También Patricia Bandera vio frustrados sus anhelos; emitió una queja que sigue en análisis
Patricia Guadarrama Moncada, quien fuera asesora de la ex diputada Beatriz Vícera Alatriste, inició demanda de amparo para la defensa de su pensión “dorada”; sin embargo, no logró obtener la suspensión provisional del juez.
Asimismo, Patricia Bandera Flores, quien fungiera como titular de la Secretaría de Administración, también vio frustrados sus anhelos; no obstante, emitió una queja, la cual sigue en análisis.
Por su parte, René Maya Manzanares, que se desempeñó como asesor adscrito en el Congreso local, también pretende “cobijarse”, para no perder los beneficios de la jubilación.
Trascendió que, en los próximos días, se desencadenará una serie de acciones de amparo, con el fin de evitar la suspensión de esta canonjía, que fue otorgada por la Legislatura anterior.
De esta forma, sólo dos personas han logrado la protección de ese beneficio (el cual, a los ojos del Congreso actual, es ilícito); se trata de Beatriz Ramírez Velázquez y Francisco Rodríguez Adán, quienes fueron burócratas en el régimen de Graco Ramírez Garrido.
El parlamento 54 insiste en que fueron utilizados elementos apócrifos, para solventar los requisitos de antigüedad -que se requieren para tal efecto-, lo que fue investigado, en su momento, por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Cabe precisar que, en aquel instante, en julio del 2018, el Congreso cerró su último periodo ordinario de sesiones con la aprobación de dichas jubilaciones, que trajeron favores a una serie de funcionarios y esposas de los propios legisladores, lo que fue el punto más cuestionado en esa legislatura (de acuerdo a los actuales representantes populares).
Entonces, los votos de los grupos parlamentarios del PRD, el PAN, el PSD y Nueva Alianza fueron suficientes para dar luz verde a la jubilación de secretarios de despacho, ex funcionarios y hasta la esposa del ex secretario de Gobierno, Anahí Bahena López (quien no ha reaccionado ante la abrogación de su pensión).
Ninguno de los dictámenes de las jubilaciones fue leído en la sesión, por “economía parlamentaria”; los legisladores de PRI, Partido Encuentro Social y Humanista, se mantuvieron en contra.