Otorgan ese beneficio a Francisco Rodríguez Adán, ex titular del Instituto de Desarrollo Municipal; emula a la ex secretaria de Educación, Beatriz Ramírez
Sospechan en el Congreso de fallas y omisiones en las carpetas integradas; sólo los diputados del Partido del Trabajo participaron, dicen
Emulando a Beatriz Ramírez Velázquez (titular de Educación, en el régimen de Graco Ramírez Garrido), Francisco Rodríguez Adán (ex director general del Instituto de Desarrollo Municipal), se aferra a su pensión “dorada”.
Éste, al igual que aquélla, consiguió -de un juez federal- la suspensión provisional, con lo que se mantiene vigente el decreto. No obstante, los legisladores reiteran que existen anomalías.
En lo que concierne a la primera, de acuerdo al periódico oficial “Tierra y Libertad”, número 5637, se lee: “Se abroga el Decreto Número Tres Mil Cuatrocientos Dieciséis, aprobado en Sesión Ordinaria de Pleno iniciada el día doce, continuada el día trece y catorce y concluida el quince de julio de dos mil dieciocho”.
En ese sentido, el Congreso aduce que sólo los integrantes del Partido del Trabajo, que son tres, se dieron a la tarea de realizar un análisis al contenido de los decretos de jubilación otorgados a favor de las personas antes citadas y otras más, pudiéndose observar ciertas inconsistencias que hacen presumir una posible omisión en el trabajo de investigación y validación de la antigüedad laboral que se argumenta o violaciones a la ley, así como en el tiempo que transcurrió desde que se presentó la solicitud hasta la emisión del dictamen.
Lo anterior, continúa, “… hace pensar que no se haya realizado de manera correcta y exhaustiva la investigación tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este derecho, tal como se indica en el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.”
De igual forma, se expresa que dicho análisis fue “exhaustivo” sobre la documentación que fue presentada. Además, manifiesta que las pesquisas no se ciñeron sólo a las áreas del Poder Legislativo, sino de otros ámbitos, como las comunas involucradas: “se realizaron (…) visitas de inspección y verificación en las áreas administrativas correspondientes adscritas a los Ayuntamientos, Gobierno del Estado de Morelos o Congreso del Estado de Morelos, según sea el caso, a efecto de solicitar y cotejar de manera consecutiva todas y cada una de las nóminas de pago que se hayan generado durante el periodo que se pretende acreditar la antigüedad laboral”.
Argumenta que, en tal caso, se solicitaron copias certificadas de los documentos, constatando anomalías. A su vez, se turnaron oficios hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), “para corroborar la certeza de la antigüedad establecida en la constancia laboral o de servicio que en su momento presentaron los solicitantes”.