En marzo de 1998 se expropiaron unos terrenos para la construcción del Puente Los Tomates en Matamoros, Tamaulipas. Se decretó que la SCT indemnizara a los particulares.

Inconformes, los afectados propietarios solicitaron amparo por violación de la garantía de audiencia en junio del 2011, el cual causó ejecutoria en abril del 2013.

El Segundo Tribunal Colegiado del 19 Circuito de Tamaulipas otorgó a los quejosos dueños de esos terrenos el amparo para que fueran oídos en el proceso expropiatorio.

En 2014 el gobernador concedió el derecho de audiencia, pero fijó el monto de la indemnización con base en valor catastral y no comercial, en violación a los tratados internacionales.

A los propietarios afectados les notificaron la causa de utilidad pública cuando el puente internacional ya estaba construido y cobrando el peaje en autos, camiones y personas.

Tras la publicación de un nuevo decreto expropiatorio los inconformes solicitaron otro amparo, el cual resolvió en marzo del año pasado la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La máxima instancia que presidía entonces José María Aguilar ordenó al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pagar conforme a valor comercial, dándole plazos para el avalúo.

Pero en franca desobediencia, el panista solo ordenó en nuevo decreto que se pagara a valor comercial ignorando los 30 días para el avalúo y los 45 días para la liquidación.

Ante ello se promovió en el Juzgado de Distrito en Materia Civil de Matamoros incidente de incumplimiento y el Poder Judicial resolvió el desacato de Cabeza de Vaca.

El expediente ya se turnó a la Corte, ahora presidida por Arturo Zaldívar, para que se ratifique el incumplimiento y se solicite la destitución del gobernador de Tamaulipas.

Este asunto lleva litigándose 20 años y no se paga, pese a que el gobierno estatal tiene participación de los ingresos que en todo ese tiempo ha cobrado por concepto de peajes.

García Cabeza de Vaca alega que no tiene dinero y que quien tiene que pagar es la Federación, cuando él no tiene facultades para endosarle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la indemnización.

Se estima que en todo ese tiempo han ingresado alrededor de 4 mil millones de pesos de peajes.

QUE ALGUIEN LE avise al director del Infonavit, Carlos Martínez, que ya no está en los gobiernos del PAN y el PRI y que en el régimen de la Cuarta Transformación no puede proceder como pretende. Y es que este joven funcionario quiere asignarle directamente, sin que medie licitación, un contrato de no menos de 300 millones de pesos a Softtek. Antes de sumarse al equipo de Andrés Manuel López Obrador, Martínez fue asesor del Consejo de Administración de la CFE. Su chamba consistía en preparar las carpetas informativas para los consejeros independientes. Una era Blanca Treviño, la dueña de Softtek. Ahora los operadores de ésta, a la sazón vicepresidenta del Consejo Mexicano de Negocios, convencieron a Martínez de que les dé un contrato para gestionar tecnológicamente todos los expedientes del instituto bajo la arquitectura de SAP.

EL PROCURADOR FISCAL, Carlos Romero, ante la Unión Social de Empresarios Mexicanos, se refirió a una empresa multinacional como “la única de outsourcing que cumple con la ley”. Esta aseveración va en detrimento de las 899 que están registradas oficialmente ante el SAT, que preside Margarita Ríos-Farjat, la mayoría de capital mexicano, a las que prácticamente acusó de “lavar dinero y evadir impuestos”, sin pruebas y violando la ley. Pero lo peor es que casi casi señaló a las que tengan contratado este esquema plenamente permitido por la Ley del Trabajo de “delincuencia organizada”. Sin duda es un caso para demandar la intervención de la Comisión de Derechos Humanos por discriminación y abuso de autoridad.

SSA MÉXICO, QUE dirige Manuel Fernández, sostiene que tiene el derecho legal para explotar en exclusiva los muelles 10 y 11 del puerto de Manzanillo. El Juzgado 11 de Distrito en Materia Civil de la CDMX avaló el contrato que en 2007 suscribió ese operador de terminales portuarias y la Administradora Portuaria Integral de Manzanillo, que paradójicamente dirigía el hoy otra vez titular de ese recinto, Héctor Mora. Dicen que a pesar de ser un hecho notorio y legal, 11 años después Contecon demandó una supuesta ocupación ilegal. Se trata del grupo filipino International Container Terminal Services, que dirige Fortino Landeros. Viene otra escaramuza legal.

SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA (Segalmex) empezó a enviar cartas a los principales arrendadores de vehículos del país para evaluar la oferta disponible en el mercado y abrir las especificaciones técnicas de la próxima licitación para adquirir las 800 unidades que le platicamos hace unos días. Los convidados por los pupilos de Ignacio Ovalle al festín de mil 870 millones de pesos son Casanova Rent de Joaquín Echenique, Integra de Ángel Mieres, Lumo de Luis Montaño, JetVan Car de Cuauhtémoc Velasco, Arrendomóvil de Juan Antonio Hernández, Tecno Alta Distribución de Carlos Bayo y Solar de Heriberto Salinas. Las bases salen este mismo mes.

AL FINAL HUBO entendimiento con la SCT y la base de mantenimiento MRO de Mexicana no se moverá. El 30 de marzo venció la ampliación del plazo para firmar un nuevo contrato de arrendamiento con el Aeropuerto Internacional de la CDMX, que dirige Miguel Peláez. En diciembre la dependencia al mando de Javier Jiménez Espriú externó su intención en incrementar la renta en más de 100 millones de pesos al año. Había la idea de enviar el MRO a las instalaciones de la desaparecida Aviacsa, en la T2, mudanza que implicaba una alta erogación. Pero finalmente el subsecretario de Transporte, Carlos Morán, intervino y el gobierno ajustó la renta.

LA BARRA MEXICANA Colegio de Abogados, que preside Héctor Herrera, atraviesa hoy una crisis existencial motivada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su peculiar forma de mirar el Estado de derecho. Tras su famoso memorándum en el que ordena a los secretarios de su gobierno a desconocer la Reforma Educativa, los abogados se dividieron por un posicionamiento tardío y descafeinado como gremio. Algunos, decepcionados por la tibia reacción, empezaron a migrar a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Dicen que la Barra fue asaltada por “Amlovers” como Javier Quijano, Claudia de Buen y Claus von Wobeser.