Esos títulos tienen un valor aproximado de 6 mil 332 millones 952 mil pesos, en el cual se pactó que a su muerte su patrimonio se dividiría en partes iguales entre sus cuatro hijos.

Hablamos de Roberto, María del Carmen, Gabriela y Viviana Garza Delgado. Pero antes de morir, Garza Sada transmitió 32 millones de acciones, casi la totalidad, a su hijo varón.

Cuando el fundador y socio de Alfa falleció, en agosto del 2010, sus hijas solicitaron al banco que maneja Héctor Grisi un informe detallado de cómo estaba integrado el patrimonio del fideicomiso.

Santander se opuso a dar información a las también beneficiarias del fideicomiso testamentario, por lo que demandaron en la vía ordinaria mercantil a la institución que preside Marcos Martínez.

El expediente cayó en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial de Nuevo León, a cargo de Norma Patricia Marroquín Ayala.

Se reclamó a Santander que en su carácter de fideicomiso permitiera que Roberto Garza Delgado dispusiera indebidamente del patrimonio fideicomitido.

Santander se defendió en juicio argumentando haber actuado conforme a instrucciones de Roberto Garza Sada, exhibiendo copias simples de cartas de instrucción.

Conforme a ellas, supuestamente el empresario y padre de los hijos en conflicto autorizaba la transmisión de la mayoría de las acciones a Roberto Garza Delgado.

Dentro del procedimiento judicial se acreditó, a través de un incidente de falsedad de documentos, que la firma de Garza Sada que aparecía en las cartas de instrucción no correspondían a esta persona.

No obstante lo anterior, en marzo de 2017 la jueza Marroquín dictó sentencia en forma infundada e incongruente absolviendo a Banco Santander de las prestaciones reclamadas por las hijas.

Las señoras interpusieron recurso de apelación ante la Séptima Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, que sin mayor estudio del caso dio en abril del 2018 la razón al Juzgado.

Otra vez las hijas formularon juicio de amparo en contra de dicha resolución ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito de Nuevo León.

Los abogados Diego Fernández de Cevallos y Jaime Guerra buscan reponer el procedimiento para que se tomen en cuenta las periciales de caligrafía y grafoscopía.

En unos tres meses pudiera venir una resolución. A Santander lo defienden los litigantes Javier Cortina y Javier Quijano, éste último, abogado de Andrés Manuel López Obrador.

LA NOVEDAD ES que PTI Desarrollo de Infraestructura, esta filial a cargo de Jorge Arganis, ya no estará a cargo de Dos Bocas. La obra dependerá directamente de Pemex Transformación Industrial (TRI), que dirige Miguel Breceda, por lo que ya no se le transferirán los mil 800 millones de pesos que pretendía la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Tras la decisión de que la gerencia del proyecto quede en manos del gobierno, se reorganizó la estructura. La petrolera de Octavio Romero administrará y Energía coordinará. De hecho en el consejo extraordinario de mañana se aprobaría una inversión de 3 mil 800 millones a TRI que irían íntegros a la nueva refinería.

¿LA MANO DE José Antonio Meade? Más de uno se preguntó si el ex secretario de Hacienda del gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo algo que ver en la creación del fondo revolvente por 8 mil millones de dólares para reflotar a Pemex, que dirige Octavio Romero. No olvide que el ahora consultor privado es a nivel global consejero independiente del HSBC, que junto con JP Morgan y Mizuho, anunciaron ayer un refinanciamiento de 2 mil 500 millones y una ampliación a las líneas crediticias por otros 5 mil 500 millones.

LA SEMANA PASADA tocó a Gicsa, que comandan Abraham y Elías Cababié, sentir en carne propia el bloqueo de Claudia Sheinbaum a la industria inmobiliaria. Resulta que los pupilos de la Jefa de Gobierno de la CDMX clausuraron un proyecto para levantar vivienda de lujo en Bosques de Las Lomas. Gicsa compró ese predio de 60 mil metros cuadrados a Procter & Gamble, que preside Marcio Andreazzi. Solamente el terreno les costó a los desarrolladores más de 110 millones de dólares. La obra registraba un avance importante.

PUES NADA, QUE Francisco Aguirre anda presumiendo que hoy se va a reunir con el vocero de Andrés Manuel López Obrador. Come con Jesús Ramírez. El encuentro se da justo cuando el de Radio Centro también anda pidiendo a sus tenedores de Certificados Bursátiles una dispensa para no pagar. Solo por ese papel el grupo enfrenta compromisos por mil 500 millones de pesos. Pero no es el único pendiente. También se conoce de adeudos con el SAT, que preside Margarita Ríos-Farjat, por casi mil millones de pesos más.

QUE YA LE den un puesto a Gerardo Ferrando, el director del inexistente Grupo Aeroportuario CDMX. Con la cancelación del aeropuerto de Texcoco se quedó sin chamba. El ocio le está llevando a proponer ideas exóticas que preocupan a propios y extraños. Fue él quien planteó cerrar la base de mantenimiento de Mexicana para levantar ahí la T4 del actual aeropuerto. También anda convenciendo de crear un Aeropuertos y Servicios Auxiliares chiquito, que administre el AICM, la terminal de Toluca y el aeropuerto de Santa Lucía.

MÁS ALLÁ DEL arbitraje que iniciaron ICA-Fluor, dirigida por Juan Carlos Santos, y Mexichem, que lleva Daniel Martínez-Valle, por la cancelación unilateral de los contratos de construcción y rehabilitación de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo tras la explosión de una de sus plantas en 2016, hay otro reclamo que se sigue en tribunales. Es la no indemnización de trabajadores de la constructora que conduce Guadalupe Phillips que perdieron la vida. Mexichem, de Antonio del Valle, cobró 60 millones de dólares de seguros.

LA SECRETARÍA DE Defensa declaró desierta la licitación para asegurar 374 aeronaves. La vigencia de la póliza es de agosto del 2019 a agosto del 2020 por unos mil millones de pesos. Para el avión Presidencial 787-800 en proceso de venta ya no se pidió cobertura. Como administrador del seguro en los últimos tres años, las bases otorgan una ventaja a Inbursa, de Marco Antonio Slim Domit. Esto no es bien visto porque el servicio no ha sido el más eficiente, lo que se refleja en largos tiempos de respuesta para las reparaciones.