La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es un ejemplo refinado de que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la gimnasia y la magnesia son lo mismo. Por escrito y con seriedad, el gobierno hizo análogos a los cárteles de las drogas y las guerrillas, que dio como resultado una solución de susto en términos conceptuales al fenómeno de la violencia y la inseguridad. La estrategia, que se trabajó por casi tres años cuando el entonces aspirante a la candidatura presidencial le dio la encomienda al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, introdujo una serie de objetivos que se antojan irrealizables y tan descabellados como exigir en una rosticería una carne tártara.

La estrategia, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles pasado, planteó que para “emprender la construcción de la paz” es necesario un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. “La violencia obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados”, señala el decreto. Entonces, ¿la lucha contra el narcotráfico es en realidad una guerra civil? Debe aclararse sobre qué base equiparan la lucha contra el narcotráfico con conflictos armados. De acuerdo con los Convenios de Ginebra de 1949, un conflicto armado no internacional es uno que surja entre fuerzas gubernamentales y actores armados no estatales. “No existen unos criterios absolutamente claros, aunque en general se requiere un grado de intensidad en la violencia interna”, explica la Oficina para Refugiados de la ONU.

“Un elemento que suele ser importante es el uso de fuerzas militares y no policiales por parte del Estado para enfrentarse a un determinado grupo insurrecto. Por otra parte, esos grupos insurrectos deben estar organizados de forma militar, con una estructura de mando, ejercer un control territorial y llevar a cabo operaciones militares… sostenidas y concertadas”. Al establecer el parangón, el gobierno reconoce que los cárteles de la droga sí controlan territorios –una de las variables del Estado fallido–, y que hablar en esos términos es otorgarles beligerancia, por lo cual haría a las bandas criminales grupos protegidos por el Derecho Internacional, cobijados por la Convención de Ginebra. Esto es un disparate sin sustento ni explicación en el decreto.

La estrategia propone que los criminales entren a una ruta de desmovilización, desarme y reinserción, cuya utilización de términos en el caso de narcotraficantes es inverosímil, porque ese camino sólo se emplea con movimientos armados y guerrilleros cuando se dan procesos de negociación, para que colectiva o individualmente se reincorporen a la vida legal. Esto se da mediante una amnistía, una palabra que no se menciona en la estrategia, pero que fue propuesta por López Obrador en la campaña presidencial para los narcotraficantes. El decreto plantea implícitamente la amnistía para criminales, y la sugiere como el camino a “la construcción de la paz”.

Este es uno de los puntos más ominosos de la estrategia, porque muestra que ni el Presidente ni el gabinete de seguridad entienden de lo que están hablando, o que quienes sí saben callaron ante López Obrador, o que en curso viene una negociación con los cárteles. Los movimientos armados surgen de causas políticas, económicas y sociales, que optan por la vía de las armas como la última opción para provocar un cambio de régimen que no pudieron alcanzar mediante la vía pacífica. De ahí que se puedan dar los procesos de desmovilización y reinserción como resultado de una amnistía y una negociación en donde no hay ganadores ni perdedores. Un proceso exitoso de esa naturaleza fue El Salvador, tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil; uno en vías de fracasar, el de Colombia con las FARC.

El narcotráfico no es motivado ni se mantiene como una causa para cambiar al régimen. Jamás pretenden un cambio de gobierno o de régimen, sino corromper a sus personeros, porque no luchan por un ideal, sino por lucro. Los cárteles de la droga operan en mercados delictivos cuya motivación es el dinero. No es ideológico sino mercantil. Tampoco pretende el cambio para todos, sino el enriquecimiento de sus jefes y los recursos para sostener el negocio de la producción, distribución y comercialización de las drogas. Los cárteles no confrontan militarmente al Estado, sino tratan de corromperlo y que sea su primera línea de fuego contra sus adversarios, para tener el control de ese sistema económico paralelo y supuestamente clandestino.

El gobierno no entiende la dinámica de los mercados ilícitos, o simula su incomprensión, ni la integración de los cárteles de la droga mexicanos, o finge desconocimiento. Los cárteles mexicanos son transnacionales y participan en un negocio que les deja entre 19 mil y 29 mil millones de dólares. La estrategia para disminuir la violencia y la inseguridad, como está planteada en el decreto, no va a resolver nada. Al contrario. Le abrirá posibilidades al crimen organizado, si se cumple con lo planea el gobierno, para operar en mercados legales sin dejar los ilegales, aprovechando los hoyos que deja el modelo lopezobradorista que tiene, como lo más notable, que no los combatirá.

En la columna publicada el viernes pasado, se planteó que la estrategia apunta a que preferiría pactar con los cárteles de la droga impunidad para su negocio –salvo en el rubro del lavado de dinero–, a cambio de que regresen la tranquilidad a las calles. La Pax Narca del viejo régimen, ratificada por el Presidente cuando la semana pasada deslizó no descartar llegar a un acuerdo de paz con todos aquellos involucrados en el narcotráfico. Urgen clarificaciones sobre este tema.