La creación de la nueva institución que se encargará de atender los casos de feminicidio en la Ciudad de México debe contar con personal capacitado y con los recursos necesarios para poder operar, de lo contrario su destino será el mismo que el de sus antecesores, el fracaso
La Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, que pretende facilitar el acceso a la justicia para las víctimas, corre el riesgo de convertirse en un instrumento de adorno si la administración actual no evita las prácticas del pasado que condenaron a su antecesor, la Agencia E, la cual se creó al interior de la PGJ del entonces DF.
El 6 de mayo, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum hizo el anuncio de este órgano con la promesa de ser un ejemplo de acceso a la justicia para las mujeres en todo el país.
En la mayoría de los estados, las fiscalías generales y especializadas no funcionan como una herramienta de procuración de justicia para las víctimas de feminicidios.
Tal es el caso de la Fiscalía del Estado de México, que cuenta con la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, la cual fue acusada por activistas de comportarse como un obstáculo en una de las entidades donde hay mayor número de feminicidios.
“A la fecha no existe una política pública y criminal clara para prevenir y sancionar la violencia feminicida, lo que pone en riesgo la vida e integridad física de mujeres, niñas y adolescentes”
Lo mismo sucede con la Fiscalía de Morelos la cual también ha sido acusada de ser omisa ante los feminicidios en la entidad, denunció la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado.
La Agencia E, a cuyo nombre no se le puso la palabra feminicidio para no provocar alerta social, se creó entre 2007 y 2008 como parte de una conciliación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) pero enfrentó problemas de recursos, seguimiento y de personal.
La Agencia E no contó con personal especializado como peritos y policías de investigación, de los que existe un déficit a nivel nacional, ni tampoco tuvo los recursos necesarios para brindar resultados.
“No hay seguimiento a su funcionamiento, ni una evaluación, se pierden los recursos”, señaló la especialista en justicia de México Evalúa, María Novoa, respecto a la creación de los órganos especializados.
Esta situación crea impunidad porque la ciudadanía no confía en las instituciones que deben garantizar el acceso a la justicia.
Factor que provoca que en la capital exista un 93 por ciento de impunidad en delitos y que se deriva en que las autoridades no puedan llevar a cabo acciones de prevención.
Respecto al tema, la directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Michelle Salas, asegura que esto podría pasar con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Feminicidio sino se toman en cuenta las experiencias pasadas.
“Nos preocupa que tenga los mismos problemas la nueva Fiscalía que pueden ser la falta de recursos económicos, materiales como agentes del Ministerio Público, agentes de investigación y que presente las mismas fallas estructurales con una falta de información por parte de quienes están encargados de la investigación”, argumenta Salas.
Aunado a esto, se encuentra el tema de la capacitación, ya que si a los nuevos Ministerios Públicos no se les prepara con perspectiva de género, de nada servirá el nuevo órgano al que solo añadieron el nombre de feminicidios.
La Agencia E no contó con personal especializado como peritos y policías de investigación, ni tampoco tuvo los recursos necesarios para brindar los resultados esperados
Salas teme que con las políticas de austeridad no se contrate nuevo personal y sólo se redistribuya al que ya estaba en otras áreas, el cual no cuenta con la formación académica necesaria y está cansado y con tendencia a repetir las prácticas erróneas de otras dependencias.
Igualmente, indica que se podría dar el caso de que a la Fiscalía llegue personal a la que envían por castigo.
“Por lo regular, las dependencias de atención a la mujer son vistas como un área de castigo, a dónde mandan a los funcionarios públicos que quieren excluir”, explica.
Lo que deriva en que los delitos contra las mujeres no sean investigados correctamente en cuanto a la realización de las necropsias, los protocolos para recabar evidencias, para levantar el cuerpo, para procesar el delito y castigar a los responsables.
La también activista y feminista Karla Michelle Salas, considera que no basta con garantizar el acceso a la justicia para las víctimas fatales de la violencia machista, sino procurar mantener vivas a las mujeres.
“Lo más importante es mantenernos vivas, no solo garantizar el acceso a la justicia una vez asesinadas, sino que existan medidas de prevención”, explica para Reporte Índigo.
Por ello es necesario que Sheinbaum dé seguimiento y evalué el funcionamiento de las fiscalías en delitos sexuales y la de violencia familiar, cuyo carácter es preventivo.
“Tenemos que enfocarnos en mantenerlas con vida, hay que ver qué pasa con los agresores sexuales y los procesos de lo familiar, también el porqué no se están aplicando medidas de protección”, detalla.
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Falta de seguimiento y evaluación
Otro problema de los órganos desconcentrados que se crean como las nuevas fiscalías, es que no hay un seguimiento a su funcionamiento ni evaluación de los mismos.
Sin estos mecanismos, no es posible calificar el funcionamiento de los órganos que se crean con la intención de dar una atención especializada.
La especialista de México Evalúa, María Novoa, puntualiza que la creación de fiscalías necesita recursos para capacitar al personal y para llevar a cabo las nuevas estructuras.
Para que las nuevas fiscalías especializadas funcionen a cabalidad, es fundamental que se les califique para poder saber qué es lo que están haciendo bien y en qué están fallando
Con la nueva Constitución de la Ciudad de México, se dio paso a la transición de Procuraduría General de Justicia (PGJ) a Fiscalía; sin embargo, señala que se debe tener cuidado para ejercer el modelo adecuadamente y que no se repitan los mismos problemas de ahora respecto a la atención a las víctimas del delito.
