Veracruz y Morelos, junto con sus respectivos gobernadores, se están convirtiendo en un “dolor de cabeza” para el gobierno federal. La incapacidad manifiesta de Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco para contener la ola de violencia e inseguridad que azota a la población de sus estados, se ha convertido en un problema que preocupa al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gabinete de seguridad, para quienes la situación convulsa en ambas entidades, donde crecen las ejecuciones y los asesinatos violentos, se vuelve tema recurrente.

Aunque con sus diferencias, porque uno es militante de Morena y cercano al grupo gobernante, y el otro llegó al poder como un aliado político ocasional y de conveniencia, los dos mandatarios locales están en estos momentos en el radar del presidente por la misma razón: ninguno de los dos ha sabido enfrentar acertadamente la situación de inseguridad en sus estados, que si bien ambos heredaron de sus antecesores Miguel Ángel Yunes y Graco Ramírez, en ambos casos se ha registrado un crecimiento de la violencia con masacres múltiples, feminicidios y ejecuciones violentas en Verecruz, o balaceras y asesinatos en plena plaza pública y a la luz del día, en Morelos.

A Cuitláhuac García el presidente le ha dado un respaldo abierto no sólo en lo político, ante las constantes críticas y denuncias sobre su falta de capacidad y liderazgo para enfrentar y detener el incremento de la violencia y las ejecuciones, sino también en el envío de los primeros batallones de la Guardia Nacional que, sin tener aún un marco normativo de las leyes secundarias, comenzaron a patrullar las calles de Minatitlán, después de la masacre de 13 personas del pasado 19 de abril. Al mismo tiempo, López Obrador comprometió públicamente su palabra a que el gobierno federal rescataría al estado de Veracruz ante la violencia que se ha incrementado en los primeros seis meses del gobierno de Morena en la entidad.

Con todo, el propio presidente López Obrador expresa en corto su “preocupación” por la falta de efectividad que está mostrando el académico al que Morena hizo gobernador junto con su equipo de gobierno y ha pedido a las instancias federales de seguridad y de procuración de justicia intervenir directamente para tratar de disminuir los índices de violencia en la entidad.

En el caso de Cuauhtémoc Blanco, aunque la relación política ha sido más distante e incluso con algunas diferencias con el gobierno federal, luego de que el gobernador se negara a integrar más a Morena en su administración e incluso se enfrentara con la dirigente nacional del partido gobernante, Yeidckol Polenvsky, el presidente ha sido cauteloso de no confrontarse con un aliado estratégico como el PES y con un gobernante también popular como el ex seleccionado nacional. Si bien con Cuauhtémoc no hay identificación política ni ideológica, López Obrador ha cuidado la relación con el gobernador y con una entidad que sabe complicada y delicada, no sólo por su cercanía con la Ciudad de México, sino también por su dinámica de grupos sociales aguerridos como los opositores a la hidroeléctrica de Huexca, con los que el presidente ya se ha enfrentado abiertamente.

Eso sí, a Blanco no le han mandado hasta ahora el mismo apoyo federal que a Cuitláhuac, a pesar de que la semana pasada, tras la balacera que dejó dos muertos frente al Palacio de Gobierno y luego la masacre de cinco custodios federales en Puente de Ixtla en pleno Día de las Madres, el propio gobernador Cuauhtémoc pidió urgentemente “que el gobierno federal nos apoye mandándonos la Guardia Nacional porque nosotros solos, reconocemos que no podemos”.

Así que dos de los gobernadores que llegaron al poder junto con López Obrador, los dos con nombres de tlatoanis prehispánicos, de los mismos pueblos a los que López Obrador quiere reivindicar históricamente tras su sangrienta conquista, hoy se vuelven un problema para la 4T. Veremos si, con su Guardia y la fuerza federal, el presidente puede salvar de su propia incapacidad a Cuitláhuac y a Cuauhtémoc.

NOTAS INDISCRETAS… La nueva “empresa del Estado” anunciada por el presidente López Obrador en Nayarit y que prestará servicios de internet y telecomunicaciones al 80% del territorio nacional, que según el mandatario está incomunicado y desatendido por los concesionarios privados que sólo atienden al 20% del territorio ubicado en las grandes ciudades, no tiene nombre ni proyecto, pero ya fue prometida por el presidente. Aunque los especialistas consideran que sería inviable una empresa que subsidiara con recursos públicos esos servicios, López Obrador ya le ha propuesto a un conocido empresario, especializado en telecomunicaciones, que se haga cargo de tal empresa y que le da la concesión para llevar internet y servicios de comunicación a los lugares más apartados del país. Pero dicen que el empresario en cuestión, que también es dueño de un grupo de medios, le ha reiterado una y otra vez al presidente que dar internet gratis no es negocio y que necesariamente se tiene que pagar por el servicio. Aún así el presidente insiste en que hay que llevar el servicio hasta los pueblos más recónditos. En ese afán, parece inevitable que el gobierno de López Obrador va a terminar por chocar con el empresario más fuerte del negocio de internet y las telecomunicaciones en México: el ingeniero Carlos Slim. Ya lo amenazó con quitarle la concesión de una autopista “que lleva 10 años sin que el concesionario la termine”, como es la de Jala-Puerto Vallarta, que atraviesa Nayarit. ¿Será que la siguiente amenaza a Slim es revocarle sus concesiones de Telcel e Infinitum?... Los dados mandan Serpiente doble. Mal comienza la semana.