México triplica las deportaciones de migrantes centroamericanos con López Obrador

Las deportaciones de migrantes desde México se han disparado en los primeros cinco meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El número de expulsados casi se ha triplicado, de los 5.717 de diciembre de 2018 a los 14.970 de abril, según datos preliminares del Instituto Nacional de Migración (INM), hasta sumar un total de 45.370 personas, la mayoría centroamericanos. Son más que durante la última etapa de Enrique Peña Nieto, cuando los deportados fueron 43.662 en el mismo periodo de 2018 y 36.025 un año antes.

Solo en abril fueron deportados casi 15.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, la cifra mensual más alta de los últimos tres años. Este incremento llega después de que el Gobierno mexicano declarara la necesidad de “ordenar” el fenómeno migratorio, un cambio respecto al inicio del año, cuando permitió la entrada masiva de miles de migrantes en caravanas que pretendían llegar a Estados Unidos.

En los dos primeros meses del nuevo Gobierno, antes de que se produjera ese cambio de rumbo, el número de deportaciones se situó por debajo de los 6.000, un descenso importante respecto a las más de 10.000 personas devueltas en el último mes de la Administración anterior, criticada por su política de mano dura frente a la migración. Pero, cinco meses después de la toma de posesión de López Obrador, el número de deportaciones ya ha superado las del último periodo de Peña Nieto.

Pese a las cifras, el Gobierno mexicano insiste en que no ha habido cambio de política respecto al inicio del sexenio y mantiene un discurso de mano tendida a los recién llegados. Según el INM, el incremento de las expulsiones se debe simplemente al aumento del flujo migratorio. Sin embargo, los datos muestran que las entradas de extranjeros al Estado de Chiapas, el principal punto de ingreso de los migrantes centroamericanos, han descendido ligeramente en los primeros meses del año. Jorge Andrade, investigador del think-tank Instituto para la Seguridad y la Democracia, apunta a una “falta de claridad”. “El nuevo Gobierno quiso partir de un enfoque más humanitario, de una política más abierta que la de la anterior Administración, pero parece que solo fue un discurso”, asegura. “Ha reculado, posiblemente por las presiones de Estados Unidos (EE UU)”.

Las expulsiones han ido precedidas por una intensificación de las detenciones de migrantes que no han tramitado su estancia legal en el país. A finales de abril, las autoridades detuvieron a un grupo de casi 400 centroamericanos que habían decidido continuar su viaje hacia EE UU sin esperar a tramitar sus permisos, proceso que puede llegar a demorarse varios meses. Los detenidos fueron trasladados a una estación migratoria en la ciudad fronteriza de Tapachula para, aseguran las autoridades, “regularizar” su situación. En otras ocasiones, no se les da esa segunda oportunidad y son deportados directamente. Alexandra Délano, experta en migración de The New School de Nueva York, apunta a una posible discrecionalidad. “No hay protocolos muy claros; el Gobierno ha ido cambiando sus prioridades sobre cómo, cuándo y a quién deporta”, señala.

Centros de internamiento desbordados

El incremento de las detenciones ha desbordado la capacidad de acogida de los centros de internamiento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha criticado las condiciones de “hacinamiento” y varias ONG han denunciado un acceso insuficiente a alimento y servicios médicos. Ante la perspectiva de la deportación y la falta de condiciones, cientos de migrantes han escapado en los últimos meses de los centros donde estaban siendo retenidos. Unos 100 migrantes, principalmente cubanos, se fugaron este martes del principal albergue de Tapachula, el cuarto suceso de este tipo desde principios de abril.

Estas denuncias coinciden con el relato de J.W., de 31 años, un nicaragüense que vive exiliado en EE UU tras participar en las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega y que prefiere no revelar su nombre. Recientemente, su mujer y sus dos hijas, de nueve y dos años de edad, fueron detenidas mientras se dirigían hacia EE UU y deportadas. “Pasaron cinco días en detención sin poder bañarse. Desayunaban a las 14.00h, dormían en celdas con barrotes”, asegura el padre de familia, en entrevista telefónica desde Miami. De vuelta en Nicaragua, la familia de J.W. se encuentra en una “casa de seguridad”, término con que se conoce a los refugios de opositores a Daniel Ortega.

La seguridad y el combate al crimen organizado son dos de las razones que el Gobierno ha esgrimido para justificar los operativos policiales.“No queremos que [los migrantes] tengan libre paso, no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad”, dijo López Obrador en rueda de prensa hace dos semanas. Los llamados “coyotes”, los traficantes que hacen negocio con el traslado de migrantes hacia EE UU, están en el punto de mira de las autoridades.

Sin embargo, las ONG también denuncian que bajo esa etiqueta han sido deportados algunos “líderes” migrantes que, sin cobrar, coordinaban las caravanas. “Levantar el altavoz ahora es un peligro”, asegura el activista mexicano Ramón Verdugo, miembro de la ONG Todo por Ellos. “Arrestar a los líderes es una estrategia para debilitar las caravanas”. Sobre la confusión entre la figura del traficante y del activista, Délano señala que hay una cierta “criminalización” de la sociedad civil que está apoyando a los migrantes. “Se está empezando a vincular activismo y crimen organizado”, dice.

U.O., un activista hondureño de 30 años que prefiere no revelar su nombre, fue deportado recientemente tras dirigir tres caravanas de centroamericanos -de forma voluntaria, asegura-. “La Policía Federal sabía mi nombre. Me detuvieron, me dijeron: ‘tú no eres cualquier migrante, ¿para quién trabajas?’ ‘Yo trabajo para mi gente’, les contesté. Me quitaron el móvil y me mandaron a Tapachula”, cuenta por teléfono desde Honduras. Después de cinco días en un centro de internamiento en el sur de México, asegura haber sido deportado sin haber tenido acceso a asistencia consular, pese a lo que dictan las convenciones internacionales.

En este nuevo marco, el Gobierno mexicano ha subrayado la necesidad de “ordenar” los flujos migratorios tras un inicio de año que vio la puesta en marcha de las llamadas “visas humanitarias”. Este permiso renovable de un año permitía a los migrantes trabajar y vivir legalmente en México y fue acogido por la sociedad civil como un avance. No obstante, desde febrero el acceso a la visa se ha vuelto más estricto y el número de concesiones se ha desplomado de más de 11.000 en enero a unas 1.500 en marzo, según datos oficiales.

A cambio, el Gobierno está empujando las “tarjetas de visitante regional”, que limitan la movilidad a cuatro Estados del sureste del país. Con ello se busca, por un lado, evitar que lleguen a la ya desbordada frontera norte y, por el otro, apoyar con mano de obra la construcción de los grandes proyectos de infraestructura en la región como el Tren Maya. “Nosotros lo que queremos es que se cuide a los migrantes, primero, que se den opciones de trabajo, estamos otorgando posibilidades para que trabajen en el sur del país”, declaró el presidente a finales de abril.

Los expertos apuntan a la creciente presión de la Administración Trump como un factor importante en este cambio de rumbo. “El Gobierno abrió las puertas y se le olvidó que tenía a EE UU de vecino”, apunta Jorge Andrada. En público, México ha rechazado toda influencia estadounidense en su política. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que se encuentra de visita en Washington para tratar el tema migratorio, dijo recientemente que la política mexicana “es distinta” a la estadounidense. “No nos planteamos modificarla”, remató. Las cifras apuntan en otra dirección.