En la primera exposición detallada sobre las tareas que enfrenta la naciente Fiscalía General de la República, su titular, Alejandro Gertz Manero, se ve mucho más comprometido con la procuración de justicia que con hacerle juego a lo “políticamente correcto” en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa: en su reunión del martes con senadores, informó que propuso al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, apoyarse en la investigación que realizó la Oficina Especial para el Caso Iguala que encabeza José Trinidad Larrieta, "en una tarea conjunta con la Comisión de la Verdad y los padres y familiares de las víctimas, reponiendo el procedimiento en todo lo que sea necesario para así recuperar la credibilidad y la justicia” en este asunto, “caso emblemático de corrupción y de encubrimiento...”.
Lo relevante del anuncio estriba en que las investigaciones y peritajes de la CNDH confirman que en el basurero de Cocula fueron quemados los cuerpos de al menos 19 personas y la recomendación, ¡hecha desde hace más de cinco meses!, de que se envíen a la Universidad de Innsbruck, Austria, 114 restos óseos para su análisis genético: 41 porciones petrosas, 26 cóndilos mandibulares, 21 elementos dentarios, 12 huesos ganchosos y 14 semilunares (de la mano), que pueden corresponder a estudiantes de la normal rural o, si no, a cualquiera de los miles de desaparecidos en el país.
Gertz dijo que la lectura del prolijo y específico informe de la Oficina Especial ocupó una semana en la Fiscalía.
“Una vez que terminamos la lectura, hablamos con el presidente de la Comisión para decirle que era una investigación muy bien planteada y que debíamos tomarla en cuenta junto con todos los demás elementos de prueba. Lo que necesitamos ya es formar un equipo para que podamos de inmediato darle solución al caso que, como otros emblemáticos, vamos a reiniciarlos completos, dando vista a todo lo que tengo que conocer de estos asuntos, cuidando lo que tenemos que cuidar (la discreción, por ejemplo), pero hasta el límite para que no se vuelva complicidad o encubrimiento”.
La CNDH confirmó también que dos líderes estudiantiles tenían vínculos con la delincuencia organizada (Los Rojos) en septiembre de 2014 y que las motivaciones para acudir a Iguala no respondían a una lucha social.
En esencia, lo que el fiscal general de la República valora son datos sustantivos de la repudiada “verdad histórica” del ex procurador Murillo Karam, negados tanto por los representantes de los padres como por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que también participará en los trabajos de la Comisión de la Verdad).
Mala noticia para quienes insisten en la politización del tema, excelente para efectos de confianza en un estado de derecho.