Corrupción institucionalizada en el Ejecutivo y Legislativo
En la autorización de las pensiones y jubilaciones “doradas” es un hecho que no solo hubo corrupción sino marranadas entre funcionarios de la pasada administración con los diputados de la 53 Legislatura local para beneficiar a sus familiares, amigos y gente a fin. Sin embargo, hoy por más increíble que parezca, siguen laborando dentro del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, personajes que tienen vínculos con Graco Luis Ramírez Garrido.
JUAN CARLOS HUITRON LUJA.- Los personajes en cuestión han engañado al mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco y al secretario de Finanzas, Alejandro Villareal Gasca, negando toda relación con la administración pasada sin embargo, los elementos en su contra son contundentes, por lo que han tratado de nadar de a muertito en los últimos meses de este gobierno.
¿Pero y cómo se dio la red de corrupción institucionalizada? Bien, esta se logró tejer desde las altas esferas del gobierno perredista de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu cuya finalidad siempre fue incluir al mayor número de personas que a sus intereses convenía para otorgarles pensiones y jubilaciones, con sueldos que rayan en lo absurdo así como en la ambición desmedida porque se acordaron otorgarles salarios que superan los 40, 50 y 60 mil pesos mensuales de por vida.
No les importó en nada que los trabajadores no cumplieran con los requisitos y mucho menos con la antigüedad, ya que para eso había un “padrino” que desde el poder Ejecutivo, en complicidad con los diputados de la 53 legislatura, se dedicaban a regularizarles sus documentos sin importar falsearlos y menos aún, aumentando el número de años de servicio en dependencias del gobierno estatal y municipales para lograr su cometido.
Aquí es donde surge la figura de Juan Carlos Huitrón Luja, quien llegó a la administración perredista en el año 2014 como director General De Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, y quien junto con Óscar Alexis Sánchez Sánchez, Jefe de Nombramientos de tiempo determinado, así como con Adrián Ernesto Morales Guzmán, quien era director de personal y hoy tristemente siguen incrustados en la administración estatal, se aliaron con quien llamaron el jefe de esta banda de funcionarios que no es otro que Humberto Barona Lavín, ex secretario de Administración y hoy Notario Público Número 14, para poder manipular y alterar documentos oficiales de trabajadores a quienes les daban el visto bueno para poder beneficiar con pensiones y jubilaciones “doradas”.
De poco sirve que haya hoy en día alrededor de tres centenas de trabajadores quiénes han cumplido en tiempo y forma con sus más de 28 años de servicio ininterrumpido en el gobierno estatal o municipal para alcanzar ese beneficio, y quienes han sido frenados por no convenir a sus intereses para jubilarlos con los recursos que la ley establece. Por el contrario, el han dado prioridad a sus amigos, a gente de los ex diputados, del ex gobernador Graco Ramírez e incluso, de la mismísima Elena Cepeda de León, quien fuera la presidenta del DIF Morelos.
Hay elementos, documentos que el Regional del Sur tiene en su poder, de un número importante de funcionarios y trabajadores que fueron favorecidos a través de, la manipulación de contratos y expedientes en los que aumentaron la antigüedad no procedente –cuando les hacían falta años de servicio-, así como otorgar un aumento en la percepción para que al momento de ser jubilados su ingreso tuviera un aumento significativo. Estos personajes son los que actuaron desde el Ejecutivo –amparados por sus jefes inmediatos- con los diputados del Congreso del Estado y desde ahí maquinaron toda esta red de corrupción en Morelos.
Valdría la pena que el gobierno en turno y los diputados de la 54 Legislatura, si en verdad quieren evitar el pago de las pensiones “doradas” otorgadas irregularmente, iniciarán una investigación a estos personajes para encontrar el inicio de la corrupción que se tramó desde la administración perredista de Graco.
DENUNCIAN AL TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN.- Los acuerdos establecidos desde la administración pasada y con el afán que se le persiguiera y castigara penalmente, el ex gobernador perredista de negros antecedentes, decidió hacer actos legaloides para blindarse y evitar lo que la mayoría de los morelenses exige: Castigo a Graco Ramírez.
Por ello, luego de designar a su consejero jurídico Juan Salazar Núñez como el Fiscal Anticorrupción, le impuso a varios personajes dentro de la dependencia, entre ellos a Ever Felipe Velarde Corrales, a quien logró ubicarlo como el titular del Órgano de Control Interno de esta dependencia, sin importar que no reunía con los requisitos como fue una constante del gobierno anterior.
Sin embargo, fue ya denunciado ante la Fiscalía General del Estado, Ever Felipe Velarde Corrales, por ejercer el cargo y violentar la propia Ley Orgánica de la dependencia, querella que incluso busca causar efecto contra integrantes de la anterior legislatura, particularmente de la Junta Política y de Gobierno quienes avalaron el nombramiento.
La denuncia va enfocada en exigir se ponga orden y “se ordenen las diligencias necesarias para la integración de la carpeta de investigación y previos los tramites de ley, vincular a proceso penal en contra del C. Ever Felipe Velarde Corrales, y quien o quienes resulten responsables”.
Contempla además, dar vista a la Contraloría de Gobierno del Estado para lo que a su derecho proceda y a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, para lo que a su derecho proceda.
De acuerdo al texto, se recalca que con fecha 29 de agosto del año 2018, la Junta Política y de Gobierno de la anterior Legislatura, designó al titular del Órgano de Control Interno de la Fiscalía General del Estado de Morelos a su consideración en términos del artículo 23 C de la Constitución Política del Estado de Morelos y el Artículo 129 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; dicha designación se realizó mediante votación por cédula y con voto calificado por las dos terceras partes de los integrantes del propio Congreso.
Hoy, exigen poner orden y los actos violatorios de la ley sean castigados conforme a derecho y además, se castigue penalmente por los delitos en los que hayan incurrido, y aquí están inmersos varios ex diputados.
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