La decisión del gobierno de Estados Unidos de eliminar los aranceles al aluminio y al acero anunciada el viernes pasado abre la puerta para la ratificación del nuevo T-MEC, pero el proceso no será sencillo.

Aunque la ratificación del Acuerdo corresponde a las dos cámaras de su Congreso y no al Ejecutivo, se percibe un ambiente que puede ser favorable para obtener el respaldo de los demócratas, la pieza clave de una posible ratificación.

Aunque seguramente Nancy Pelossi, speaker de la Cámara de Representantes en EU, va a seguir insistiendo en el tema del ‘enforcement’ de las leyes laborales como bandera política, si hay una corriente de opinión suficientemente grande a favor del nuevo Tratado, los demócratas no se van a arriesgar a quedar como los que sabotean la renovación de este acuerdo.

Si no hay esa corriente de opinión a favor del que allá se conoce como USMCA, entonces, no sería imposible que los demócratas quisieran bloquear su ratificación para ponerle una piedrita en el zapato a Trump, en su intento de reelección.

En la medida que los tiempos electorales se acerquen, la discusión de la ratificación del Tratado va a contaminarse más con ingredientes políticos.

Adicionalmente, hay un tema estratégico en este momento que puede ayudar a la ratificación: el enfrentamiento comercial con China.

A las grandes empresas en Estados Unidos les conviene tener una Norteamérica con una capacidad competitiva mayor, con objeto de poder enfrentar a China.

Si al mismo tiempo que hay este choque con los chinos, se abren otros frentes, el gobierno de Estados Unidos se dará un tiro en el pie.

Y, ese entendimiento se reflejó también en la decisión de posponer la imposición de aranceles a los autos provenientes de la Unión Europea y Japón.

Por eso se visualiza en el lapso que va de las próximas semanas al periodo previo al descanso de verano del Poder Legislativo, como la mejor ventana de oportunidad para procesar la ratificación.

Sin embargo, las formalidades que deben cumplirse obligan a actuar ya. La Oficina Comercial de EU debe presentar al Congreso el documento llamado Statement of Administrative Action (SAA) y el texto final del Acuerdo. Luego, hay un plazo de 30 días para presentar el Acta de Implementación y tras ello, el Congreso debe votarlo a más tardar en un plazo de 90 días.

Es decir, el proceso bien pudiera tardar cuatro meses, pero también se puede abreviar para votarlo antes del receso de verano del Congreso y en todo caso, dejar para el final la ratificación del Senado. Pero todo ello requiere que el gobierno de EU actúe de inmediato.

El sector privado mexicano, encabezado por el CCE, ya volvió a desplegar la actividad e instaló una oficina permanente en Washington, para coordinar la actividad de cabildeo, que nuevamente será crucial para crear ese ambiente favorable que le refería.

Pero, lo que será necesario es que el gobierno mexicano haga lo propio y que una parte mucho más relevante del tiempo de los funcionarios clave de la Secretaría de Economía y de la Cancillería se destine a esta tarea.

Para la certidumbre de la inversión, sería muy positivo tener un Tratado ratificado antes del mes de agosto.

Ello implicaría ofrecer garantías adicionales para los proyectos que quieran localizarse en México.

Por dondequiera que se le vea, ganaríamos si en el curso de las siguientes 10 semanas se logra que el T-MEC ya se convierta en realidad.