Resolver la inseguridad que hoy enfrenta México es un problema mayor, llevará mucho tiempo y requiere de la colaboración de todos, empezando por las autoridades de los tres niveles y los tres poderes. Poner un plazo para solucionar la crisis es un grave error político que se pagará muy caro. ¿Por qué lo hizo el presidente?
6 meses
Igual que Graco Ramírez en Morelos hace seis años, Andrés Manuel López Obrador prometió mejorar la seguridad del país en un plazo que él mismo se fijó. ¡Seis meses! El presidente de México se enredó sólo en el problema de inseguridad desde hace un par de semanas cuando enfrentó los cuestionamientos del periodista Jorge Ramos, rebatió sus argumentos y dijo que él tenía otras cifras. De ahí las cosas se le han ido complicando hasta que hace unos días en Veracruz, luego de los terribles hechos de Minatitlán, tuvo la ocurrencia de ponerse un plazo para pacificar el país. Y el remate de la historia vino ayer cuando en su mañanera dijo que “Los reclamos de seguridad en el país son básicamente de los conservadores”. ¿¡Atekai?!
Aunque las intenciones del jefe del ejecutivo federal sean buenas, prometer que en seis meses mejorará la seguridad en el país y disminuirán los índices delictivos es un grave error político. El problema de inseguridad y violencia en México está más allá de un gobierno y no se resuelve con las buenas intenciones de un presidente. Peor: el reclamo de seguridad no es solo de un grupo conservador, es de millones de personas que han sido tocadas directa o indirectamente por la violencia.
Hoy en el equipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se respira preocupación por los dichos del jefe; desde ahora buscan excusas para cuando llegue la fecha prometida y analizan opciones para que el jefe de la nación no quede tan mal parado cuando se cumpla el plazo.
Obvio: el 2019 se perfila como el año más violento de toda la historia de México; hasta ahora ha superado en cifras mortales a los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y no se ve para cuando la situación mejore. Los “otros datos” que tenía el Presidente de México sobre el tema eran falsos: las instituciones bajo su mando confirmaron que el primer trimestre del 2019 fue el más violento en la historia de México.
Y es que aunque ya se autorizó la Guardia Nacional y el congreso ha destinado una cifra histórica para su operación, todavía falta mucho para que se vean resultados; eso sin contar con que a nadie le queda claro cuál es exactamente la estrategia con la que la Guardia Nacional combatirá la delincuencia y pacificará al país.
Hasta ahora los datos y las cifras sobre seguridad que brindan las dependencias federales son contrarias al discurso del presidente; en cuatro meses la captura de delincuentes de alto nivel y el decomiso de droga está en un nivel mínimo histórico, para la actual administración ya no es prioritario combatir frontalmente a la delincuencia, ni detener a sus líderes, ni confiscar sus cargamentos, quizá por esa razón las áreas de inteligencia fueron desmanteladas y la estructura humana que operaba con tecnología de punta para ubicar y detener a líderes de cárteles fue despedida.
El planteamiento del presidente López Obrador es simple, pero poco efectivo: “Alcanzaremos la paz con el ejemplo y combatiendo la corrupción”, de ahí que ya no se operará con una policía que utilice la fuerza, ni tampoco combata o persiga a los criminales. La Guardia Nacional, por cierto, parece ser una policía de chocolate, de buena voluntad que buscará pacificar el país con prevención y sin enfrentamiento, que limitará el uso de la fuerza y no realizará labores de inteligencia ni de investigación porque se confía en la buena disposición de los grupos criminales.
Pero las cuentas no salen en ningún sentido: en cuatro meses ya no hay detenidos ni decomisos, se acabó la persecución a los cárteles de la droga, pero en contraparte la violencia ha aumentado y el derramamiento de sangre en todo el país está marcando récords históricos. ¿Qué salió mal? ¿Por qué los criminales no siguen el ejemplo de nuestro líder?
Prometer mejorar la seguridad del país en seis meses es un error que puede costar mucho al gobierno y a todo México; la violencia se ha disparado, el número de muertes ha crecido exponencialmente y no tenemos una estrategia efectiva ni en lo federal ni en los estados, con la cual hacer frente a los grupos criminales.
Ojalá en seis meses las cosas mejoren en México, los índices delictivos disminuyan y la paz se perciba, pero es difícil que así sea. Cuando el plazo que Andrés Manuel López Obrador se puso a si mismo se cumpla, veremos a un político recurriendo a excusas para justificar por que no fue posible llegar a la meta. O quizá al estilo Graco Ramírez recurran al maquillaje de cifras para tratar de disimular la realidad. Pero si la seguridad no se siente y la gente no la percibe, cualquier estrategia mediática será un fracaso, por muchos millones que se inviertan en ella.
Hoy el gobierno de la república no tiene oposición: domina las dos cámaras y los partidos están desaparecidos; salvo algunas expresiones panistas ocasionales, el ejecutivo federal marcha en caballo de hacienda, sin contrincantes enfrente.
Los problemas que enfrenta Andrés Manuel López Obrador son sociales, es la inseguridad que se arrastra desde hace varios años y recesión económica en varios estados, producto de los malos manejos de varios gobernadores.
Pero el mayor reto de la administración federal es controlar al Presidente; las expresiones y las ocurrencias del tabasqueño ponen a temblar al gabinete, los han llevado a escenarios de crisis y representan el más grande desafío institucional.
El enemigo de Andrés Manuel López Obrador es su discurso; su oposición está en las “benditas redes sociales”.
