En pensiones “doradas” los diputados son ¿Juez y parte?
Los 20 integrantes de la 54 Legislatura local que hoy cobran mensualmente sus 200 mil pesos como diputados y diputadas –más que el mismísimo AMLO-, se comprometieron a poner orden y anunciaron que darían marcha atrás a los abusos, excesos así como a los delitos que cometieron sus antecesores. Recientemente, anunciaron que dieron revés a un paquete de jubilaciones “doradas” de un grupo de funcionario, sin embargo, viene la contrademanda que pueden darles palo en juzgados del ámbito federal.
HERENCIA MALDITA.- Para nadie es un secreto los abusos cometidos por la pasada administración de Graco Luis, quién permitió toda clase de actos irregulares con tal de alcanzar sus objetivos y evitar que lo alcanzara la justicia al momento de dejar la titularidad del poder Ejecutivo. En pocas palabras se blindó, sin importarle la afectación financiera en cómo dejó al estado. Y en esta triste historia, es donde aparecen los diputados de la 53 legislatura que se convirtieron en los cómplices del mandatario perredista a quien le aprobaron todas sus iniciativas habidas y por haber.
Cómo olvidar aquellas frases que emitieron las diputadas cuando tomaron protesta: “fue una burla para la sociedad el que la pasada legislatura haya aprobado las jubilaciones "doradas" en medio de actos de corrupción y falsificación de documentos, solo para simular cumplir con requisitos de ley”.
Y actuaron. Revirtieron estas acciones y las echaron abajo, algo que celebró la sociedad y hasta el gobierno del estado. Empero, sabían de antemano que los afectados no se quedarían con los brazos cruzados y la respuesta se dio ya a través de la gente más cercana a Graco.
Un ejemplo de ello como atinadamente lo informó el periodista Martín Sánchez, es el caso de “la ex Secretaria de Educación Beatriz Ramírez Velázquez, consiguió de un juez federal la suspensión provisional que mantiene vigente el decreto de jubilación aprobado por la anterior legislatura del Congreso del estado. Es la primer demanda de amparo que se registra luego de la cancelación de 24 jubilaciones por los actuales diputados que, por cierto, no garantizaron el derecho de audiencia a ninguno de los implicados”.
En consecuencia, la mayoría de las dos decenas de ex funcionarios que perciben pensiones que sobrepasan los 60 mil pesos mensuales tienen listas sus amparos ante lo que consideran un acto de abuso de autoridad en el que están incurriendo los actuales representantes populares al violentar sus derechos y beneficios laborales alcanzados.
ANA CRISTINA GUEVARA: ¿JUEZ Y PARTE? La diputada de Movimiento Ciudadano, Ana Cristina Guevara Ramírez, fue una de las oradoras durante la toma de protesta de la nueva actual legislatura, la cual dejó gravadas unas palabras célebres al afirmar: "Nada ni nadie por encima de la ley", al tiempo de anunciar que ella pediría cuentas a la administración actual por la deuda que heredaron.
En este caso, vale la pena recordar que la joven representante popular que llegó al Congreso por la vía plurinominal, fue una de las beneficiadas con la otorgación de una jubilación que ha sido fuertemente cuestionada. Y si, es verdad, no se le otorgó una cantidad ofensiva como en la mayoría de los casos, pero los 12 mil pesos mensuales fueron mediante la entrega de documentación que no se ha podido clarificar hasta el momento en las áreas que laboró en su corta carrera pública.
Basta recordar que con fecha 07 de junio de 2016, Ana Cristina Guevara Ramírez, presentó al Congreso su solicitud de pensión por jubilación, y la respectiva documentación que consistió en las hojas de servicio que la acreditaron de que laboró en los Ayuntamientos de Cuernavaca y Puente de Ixtla, Morelos, así como en los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado.
Por tanto, su pensión por jubilación, se generó vía frast track, es decir, sin una investigación minuciosa de que cumplió con la antigüedad requerida y por tanto, logró acreditar 18 años, 05 meses, 28 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, porque dice –y consta en el periódico Oficial Tierra y Libertad-, que prestó sus servicios en el paraíso de la documentación falsa como lo es el “Honorable Ayuntamiento de Puente de Ixtla”, donde supuestamente desempeñó los cargos de: Auxiliar Administrativo en Recursos Humanos, del 15 de enero de 1995, al 31 de octubre de 1997; Auxiliar Administrativo, del 01 de noviembre de 1997, al 31 de octubre de 2000; Auxiliar en Servicios Generales, del 01 de noviembre de 2000, al 31 de agosto de 2003. Posteriormente, se trasladó a Cuernavaca, donde se desempeñó como asesor en la Regiduría de Derechos Humanos y Patrimonio Municipal. De ahí, brindó sus servicios del 01 de noviembre de 2006, al 03 de abril de 2009. Hizo lo propio en el Ejecutivo donde fue asesora de Control de Información, adscrita en la Oficina del Secretario de Gobierno; Coordinadora de Gestión y al final de su intermitente carrera dentro del servicio público, laboró en el Legislativo. Aquí también ocupó varios cargos hasta lograr ser diputada local.
Y con estos antecedentes, va la pregunta de ¿Es o no Ana Guevara, juez y parte en esto de las jubilaciones y pensiones “doradas” de ex servidores públicos?
VAN LAS DENUNCIAS PENALES.- Un golpe contundente para la actual legislatura es que les den palo en revertir las pensiones y jubilaciones de ex servidores públicos, señalados por haberlas obtenido en medio de diversos actos de corrupción. Por ello, una acción inmediata fue presentar las denuncias penales correspondientes contra quienes lograron estos beneficios y que tal parece, todo indica, presentaron documentación falsa. Aquí es por donde pueden echarles abajo las diputadas a los ex funcionarios porque fue ofensivo lo que hicieron para tratar de beneficiar a la gente que se alió con Graco sin importar el daño que le hicieron a Morelos.
Los ex alcaldes que autorizaron la salida de documentos falsos de gente que jamás trabajó en sus respectivos municipios, deben de ser investigados y castigados penalmente, para poner un ejemplo y evitar que estos delitos se sigan cometiendo en un futuro inmediato.
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