Reveló el coordinador de Reinserción Social del estado
Los internos afectados dicen ser exservidores públicos
La pasada administración de Graco Ramírez brindó protección a delincuentes recluidos dentro del penal de Atlacholoaya, reveló el coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León Bórquez.
Según el funcionario estatal, hay asesinos, violadores y secuestrados entre 32 internos del penal que eran protegidos por las anteriores autoridades de Reinserción Social.
Lo anterior, al ser cuestionado sobre una queja interpuesta en la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) por dichos internos, quienes aseguran ser exservidores públicos, haber sido removidos indebidamente del área destinada a ese tipo de reclusos, y habérseles exigido cinco mil pesos a cada uno, a fin de evitar su cambio.
Al respecto, el funcionario señaló:“La administración pasada les dio protección pero no hay justificación del porqué hayan sometido a protección a alguno de ellos. Son internos acusados de homicidio, violación agravada, secuestro agravado y feminicidio”, reveló.
Los internos permanecían en un dormitorio especial de protección para ex servidores públicos, lo que les permitía gozar de protección especial, sin embargo, no se acreditó que hayan sido ex funcionarios.
Comentó que a la llegada del nuevo gobierno se inició junto con los custodios una revisión de la población penitenciara y se identificó a 32 infractores que estaban en un área de sujetos a protección dentro del penal.
“Solicitaron (internos) protección para no estar con la demás población y se les asignó ese lugar de sujetos a protección, en su momento se les dio, pero ahora se están reasignando, además se están reubicando varias áreas dentro del Centro, desde el área de visita y hasta de revisión”, dijo León Bórquez.
Pero para acabar con estos “privilegios”, se ordenó reubicar a los internos a los dormitorios de población en general, incluso aclaró que el cambio de dormitorio es conforme a Ley de Ejecución Penal y respetando los derechos humanos.
“Se les pasó lista (internos), al no ser servidores públicos o al no acreditar ser servidores públicos, ni serlo durante su detención, ni durante su proceso, entonces eso quiere decir que se encuentran en un dormitorio equivocado y se están reasignando y poniendo en el lugar donde deben estar las personas que no son servidores públicos”, explicó.
Sin embargo, la reasignación ha generado “enojo” de los presos y sus familias, por lo que presentaron la queja ante laCDHM, pero la respuesta del coordinador de Reinserción Social fue que estaban en un área equivocada.
Sobre el supuesto soborno a internos por la cantidad de cinco mil pesos para que se mantuvieran en el área, sujetos a protección dentro del penal, León Bórquez desmintió la acusación.
Difiere su versión, sin embargo, sobre situación actual de los reclusos
Quien funge como ombudsman del estado, igual que el área de Reinserción Social del gobierno estatal, tampoco ha podido corroborar que 32 internos en el penal de Atlacholoaya, y quienes se dicen estar en riesgo tras haber sido trasferidos del área a ellos destinada, en realidad sean exservidores públicos, como éstos aseguran.
El encargado de despacho de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM), Víctor Maruri Alquisira, tiene una versión distinta, sin embargo, sobre la situación actual de los quejosos. Asegura haber constatado que esos internos no han sido trasladados a otros dormitorios en el penal de Atlacholoaya, donde su existencia correría “riesgo”.
Acentuó que, ante la preocupación de los familiares de los reclusos, se inició una queja, para conocer la situación “real”. No obstante, aquéllos “no han acreditado que sean servidores públicos”.
Asimismo, dijo que se solicitó información pormenorizada. “Solicitamos medidas precautorias, que iban encaminadas a que no los cambiaran de dormitorio, hasta que no se resolviera su situación jurídica”. Siguen aún en el mismo pabellón, por ende.
En entrevista exclusiva, expuso que, el 17 de abril se presentó, de modo oficial, la querella (signada por las 32 Personas Privadas de su Libertad, PPL, con el apoyo de sus abogados). Quedó radicada con el número: 009/2019 de la Visitaduría Especializada en Asuntos Penitenciarios.
De igual forma, Maruri Alquisira externó que, por el momento, se mantiene una revisión de cada uno de los involucrados, mas no han “sido removidos; están esperando a que puedan acreditar su situación legal”. Añadió que, la Coordinación del centro de readaptación está revisando la manera en cómo se trabajaba anteriormente.
Acotó que es posible que alguno de ellos no sean exservidores públicos y sólo “… los tengan ahí por buscarles alguna protección, algún favor o apoyo… No sé”. Desconoció, además, que estén siendo sujetos a extorsiones, para condicionar su estancia en esa área: “En la queja que presentan ellos, expresan que en la noche del 15 de abril les habían hecho la petición, de pagar una cantidad de dinero; me parece que eran cinco mil pesos; sin embargo, me comenta el coordinador, que es una especie de actuar, para no salir de ese dormitorio”.
El encargado de la dependencia defensora de los derechos humanos de los morelenses, puntualizó que si alguna de esas personas requiere de una protección, con respecto al resto de la comunidad, también puede solicitarlo, por medio de sus abogados. Este pabellón, recalcó, es para exservidores públicos. Este conflicto culminará (opina) en cuanto la coordinación continúe, así como con las revisiones que se hagan por parte de los visitadores.