- posdata
Al menos por forma, pero las indagatorias sobre los actos de corrupción cometidos en la pasada legislatura de Morelos avanzan.
En esta tragicomedia política de ladrones y villanos hay un cambio interesante: la ex secretaria de Finanzas y Administración Patricia Bandera ha pasado de acusada a testigo y ahora proporciona información a la Fiscalía Anticorrupción para actuar en contra de las ex legisladoras Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Viscera Alatriste.
Paty Bandera es una pieza clave en esta historia, a ella le correspondió ejecutar las ordenes que dictaban los diputados y conoce a detalle la manera como se actuó en la 53 legislatura Morelense. Francisco Moreno, Tencha, Alatriste, Julio Espín, Silvia Irra y Francisco Santillán, cuentan, intentaron culpar a Paty Bandera de todo lo que ocurrió, responsabilizándola por ser ella quien firmaba los documentos.
La administradora del congreso no fue tonta: cada orden que recibía la pedía por escrito y guardaba el documento, por eso su aportación a las investigaciones es clave. Si hay alguien que conoce lo que pasó en esa legislatura y tiene pruebas de todas las transacciones que se hicieron, es ella.
Tampoco hay que buscar mucho: toda la información referente a lo que administrativamente sucedió en el congreso pasado está en el acta de entrega recepción de Patricia Bandera. A diferencia de las ex diputadas, la secretaria documentó todo y llevó a cabo un proceso de entrega recepción totalmente apegado a derecho.
Patricia Bandera es un factor clave en la investigación que se lleva a cabo para conocer las tropelías cometidas por los legisladores anteriores. Colaborar con las autoridades puede mejorar su situación jurídica y disminuir sustancialmente la pena a la que pudiera ser condenada, pero también la expone ante un grupo de ex diputados pillos que no se tentarían el corazón para actuar en su contra e impedir que entregue la documentación que tiene.
Paty es valiente, pero debe ser cuidadosa.
- nota
¿Cuántas denuncias han presentado hasta ahora contra ex funcionarios del gobierno anterior y contra su titular? ¿Diez, veinte, cincuenta…? ¿En qué estado se encuentran los procesos? ¿Ha servido de algo?
Los promotores de las querellas defienden los “tiempos jurídicos” y el “debido proceso”, es decir, el camino legal que deben seguir dichas quejas de acuerdo a la ley vigente en la materia.
Pero también han dicho que el principal reto que tienen como autoridad para que se haga justicia es librar la red de complicidades que protegen a los ladrones, empezando (los dicen funcionarios del gobierno) por los fiscales General Uriel Carmona y Anticorrupción Juan Salazar Núñez.
Hasta ahora nada ha pasado y los corruptos siguen felices en la calle, viviendo como reyes, adquiriendo nuevas propiedades, asesorando candidatos en Baja California y contratando grupos y despachos para generar inestabilidad al nuevo gobierno que los persigue.
Peor: pareciera que el perdón otorgado por Andrés Manuel López Obrador a los corruptos es parejo e incluye a sus paisanos ladrones de Morelos. Quizá por ello los graquistas se envalentonan, retan a Cuauhtémoc Blanco y se burlan de las denuncias que interponen en su contra; saben que los fiscales los protegen, pero también presumen que el equipo jurídico del ex seleccionado nacional es incompetente, se mueve por rumores, habla sin sustento y demanda sin pruebas.
Cada día que pasa se ve más lejana la posibilidad de que se haga justicia.
Si en el gobierno estatal saben que no tienen elementos de prueba, ni existe imparcialidad en los fiscales ¿Para qué insisten en encarcelar a Graco?
Cuando menos se den cuenta, la gente ya no va a pedir cárcel para el ex gobernador; exigirá castigo a quienes no fueron capaces de juzgarlos.
post it
El Congreso de Morelos abrogó algunas de las jubilaciones doradas que otorgaron los diputados de la pasada legislatura a familiares, amigos y colaboradores suyos y del gobierno de Graco.
Las irregularidades saltan a la vista: hay personas con menos de 40 años de edad que justificaron 25 años de trabajo y muchos de ellos obtuvieron los documentos del mismo municipio: Puente de Ixtla. Hay casos grotescos como el de la esposa del entonces secretario de gobierno o la secretaria de la gubernatura de Graco Ramírez.
Pero además existen otras jubilaciones doradas que no se están tomando en cuenta y que también brillan por su ilegalidad, como la de la actual diputada del partido Movimiento Ciudadano Ana Cristina Guevara o la del regidor de Cuernavaca Ulises Vargas; si se revisan los expedientes, en ambos casos se encontrarán documentos apócrifos.
Ana Guevara y Ulises Vargas comparten el mismo beneficio: los dos fueron colaboradores cercanos de diputados (la primera de Jaime Álvarez y el segundo de Francisco Santillán) y ese fue el motivo principal de que los jubilaran jóvenes y sin haber reunido (legalmente) los requisitos para obtener dicho beneficio.
En el Morelos de la ilegalidad graquista todo esto fue posible. Veremos si en los tiempos de la Cuarta Transformación se combate la corrupción.
- redes sociales
No existe una razón clara, pero por algún motivo la inseguridad en Cuernavaca ha disminuido. Al menos durante las últimas semanas el número de muertes bajó y los hechos violentos nos han dado tregua.
Sea cual sea el motivo, ojalá la paz vaya mejorando en este y en todos los municipios del país.
Aunque no sea gracias a la actuación de nuestras autoridades.
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