“Es por eso que no debe darse sólo el cambio nominal sino de procesos con una nueva forma de trabajo, más que un tema de recursos es de tener visión de que ese es el cambio necesario”, indica Novoa.
La transición de Procuraduría a Fiscalía se realizó con la intención de que sea un órgano cercano a la ciudadanía e independiente con nuevos modelos de investigación, para lo cual, la Ley de Transición de la Fiscalía estipula el plazo de un año a partir de que entró en vigor la nueva Carta Magna de la capital para que el órgano quede conformado.
Entre los principales problemas que actualmente enfrentan tanto en la PGR como la PGJ, la especialista explica que está la carencia de personal operativo capacitado.
“Hay un déficit en cuanto a policías de investigación pero igualmente en los peritos, y hay roles que actualmente no existen como la parte de inteligencia dentro del proceso, sí tenemos muchos temas que necesitamos ver cómo se implementa el modelo y ver los déficits de este tipo”, detalla la especialista de México Evalúa.
La Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que de 384 mil elementos sólo el 9 por ciento están adscritos a la Policía Ministerial o de Investigación.
4147 de los 34 mil 560 policías de investigación que hay en el país, tienen educación superior
Pese a la política de austeridad, Novoa indica que tanto la Fiscalía Especializada en Feminicidio como otros órganos de investigación que pretenda crear el Gobierno, necesitan nuevo personal, debido a que las fiscalías tienen más gente de carácter administrativo que operativo.
“Se debe redistribuir el personal, eficientarlo, en casi todas las fiscalías del país existe el problema de que hay cuatro trabajadores administrativos por uno operativo”
En este sentido, señala que no es necesario una reducción de la nómina, sino que los órganos cuenten con un modelo de carrera profesional con base en la preparación así como a los logros y definir los métodos de investigación.
Igualmente, considera que los recursos financieros de las fiscalías deben estar enfocados a la implementación de herramientas tecnológicas y de investigación para mejorar la impartición de justicia en el país
Falta de fortalecimiento aumenta impunidad
El déficit de policías de investigación y de personal capacitado para investigar aumenta la desconfianza en las fiscalías y con ello, se incrementa la impunidad en el país.
Ricardo Alvarado, especialista de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), indica que la falta de consolidación de las fiscalías aumenta la desconfianza de las víctimas de delitos y desalienta la denuncia
“El problema es que la mayoría de las personas que están procesadas por un delito es por confesión o declaración de un testigo porque las fiscalías no tienen la capacidad de investigar sin tener evidencias físicas, y es precisamente porque no tenemos capacidades institucionales que no podemos combatir todos los delitos, desde la fiscalía no hay mucho que hacer en el robo a transporte público que es uno de los delitos que más impacta en la vida diaria sobre todo en la Ciudad de México”, señala Alvarado.
El especialista refiere que es a través de las denuncias como se podrían prevenir este tipo de delitos; no obstante tanto en México como en la capital, la impunidad prevalece.
Alvarado señala que muestra de la desconfianza que hay en el sistema judicial del país es la Encuesta De Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018, realizada durante el año 2017, que indica que en la capital del país 93.2 por ciento de los delitos no se denuncian.
93.2 por ciento de los delitos en la CDMX no se denuncian
Alvarado explica que la Envipe es la herramienta más eficaz para medir los niveles de impunidad en el país y en la capital.
De acuerdo con el estudio, 43 mil personas de 100 mil fueron víctimas de un delito, cifra mayor al promedio nacional que es de 29 mil por cada 100 mil.
De esos 43 mil que fueron agraviados en la CDMX, solo uno de cada 10 denunció. Y los que lo hicieron, al final en el 6.6 por ciento de los casos se abrió una carpeta de investigación, lo que deja impune el 93.4 por ciento de éstos que no son investigados ni procesados.
El especialista de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad apunta que las personas que desisten de denunciar es porque consideran que es una pérdida de tiempo ir al menos seis horas al Ministerio Público y también porque perciben que hay colusión entre las autoridades y los criminales
Otra de las razones del porqué la impunidad no cede a nivel nacional ni local, es que la cantidad de jueces que hay en la capital es la misma desde hace 20 años.
“Aumentan los delitos, pero no el número de jueces, lo que hace que los juzgadores tengan menos tiempo para deliberar cada uno de los casos”
Igualmente, revela que el sistema de justicia penal acusatorio es efectivo pero más complejo porque implica más trabajo y con el déficit de jueces, la impartición de justicia se vuelve más deficiente.
Ante esta situación, el especialista coincide con Novoa y dice que se debe hacer un modelo de crecimiento de carrera judicial para que los jueces que hagan bien su trabajo asciendan, lo cual desalentará los actos de corrupción.
“Se necesitan policías, buenos, certificados en perseguir delitos, así como fiscalías que funcionen en investigar los delitos”, añade.
No obstante, asegura que el delito más grave es la corrupción que no permite que exista una procuración de justicia adecuada ni una distribución de servicios a la ciudadanía.
La carencia de fiscalías especializadas con personal capacitado para atender los agravios que presentan los ciudadanos víctimas de un delito evita que los mexicanos estén dispuestos a denunciar sus casos