Bueno, en realidad, hay que hacerle caso a la OCDE, la organización internacional que encabeza y de la que forma parte México.

Ayer presentó su Estudio Económico sobre México, correspondiente a 2019.

Tras hacer un diagnóstico muy cuidadoso, el documento presenta diversas recomendaciones para lograr un crecimiento más rápido, sustentable y que beneficie al conjunto de la población.

No es casualidad que, en la presentación de este documento, Gurría haya estado acompañado de Carlos Urzúa, secretario de Hacienda. Hay un reconocimiento oficial al organismo que encabeza el exfuncionario del gobierno mexicano.

Gurría le dio un espaldarazo a Urzúa en cuanto a la prudencia con la que está manejando la política fiscal, y que ya le implica multitud de críticas, por la contención del gasto que está ejerciendo, o por ‘los ahorros’ que tiene, como dijo hace un par de días el presidente de la República.

El Banxico se ganó también el aplauso de la OCDE, cuya política monetaria también fue respaldada por Gurría.

Pero no crea que el secretario general de la OCDE solo lance aplausos.

Una de sus recomendaciones precisas es realizar una reforma fiscal de fondo en el mediano plazo.

Los funcionarios de Hacienda, cada vez que pueden, hacen énfasis en que el compromiso del gobierno es no aumentar impuestos en los primeros tres años de esta administración. Seguramente Gurría está informado de eso, y por eso habla del mediano plazo.

Y esa reforma debe incluir la ampliación de la base del IVA, quitando exenciones y tasas reducidas; bajar las tasas del ISR para personas de menores ingresos y reducir las deducciones o convertirlas en créditos fiscales; desarrollar un registro nacional de la propiedad para poder cobrar mejor el impuesto a los inmuebles.

Pero también debe establecerse finalmente un Consejo Fiscal Independiente, propuesta a la que se opuso sistemáticamente la administración de Peña Nieto.

Pero no crea que se trata solo de planteamientos en materia tributaria. También le apuntan de manera destacada al gasto público y a la política social.

Por ejemplo, se plantea un mejor diseño para los programas de apoyo social, que son muchos, muy diversos y no siempre efectivos.

También hay cosas muy concretas como ampliar la duración de la jornada preescolar para niños de 3 a 5 años.

Y algunas que quizás no gusten del todo al gobierno, como el garantizar la independencia de los órganos reguladores y de competencia; o la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, que no ha sido ‘santo de la devoción’ de este gobierno.

Hay que recordar que México entró a la OCDE en 1994 y –a mi parecer– el formar parte de esta organización ha sido de gran utilidad para nuestro país.

Sin embargo, me temo que, en algún momento, el presidente López Obrador pueda juzgar a la OCDE como otro de los tentáculos de la ‘mafia del poder’ y encarnación de la era neoliberal, ignorando sus recomendaciones y, en el extremo, evaluando la posibilidad de que México abandone el organismo.

Ojalá que no sea así.

Más bien, hay que aprovechar las experiencias acumuladas de los países que forman la OCDE y aplicarlas a México, con las especificidades que se requieran.

¿Será mucho pedir?