la fecha, alcanzar un acuerdo entre el Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar la Reforma Educativa y reemplazarla por un marco legal satisfactorio, útil y funcional”.

Es decir, mientras su partido se pone de acuerdo con la CNTE para derogar la reforma educativa de 2013, el Presidente la deja sin efecto por su voluntad individual.

Ya los juristas dirán en qué delitos incurren las autoridades que violen la ley y cuál será el castigo, pero el hecho es inédito.

Una reforma constitucional aprobada y en marcha desde hace seis años es dejada sin efecto por el Presidente, pues a él no le gusta.

Cuando un presidente asume las facultades del Legislativo o el Judicial, la separación de poderes desaparece y se concentran en una sola persona.

Eso tiene cualquier nombre, menos Estado de derecho y régimen democrático.

Nada le impide al Presidente tener sus propias ideas sobre la reforma educativa, pero no tiene autoridad alguna para derogar la existente y reestablecer el entramado de leyes que estaba en vigor antes de 2013.

Entre la derogación de facto que ordenó ayer el Presidente, y la puesta en práctica de las leyes previas a 2013, no existe ningún proceso legal, más que un memorándum firmado por AMLO.

Ya lo había dicho el domingo: “Qué reforma educativa ni qué nada”; va para abajo con procedimiento legislativo o sin procedimiento legislativo.

El sábado expuso en Hopelchén, Campeche:

“Nada de evaluación. Se supone que quien ya estudió en una normal y que da clases, ya está capacitado”.

Así es su manera de pensar, hacia allá lleva al país, pero eso no lo faculta a ordenar que se viole la ley vigente y que se regrese a la previa de 2013, sin el proceso legislativo correspondiente.

Y como Morena no tiene mayoría calificada en el Congreso, entonces en un golpe de fuerza envía un memorándum firmado por él, a fin de que Carlos Urzúa, Olga Sánchez Cordero y Esteban Moctezuma desobedezcan la Constitución y apliquen una legislación derogada hace años con todos los procedimientos constitucionales.

Veremos qué dice el Poder Judicial al respecto, pues su determinación en este caso marcará el rumbo del país.

O tenemos una república de leyes, o un país cuyo gobierno hace y deshace disposiciones constitucionales con la sola firma del Presidente.