Los diputados del PRI dieron su voto en la madrugada de ayer para echar abajo el principal logro del sexenio anterior, la reforma educativa.

Otra vez le creyeron a Morena y cayeron en la misma trampa de la votación de una Guardia Nacional “con mando civil”.

La redacción es tan laxa que al final el gobierno termina haciendo lo que le viene en gana.

Tropezar dos veces con la misma piedra es por gusto, o porque no la quieren ver.

Con una redacción gelatinosa, ambigua y abierta a la interpretación que sea conveniente para los gobernantes en turno, se quitó la obligatoriedad de los exámenes de evaluación para obtener una plaza de maestro y alcanzar ascensos, estímulos económicos y promociones.

Se cobija expresamente la relación laboral del gremio magisterial en el apartado B del artículo 123 de la Constitución, que abre la posibilidad para que el sindicato tenga el control de la mitad de las plazas de nueva creación.

La evaluación sigue, se podrá decir y con cierta razón, pues en la reforma votada ayer se establece que “la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la Ley” (reglamentaria).

Sin embargo, la evaluación obligatoria fue quitada expresamente del texto constitucional.

El espíritu de la reforma aprobada ayer, se interpreta al leerla, es mantener los exámenes para la obtención de plazas, pero no lo dice, y abre un abanico de posibilidades a la interpretación de la autoridad educativa y sus acuerdos con los sindicatos.

También deja la normatividad de esos “procesos de selección” en manos de la legislación secundaria, en la que Morena sólo requiere mayoría simple para aprobarla.

Como bien dijo un ilustrado colega, el “espíritu de la ley” siempre será ambiguo si no queda asentado por escrito.

Y con Morena ya sabemos para qué sirve el espíritu de las leyes: cuando se aprobó por unanimidad la creación de una Guardia Nacional con “mando civil”, era obvio que iba a estar encabezada por civiles, pero no se puso expresamente.

¿Resultado? Militares por doquier en todos los mandos de la “nueva” estrategia de seguridad del gobierno federal. No digo que eso necesariamente esté mal –dependerá de los resultados–, sino simplemente que el “espíritu de la ley” se lo pasaron por donde quisieron.

Los priistas le volvieron a creer a Morena, o se entregaron a ese partido para darle los votos que necesitaba y demoler la reforma educativa que ellos hicieron en el marco del Pacto por México.

Adiós al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que era autónomo y no “evaluaba a los maestros”, como dicen sus detractores, sino a la educación misma.

Para abajo la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Cancelada, en la letra, la obligatoriedad de la evaluación para llegar y permanecer en el magisterio.

De vuelta a la realidad en que los profesores, por voluntad del sindicato o acuerdos políticos con el gobierno en turno, “pasan porque pasan”.

En los últimos cinco ciclos escolares, el 48 por ciento de los maestros fue calificado como “no idóneo” para estar frente a un grupo en educación básica, según el Libro Blanco de la Reforma Educativa 2012-2018.

Y en educación media superior, 59 por ciento no acreditó capacidades mínimas para ingresar al Sistema Profesional Docente.

Ahora ya no habrá tal Sistema Profesional Docente.

Pásale compañero de tomas, marchas y plantones, a dar clases sin responsabilidad ni consecuencias para usted, aunque sí para las nuevas generaciones que no podrán competir por empleos bien remunerados y deberán conformarse con la dádiva que les dará el gobierno.