La diputada del Partido Acción Nacional, Dalila Morales Sandoval, se circunscribió a informar que se han dispuesto, para tal efecto, 80 millones de pesos, que son “suficientes”.

Sin embargo, el Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el 4 de marzo pasado, ordenaba a los tres Poderes cumplir en su totalidad con el pago correspondiente. Tocaba al Tribunal Superior de Justicia calcular la cantidad, la cual se estableció en 135 millones de pesos, 15 millones de los cuales ya habían sido previamente entregados, por lo que el faltante se determinó en 120 millones. Los 80 millones de pesos que el Congreso dispuso, a decir de la legisladora, son insuficientes e implican un incumplimiento de lo que se le ordenó.

En entrevista exclusiva, la parlamentaria expuso: “Ya se está tratando el tema, de manera jurídica. Es una situación que se está vinculando con el gobierno del estado”. Acotó que, tras la aprobación del paquete económico (que se dio por 15 de 20 diputados, en enero de este año, al acordar las reformas y modificaciones a la ley de Coordinación Hacendaria, por la cantidad de 25 mil 699 millones 963 mil pesos), se proyectaron 80 millones “para estas cuestiones del Tribunal Superior de Justicia”.

Reiteró que sí existe ese diferencial, que se está revisando con el Ejecutivo estatal, con el objetivo de dar cumplimiento “al tema”. En este instante, se está verificando el proceso administrativo, para determinar que lo que se está requiriendo “es verídico”. En caso de ser así, Morales Sandoval externó que “se dará cumplimiento, como debe de ser”.

Admitió que no hay una fecha exacta para satisfacer este compromiso, porque: “… se están revisando las acciones administrativas y, en su momento, yo creo que se hará”. Al ser cuestionada sobre si esa cifra es suficiente para cubrir los pagos, expuso: “Nosotros habíamos hecho una revisión y sí son suficientes; incluso, quedaban holgados para el cumplimiento”.

Ese número de sentencias se resolvió en ambas salas de la Corte, sobre controversias constitucionales contra los decretos que determinan el pago de las pensiones en el Poder Judicial del estado.

El acuerdo general, publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala que el Poder Judicial de Morelos debió informar, en un plazo de diez días, a los otros Poderes (Ejecutivo y Legislativo), sobre el monto total de las pensiones referidas en las sentencias.

Una vez recibido el informe, el poder Legislativo tuvo diez días hábiles, a partir de la notificación, para autorizar la partida presupuestal correspondiente al presupuesto de egresos.

Es preciso recordar que la SCJN advirtió que se consignaría a los titulares del Poder o Poderes que no acataran lo que a cada uno se le mandató respecto al pago de las pensiones referidas.

En días pasados, en información entregada a El Regional del Sur, los Poderes Judicial y Ejecutivo aseguraron a este diario que, por su parte, sí habían cumplido a cabalidad con lo que a cada uno correspondía en relación con lo que la Corte les indicó en este asunto.