Ya hay pocas personas que lo recuerden, pero el precio promedio del petróleo que México exportó en 1998 fue de 10.17 dólares, una cifra que hoy parece de risa.

Las finanzas públicas, durante el cuarto año del gobierno de Ernesto Zedillo, sufrieron un terrible impacto, pero paradójicamente, el PIB creció en ese año a una tasa de 5.2 por ciento, cuando México vivió una transformación estructural.

Durante la administración de Fox, el precio del crudo que México exportó llegó a 53.04 dólares en el 2006, y el precio promedio en su administración fue de 31.95 dólares por barril.

Durante la administración de Felipe Calderón las cosas fueron todavía mejores. El precio promedio del sexenio fue de 79.82 dólares por barril y llegó en 2012 a 101.96 dólares en promedio.

Pemex era una auténtica vaca lechera.

Aseguraba ingresos al gobierno sin tener que recurrir a impopulares reformas fiscales.

En el sexenio de Fox, los ingresos petroleros crecieron en 114.3 por ciento en términos reales respecto a los captados en el último año del gobierno de Zedillo.

Y en el sexenio de Calderón, el incremento fue de otro 19.1 por ciento.

Es decir, en 2012, los ingresos petroleros fueron 155 por ciento superiores en términos reales a los del año 2000.

Con Peña se vinieron años complicados para los precios de las materias primas y hubo un desplome de la producción de crudo. El resultado fue que, en el 2018, los ingresos petroleros fueron 47.7 por ciento inferiores, en términos reales a lo captado en el último año del gobierno de Calderón.

Pero tuvimos dos sexenios de arcas llenas en los que los recursos petroleros no se invirtieron en generar capacidad productiva.

Fundamentalmente se asignaron a la política social, con pobres resultados.

Y, así llegamos al cierre de 2018, con el arranque del nuevo gobierno, con ingresos petroleros que son equivalentes en términos reales apenas a los de 2003, pero con compromisos mucho más grandes.

Lo que está realizando Hacienda, con todos los costos, y con una gran cantidad de errores, es evitar que nos estalle la crisis en la cara.

Los recortes del gasto público, respecto a lo presupuestado, que son del orden de los 86 mil 571 millones de pesos en el primer trimestre, van a palidecer respecto a lo que se requeriría recortar si nos enfrentáramos a una crisis financiera como producto de la pérdida de grado de inversión de la deuda soberana.

El gobierno de AMLO está dispuesto a resistir las críticas derivadas de la austeridad, si eso garantiza que mantengamos la estabilidad financiera el resto del sexenio.

Eso, evidentemente, no justifica torpezas ni recortes insensatos, como los que se han producido.

Pero, hay que recordar que la última vez que hubo una crisis financiera en México, en 1995, el recorte del gasto programable fue de 14.0 por ciento en términos reales, lo que implica a precios actuales, casi 600 mil millones de pesos.

No es solo un argumento para asustar. Existe el riesgo real de que en los siguientes dos años México pierda el grado de inversión, si no mantiene una disciplina razonable en sus finanzas públicas.

Por eso el gobierno de AMLO prefiere resistir los reclamos o incluso los conflictos internos antes que aceptar soltar el gasto.

Ni modo, alguien tiene que poner cara y decir que no, pese a que el jefe haya dicho que sí.

Y, como casi siempre, ese ingrato papel le toca a Hacienda.

Veremos cuánto resiste las presiones de un sistema que ya parece una olla exprés a alta temperatura