El régimen de la 4T, el Senado morenista y el sector privado están recurriendo a todos sus contactos con el Partido Demócrata para lograr en los próximos meses la aprobación del T-MEC.

En este momento más de la mitad de la Cámara de Representantes, de los 235 demócratas que encabezan Nancy Pelosi, se oponen a la ratificación del acuerdo comercial.

Recuerde que la Cámara Baja tiene 435 miembros, 200 son republicanos, y en general darían el voto de confianza al presidente Donald Trump por el acuerdo comercial con México.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha intensificado el cabildeo con el expresidente demócrata William Clinton y los 45 senadores y 23 gobernadores de ese partido.

El objetivo es que influyan en los congresistas y apoyen el T-MEC, estrategia que se complementa con un fuerte lobbying de los consulados de México en la Unión Americana.

Asimismo, con acercamientos de los organismos empresariales de acá y de allá y una vinculación con los principales alcaldes hispanos, sin contar las gestiones de Ricardo Monreal con sus pares.

Y es que en los próximos días la Representación Comercial que encabeza Robert Lighthizer enviará al Congreso la lista de leyes que deben modificarse antes que el T-MEC sea una realidad.

Depende el ambiente que tenga Trump: cómo lo recibirán los demócratas, la disputa comercial con China y las controversias con México en tomate, acero, aluminio y cruces fronterizos.

Muchos demócratas están ocupados en la agenda interna, como quién será el candidato opositor a Trump. A un año de la elección hay cerca de 15 aspirantes.

Destacan las senadoras Elizaberth Herring y Kamala Harris, el también senador y ex contendiente presidencial Bernie Sanders y el vicepresidente Joe Biden, entre otros políticos.

El T-MEC es una ficha más del tablero político de Trump con los demócratas y la va a jugar cuando crea que tiene posibilidades de ganar. Para la economía mexicana equivale a más incertidumbre.

ATENCIÓN PORQUE HOY arranca en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la discusión de la constitucionalidad de la Ley de Remuneraciones Federales. El proyecto que indica su inconstitucionalidad lo empuja el ministro Alberto Pérez Dayán, pero de antemano le adelanto que no va a pasar. El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y la secretaria de Gobernación y ex ministra, Olga Sánchez Cordero, ya iniciaron un intenso cabildeo. No les va a costar tanto trabajo convencer a los ministros que el planteamiento de Pérez es más ideológico que jurídico. Desde el gobierno de Felipe Calderón se estableció que dentro de la administración pública el salario más alto sería el del Presidente. El punto es que los legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que se oponen a la orden de Andrés Manuel López Obrador no impugnaron nunca ese ajuste salarial en el Presupuesto de Egresos de la Federación cuando se discutió en noviembre. El único que lo entendió y articuló una ruta en ese sentido fue, paradójicamente, Rafael Moreno Valle, quien ya murió. Ningún otro senador retomó esa línea de trabajo. Y a toro pasado…

EL JUEVES la Secretaría de Hacienda concretó la primera compra de retrovirales para el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH, que dirige Patricia Uribe. Le fue muy bien a la Oficial Mayor Raquel Buenrostro, pues se obtuvo un ahorro de casi mil 500 millones de pesos. Se adquirieron en subasta en reversa un millón de unidades a un precio promedio de 800 pesos que ganó Sandoz, el laboratorio al mando de Marcelo Belapolsky. El precio anterior de la compra consolidada era de 2 mil 332 pesos la caja y lo surtía Stendhal, que conduce Rodrigo Ruiz.

NI CÓMO AYUDAR a Gami. Y es que por más que las bases se le hicieron a modo, la constructora de Manuel Muñozcano se fue a las nubes el viernes, cuando se presentaron las ofertas para el Cablebus, el mayor proyecto de movilidad urbana del gobierno de la CDMX de Claudia Sheinbaum. Su grupo ofertó 4 mil 89 millones 438 mil pesos, contra Alfa Proveedores de José Abed que planteó 2 mil 771 millones 859 mil y Arquitectoni-k con 2 mil 910 millones 513 mil pesos. Es la primera línea que va de Cuautepec a Indios Verdes.

TAMBIÉN EL VIERNES la Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Crescencio Sandoval, debió emitir el fallo de la licitación para renovar las pólizas de 374 aeronaves. El contrato ronda los 56 millones de dólares y participaron cuatro empresas, entre las que destacan GNP de Alberto Baillères, Azteca de Ricardo Salinas e Inbursa de Carlos Slim. Es ésta, que maneja Marco Antonio Slim Domit, la que ha administrado el aseguramiento en los tres últimos años. No se descarta declarar desierto el proceso.

EL VIERNES POR lo visto día de licitaciones. También el Inegi publicó, por fin, las bases para adquirir 185 mil dispositivos personales que serán usados para el levantamiento del Censo de Población 2020. Es un contrato valuado en unos 800 millones de pesos. Estamos hablando de tablets. Algunas empresas interesadas son IUSA de Carlos Peralta, Mainbit de José Antonio Sánchez, Synnex de Héctor Lara y Theos de Raúl Pintos. El 19 de junio se entregan las ofertas y nueve días después es el fallo. Así que considérela también.

VA A SER ESTE miércoles cuando se lleve a cabo el Consejo de Administración extraordinario en Pemex, que dirige Octavio Romero. El último fue el 29 de abril. Como le informamos hace unos días, lo convocó la secretaria Rocío Nahle para concretar la capitalización de la nueva subsidiaria PTI Desarrollo de Infraestructura, que tras la decisión de Andrés Manuel López Obrador de desechar las ofertas de Bechtel, WorleyParsons y KBR cobra más relevancia porque Energía y la petrolera coordinarán la construcción de Dos Bocas.

EL PENALISTA ALEJANDRO Quintero Treviño nos aclara que ya no asesora legalmente a Roberto Garza Delgado, por lo que ni es su abogado ni representa sus intereses. El jueves nos referíamos al hijo de Roberto Garza Sada, a propósito de las demandas que promovieron sus hermanas María del Carmen, Gabriela y Viviana María, que lo acusan de apropiarse indebidamente de la herencia de su padre.

HOY SE SABRÁ si los tenedores de los Certificados Bursátiles de Radio Centro dan la dispensa al grupo de Francisco Aguirre para prorrogar el pago de la deuda y sus respectivos intereses. Este día es la asamblea con los acreedores. La compañía ya está técnicamente en default de mil 500 millones de pesos.