No ha reaccionado ante resoluciones de jueces que han dado marcha atrás a la abrogación de algunos decretos
Amparados para no perder el beneficio, Beatriz Ramírez, Jorge Michel Luna y Francisco Velázquez Adán
El Congreso del estado no ha reaccionado ante las resoluciones de jueces, que han dado revés a la abrogación de algunos decretos contra las denominadas pensiones “doradas”, que fueron otorgadas en el pasado (reciente).
Con base en información oficial, un juez federal concedió suspensión definitiva a favor de la ex secretaria de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez, para no ser privada de la pensión que obtuvo, hasta conocer el fallo final en el juicio de amparo, que ella promovió.
En tanto, la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Alejandro Villarreal Gasca, pidió revisar la resolución a favor de su antecesor, Jorge Michel Luna (en el amparo que tramitó y que resultó a favor de su pensión).
De igual forma, recién, un juez federal amplió beneficios a Francisco Velázquez Adán, exdirector del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, al concederle una suspensión definitiva, con la finalidad de que no sea privado del cobro de su jubilación por el Congreso del estado, hasta conocerse de la resolución final de la demanda de amparo (planteada por el quejoso, quien está envuelto en el escándalo de estas jubilaciones).
Cabe expresar que, hace unos meses, la organización “Morelos Rinde Cuentas” divisó que existe una lista de jubilados y pensionados del gobierno estatal que representan una “pesada carga” al presupuesto anual; de una lista de cinco mil personas, 70 de ellas gozan de pensiones de este tipo, con ingresos por sus servicios de 37 mil hasta 128 mil.
En torno al ayuntamiento de Cuernavaca, existe, asimismo, un fragmento de una lista de mil 145 jubilados y pensionados; 30 de éstos ganan hasta 28 mil pesos, donde destacan exdiputados, exalcaldes y exregidores.
Roberto Salinas, investigador de ese organismo, en su momento, expuso que estos beneficios se han extendido hacia diversas personas, que colaboraron en el régimen de Graco Ramírez, donde hay consanguíneos de exlegisladores e “incondicionales”.
Los 20 diputados de esta 54 Legislatura han prometido que seguirán analizando cada uno de los decretos, para no caer en inconsistencias ni sobrepasar los derechos lícitos que algunos hayan adquirido.