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OBSERVADOR POLÍTICO

Adecuar las reformas federales al estado

 
 

Una decisión acertada fue la que hicieron los diputados federales del Congreso de la Unión con la aprobación de las reformas constitucionales para someter al titular del Poder Ejecutivo a una revocación de mandato, algo que se frenó durante los gobiernos priistas, panistas y en lo local con el PRD.

FIGURAS CIUDADANAS.- Empero, estas reformas traerán consecuencias positivas en el interior de la República Mexicana porque la sociedad hoy estará en condiciones, en caso de que las adecuen, de buscar la salida de sus representantes populares en caso de que incumplan con las promesas de campaña y que incluso, no atiendan las demandas o mantengan resultados que pudieran ser reprobatorios para la sociedad en general. Ante este panorama, es ahora vital que los Congresos Locales armonicen sus leyes para aplicar este procedimiento.

Lo anterior significa que tendrán los Estados y sus Congresos que sujetarse a las nuevas figuras para fortalecer a la ciudadanía y esta no es otra que la revocación de mandato para todos los representantes populares y entre estos se encuentran: gobernadores, senadores, diputados federales y locales, así como alcaldes, y regidores para evitar que haya impunidad en algún funcionario que haya recibido el respaldo de la población a través de la emisión de su sufragio en las urnas. Lo que no se hizo en el pasado es tiempo de reactivarlo para ir democratizando al país y al estado.

REVOCACIÓN DE MANDATO.- La anulación de una concesión o mandato que se pudiera dar en algún representante popular se puede dar si la gente se siente engañada, defraudada, ofendida o agraviada y por ello es la importancia de las figuras ciudadanas que deben de garantizar que los gobernantes hagan sus mejores esfuerzos para estar atentos a impulsar desarrollos económico, político y social, bajo el temor de que pueden ser “destituidos” si no logran estos objetivos o si la gente está inconforme porque los resultados sean negativos con la forma de gobernar.

Esto significa que debe haber una regulación en el procedimiento institucional, prevista en concepciones de democracia directa. Como por ejemplo en lo que tiene que ver con la revocación de mandato, este es el procedimiento por el cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación democrática a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido. En el caso del presidente, gobernadores y senadores es por un lapso de seis años. Los diputados federales y locales, así como alcaldes, síndicos y regidores su periodo es por tres años, aunque ahora ya tienen posibilidad de reelegirse en el cargo.

Ante ello, la revocación de mandato ha sido  sigue siendo considerado como es uno de los instrumentos de la democracia directa, en razón de que existen otros que en Morelos desapareció Graco Ramírez y los de la 53 Legislatura local como son: El referéndum, plebiscito y la iniciativa popular. Sin embargo, la revocación de mandato –como la que aprobó la Cámara Baja del Congreso de la Unión, se decide en las urnas por el mismo cuerpo electoral que designó al funcionario público, es decir, a nivel federal el INE y a nivel local el IMPEPAC.

LA REVOCACIÓN DE MANDATO EN MORELOS.- Es importante recordar que no fue solo la revocación de mandato la que aprobaron hace algunos meses los diputados federales, particularmente la coalición “Juntos Haremos Historia”, ya que están contemplados las consultas populares anuales que supuestamente serían organizadas por el Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, cómo olvidar que en mayo del año 2016, los diputados del Congreso local aprobaron la desaparición de la figura de revocación de mandato contemplada en el artículo 19 bis de la Constitución Morelense, y por lo tanto dio marcha atrás al Consejo de Participación Ciudadana.

Para muchos que esperaban se hiciera realidad el compromiso de campaña de Graco Ramírez Garrido Abreu, quien prometió someter su mandato a la revocación cada dos años: “Que el ciudadano tenga acceso pleno a la iniciativa popular; referéndum y plebiscito e incorporar en la legislación estatal la figura de la revocación de mandato cada dos años”, sin embargo no cumplió. Tras tomar protesta en el año 2012 como gobernador afirmó: “Cada dos años, como gobernador de Morelos, me someteré a votación para que la gente decida si me quedo o me voy. Habrá revocación de mandato”. Fiel a su naturaleza, volvió a mentir porque jamás se sometió a ese proceso democrático, quizá porque desde los primeros años fue considerado como el peor gobernador de la historia de Morelos.
Lo peor, es que no solo rompió esta promesa de campaña sino que le dijo a sus lacayos, los diputados locales en el 2014, que “armonizaran” la reforma electoral que acababa de ser aprobada por el Congreso de la Unión y fue aprovechada la ocasión para desaparecer de la Ley de Participación Ciudadana de Morelos.

Cabe recordar que dicha decisión fue apoyada por sus cómplices: Hortencia Figueroa Peralta, Paco Moreno Merino, Julio Espín Navarrete, Edwin Brito Brito, entre muchos otros para salvar a su patrón Ramírez de cualquier posibilidad de que abandonara la titularidad del poder Ejecutivo.

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