Lucrar con el dolor
A mediados del año 2016 en el Senado de la República se hicieron reformas constitucionales y aprobaron leyes reglamentarias, el objetivo fue el combatir los actos de corrupción a través del Sistema Nacional Anticorrupción para que se castigue con cárcel a los funcionarios públicos y contratistas que cometan tráfico de influencias, desvío de recursos, moches y contratación ilegal de deuda y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Hoy, hay imputados que difícilmente pisarán el penal de Atlacholoaya.
LOS IMPUTADOS.- Cómo olvidar la campaña de persecución, las investigaciones y señalamientos que se hicieron en contra funcionarios del gobierno panista de Marco Antonio Adame Castillo, por parte de la administración entrante de Graco Ramírez Garrido. Fueron muchos los argumentos de que meterían a la cárcel a los ex servidores públicos que cometieron actos de corrupción y al final, con excepción del ex secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno de Morelos, Alfredo Jaime de la Torre, quien fue acusado por el delito de peculado agravado en perjuicio del Poder Ejecutivo, los demás ex funcionarios quedaron impunes. Incluso, se hablaba de que iban por Marco Adame y al final no pasó absolutamente nada. Sólo declaraciones.
Hoy, se vuelve a hablar de cinco ex funcionarios, cuatro de ellos de primera línea y del grupo cercano al ex gobernador Ramírez Garrido quienes han sido imputados por el delito de peculado. Sin embargo, para los especialistas en el derecho, la situación sólo es mediática porque al final, las carpetas serán tan débiles que solo saldrá “humo blanco”, se escribirán líneas y líneas en los espacios de los periódicos además de que será el tema en los respectivos espacios noticiosos pero difícilmente se podrá colocar en la cárcel a quienes hoy son señalados porque la duda del compradrazgo, amiguismo y relación de ex patrón se mantiene entre el titular de la fiscalía Anticorrupción con quien mal gobernó los últimos seis años en Morelos.
UN SHOW LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN.- La noticia corrió como bomba cuando se dio a conocer que hay cinco ex funcionarios que han sido señalados por haber desviado dinero público sin embargo, para los especialistas del caso, jamás pisarán las frías celdas de Atlachoaloya porque utilizarán los argumentos jurídicos para evitarlo y más si las carpetas de investigación van débiles en las acusaciones.
Los cinco personajes tienen relación cercanísima con el ex mandatario perredista que dejó sumido en la crisis y la deuda tanto económica como de inseguridad y desempleo a Morelos, algo que también pasará como un recuerdo porque no sucederá nada más allá de seguirnos lamentarnos. Es decir, no se castigado ni encarcelado a algún personaje de los muchos que se mencionan y que son evidentes sus actos de corrupción, pero que hoy en día continuarán disfrutando de sus bolsas llenas de dinero y sus muchas propiedades que en menos de seis años lograron adquirir tanto al interior del país como del extranjero.
Hoy la fiscalía Anticorrupción se ha convertido en un elefante blanco y hasta en tanto no meta a la cárcel a quienes hayan hecho de las suyas con el dinero público, la sociedad no tendrá confianza en quien la dirige porque además, pesa la duda y la desconfianza por la relación que tuvo con quien fue su jefe inmediato en la administración pasada.
EJEMPLOS DE CORRUPCIÓN.- Es inaudito que todo lo que se ha dicho y comprobado del saqueo financiero en el Congreso del Estado, con personajes que vincularon fuertemente a Julio Espín Navarrete, Francisco Moreno Merino, Beatriz Vícera Alatriste, Hortencia Figueroa Peralta, Eder Casillas, Víctor Caballero, Edwin Brito Brito, y casi todo los 30 ex diputados de la pasada legislatura y no pase nada. Solo llamen a unos cuantos pero es tan débil los argumentos jurídicos para imputarlos que decidieron mejor retirar la solicitud por parte del Congreso y de la propia institución encargada de perseguirlos y pedir que se les castigue.
Todo esto ha sido y será un fiasco, circo maroma y teatro, donde los días, las semanas, los meses y los años estarán transcurriendo y difícilmente se podrá castigar a los verdaderos responsables de haber saqueado las finanzas del estado, y todo en detrimento de los intereses de los ciudadanos.
Otro ejemplo claro, contundente fue lo que pasó con los recursos multimillonarios que se reunieron a través de fundaciones, organizaciones nacionales e internacionales, así como del gobierno estatal y federal para poder apoyar a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre del año 2017, sobre todo a las familias de la zona sur y oriente de Morelos. Hoy en día, pese a las fuertes cantidades de dinero, siguen muchas familias sin tener donde vivir porque el dinero simplemente no llegó para los fines que fueron destinados. Muchos de los ex funcionarios lucraron con el dolor de la sociedad y no pasó absolutamente nada desde la Fiscalía Anticorrupción que preside Juan Salazar Núñez.
Por esta razón, se anunció que había más de tres mil expedientes con documentos falsos de supuestos damnificados por el sismo del 2017, que nunca recibieron ningún tipo de apoyo luego de que se les prometió que recibirían las tarjetas del Fonden pero otra vez, tristemente, la administración de Graco Ramírez se las retiró, en medio de diversos actos de corrupción.
Se anunció que se investiga un presunto fraude multimillonario que al parecer incurrió el gobierno de Graco Ramírez a través del Fondo "Unidos por Morelos", sin embargo hasta la fecha no ha pasado absolutamente nada.
Tres mil expedientes no es cosa menor. Y pese a ello, la fiscalía Anticorrupción no ha detectado nada irregular pese a los testimonios de las familias que siguen viviendo en las calles a más de un año de la desgracia.
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