CIUDAD DE MÉXICO.

A través de un memorándum, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los titulares de las secretarías de Educación Pública, Gobernación y Hacienda y Crédito Público “que busquen la manera de que quede sin efecto la mal llamada Reforma Educativa, en tanto se llega a un acuerdo”.

El mandatario nacional envió ayer el documento a las dependencias para frenar las medidas contempladas en la Reforma Educativa de 2013.

El memorándum plantea que los secretarios deberán reparar los despidos y encarcelamientos de profesores evaluados y sancionados, además de indemnizar a las familias de los maestros que hayan muerto en el proceso de instauración de la norma.

El jefe del Ejecutivo subrayó que no habrá represión hacia las manifestaciones que realice el magisterio.

Echa atrás Reforma Educativa

El Presidente envió un memorándum para dejar sin efecto las modificaciones hechas por la pasada administración.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un memorándum a las secretarías de Educación Pública, de Gobernación y de Hacienda, para que dejen sin efecto las medidas contempladas en la Reforma Educativa de 2013.

El memorándum fue utilizado por el presidente para evitar que el retraso en las negociaciones de sus propuestas en materia educativa en la Cámara de Diputados provoque que la reforma de 2013 siga su curso legal.

Les instruyo para que busquen la manera de que quede sin efecto la mal llamada reforma educativa en tanto se llega a un acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con la sociedad en su conjunto y se presenta una reforma constitucional aceptada por todos”, enfatizó López Obrador.

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En el memorándum, el Presidente planteó también que los secretarios reparen los despidos y encarcelamientos en contra de profesores que fueron evaluados y sancionados.

“Y en ese memorándum estoy instruyendo, también, a estos servidores públicos para que se agilice el trámite y se continúe liberando a maestros que fueron encarcelados injustamente.

“Al mismo tiempo, les voy a pedir que de inmediato se reinstale a todos los maestros despedidos, que fueron víctimas de las llamadas evaluaciones punitivas”, puntualizó.

Además se planteará la indemnización a las familias de los maestros que hayan muerto en el proceso de instauración de la Reforma Educativa de la anterior administración.

Desde el pasado fin de semana, advirtió que, en vista de que las negociaciones en la Cámara de Diputados para aprobar sus propuestas en materia educativa estaban estancadas, impulsaría la derogación de facto de la Reforma Educativa mediante un decreto. Finalmente, optó por un memorándum.

También reiteró su intención de federalizar la educación y que la nómina del magisterio quede a cargo del gobierno federal.

“Lo único que nos vamos a reservar es el manejo de las plazas para evitar que haya tráfico.

“La Secretaría de Hacienda va a manejar la nómina para evitar que haya aviadores, para garantizar que se les pague a los maestros y para desterrar la corrupción”, reiteró López Obrador.

El titular del Ejecutivo subrayó que no habrá represión hacia las manifestaciones que realice el magisterio en el futuro.

Hacienda llevará la nómina

Para evitar cualquier forma de corrupción, la nómina del sector educativo quedará bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Secretaría de Educación Pública (SEP), en tanto, administrará las plazas magisteriales y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas.

Éstas son parte de las directrices que el gobierno adoptará para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública, en tanto el Legislativo y el magisterio no alcancen un acuerdo para una nueva reforma educativa, de acuerdo con el memorándum presidencial dado a conocer ayer.

En el documento se instruye a la SEP a atender los principios de una educación obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles.

También se señala que Gobernación realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que se encuentren en prisión por haberse opuesto a la reforma de 2013 o por haber participado en otras causas sociales justas.