El contrato es sólo por tres meses para manejar “servicios técnicos y administrativos de apoyo” bajo regimen de subcontratación, sin mayores detalles. Sarenggo, empresa que no aparece en el reporte actualizado de la STPS y con inscripción en el IMSS, presume que el banco es su cliente principalimera parte
Bansefi, el mismo que habrá de convertirse en el Banco del Bienestar de AMLO, contrató este año a una empresa de outsourcing poco conocida, Sarenggo, a la que adjudicó sin licitación un contrato por 146 millones de pesos para manejar, sólo por tres meses, de febrero a abril, “servicios técnicos y administrativos de apoyo” bajo régimen de subcontratación.
Los recursos para hacer esta adjudicación directa quedaron liberados a partir de la cancelación de la verificación biométrica que, hasta el 31 de marzo, fue requisito para que los beneficiarios de programas sociales recibieran los recursos dispersados por este organismo bancario en el territorio nacional (y evitar que sean recibidos por alguien a quien no le corresponden). La empresa que facilitaba las herramientas de verificación biométrica a los programas sociales del Gobierno Federal confirmó a Crónica que quedaron suspendidas estas acciones y que Bansefi devolvió ya los equipos con los que se validaba la huella dactilar antes de pagar a beneficiario.
No se ha aclarado ni el número ni detalles del personal contratado por outsourcing con los recursos que se liberaron al dejar de realizar las verificaciones de huella, algo que al menos en teoría, debió ser transparentado por Bansefi vía el sistema Compranet de Función Pública al realizar el gasto. La unidad de transparencia de Bansefi, después de muchas peripecias, prometió tramitar el tema como uno más de Acceso a la Información.
Crónica contactó a Sarenggo para solicitar referencia de las nóminas que actualmente administra bajo el régimen de outsourcing y efectivamente la referencia fue que Bansefi es su principal cliente.
El contrato adjudicado sin licitación es un gran despegue para la empresa Sarenggo que en los dos años previos obtuvo tres contratos federales, también como outsourcing, pero que se limitaba a personal de limpieza de instalaciones para la delegación Querétaro del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y para el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (OPIT). Su pago bruto más grande en esos años fue por algo más de un millón de pesos y 11 meses de prestación del servicio.
Por tanto, con el contrato pagado por Bansefi este año, el salto de Sarenggo es cuantitativo y cualitativo pues equivale a manejar tres meses al personal de servicio técnico y administrativo de una instancia del sistema financiero nacional en lugar de personal de limpieza. Cada uno de estos tres meses (febrero, marzo y abril de 2019) la nómina implicada tiene un valor de 49.9 millones de pesos. De acuerdo con la tasa habitual manejada por los outsourcing nacionales, 3.7 millones de pesos son las ganancias mensuales brutas para Sarenggo.
En la información que se hizo pública sobre el contrato, tampoco hay referencias de otros procesos administrativos que esta empresa, cuya especialidad es la contratación subrogada, aunque se trata de un outsourcing poco identificado por quienes trabajan en el sector. Hay evidencia de que ha participado en diversos procesos de licitación gubernamental en los que no resultó seleccionada, además de los contratos sin licitación en INEA y OPIT.
Los teléfonos de la empresa están en funcionamiento, aunque es un tanto curioso que no hay protocolos para responder las llamadas:
—Bueno –dice una voz femenina sin más…
—¿Es Sarenggo?
—Sí, buenas tardes, a sus órdenes…
—Quisiera conocer sus servicios…
—¿De dónde llama?
—Quiero conocer sus servicios, me los recomendaron, pero quisiera saber con quiénes han trabajado, más datos de ustedes. Le llamo para eso…
—¿Quién nos recomendó?
—Uno de mis socios que ha estado buscando outsourcing…
—Estamos trabajando con Bansefi, es nuestro cliente principal.
La mujer no se identifica ni pide que su interlocutor lo haga, termina por pedir un teléfono y prometer que se remitirá la petición a otra de las empresas “del grupo”. Pide un teléfono y ya.
La empresa no aparece entre las que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó con datos actualizados y con inscripción ante el IMSS como intermediarios en contrataciones de personal y el manejo de prestaciones sociales.
No hay una justificación detallada de Bansefi a Compranet para no licitar el servicio y entregar los 146 millones de pesos directamente a Sarenggo; no hay referencia a porqué esa y no otra empresa; lo que reportó a Función Pública en ese sistema es la transcripción de los párrafos de la Ley de Adquisiciones: “Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla”.
Y desde allí el contrato se vuelve de una opacidad completa. Durante la pasada semana, Crónica contacta a los responsables de vinculación de Bansefi que, muy amables, remiten a otras áreas debido a que no pueden contestar una respuesta sencilla: ¿A qué personal contrataron vía outsourcing con esos 146 millones de pesos o bien qué se adquirió al erogar esos recursos?
Una odisea más resulta la visita a la unidad de transparencia de Bansefi. Dos horas sin que nadie sepa cómo opera aquello. En realidad, la institución debió transparentar su gasto desde que lo informó a Función Pública vía Compranet, pero la documentación disponible sólo refiere que se gastaron 146 millones 614 mil 793 pesos con 17 centavos.
SIN BIOMETRÍAS Y SIN TRANSPARENCIA. La traza de los recursos que dejaron de gastarse en la identificación biométrica de beneficiarios de programas sociales lleva justamente al contrato con Sarenggo porque son los únicos recursos que empatan, en montos y tiempos, en el presupuesto de Bansefi.
Los contratos de biometrías (que estaban por cumplir 10 años) tuvieron su último día de vigencia en marzo, en tanto el contrato Sarenggo se arreglaba un mes antes para echarlo a andar.
Hasta 2017 los recursos de Progresa eran entregados a los beneficiarios previa identificación con la huella dactilar. Se logró que todos los beneficiarios, incluso en regiones remotas, estuvieran registrados en una base de datos que incluía las huellas dactilares. Con terminales que podían trabajar sin internet, previa carga de las huellas de los beneficiarios, en lugares sin servicios bancarios y sin internet, se lograba la identificación del beneficiario.
La administración federal de López Obrador ha señalado que se estará recurriendo a servicios financieros como Banco Azteca para la dispersión de los recursos de los nuevos programas sociales como los destinados para jóvenes. En este caso, la dispersión se hará por tarjetas, sin verificar biometrías. La contribución de Sarenggo en todo esto sigue siendo una incógnita.
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