El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha estrenado con carestías que habíamos olvidado en México: la de la gasolina al empezar el gobierno, la de las medicinas en estos días; la revelación, cada semana, de alguna nueva capacidad disminuida del gobierno federal.
En esta última cuenta hay que poner la desaparición del Estado Mayor Presidencial, la cancelación de seguros de gastos médicos para la burocracia, la desaparición de las subastas eléctricas de energías renovables, el cierre de las estancias infantiles, la supresión de los programas de empleo temporal que algo ayudaban en la prevención de incendios, la anulación de contratos de impresión para libros de texto, y el eco de la queja que corre de arriba abajo por toda la Administración Pública Federal: no hay, falta esto, falta aquello.
Ningún desabasto tan duro como el que golpea al sector salud, ninguno tan doloroso y tan riesgoso políticamente.
Pero el horizonte de desabasto que empieza a propagarse como efecto de la reasignación presupuestal del nuevo gobierno muestra que en el gobierno había dispendio y corrupción, pero había también soluciones y competencias que no se pueden borrar de un plumazo.
Las notas de carencias y desabastos son más visibles que las de los nuevos programas puestos en acción.
Oímos que antiguos beneficiarios de Prospera han visto suspendidos sus beneficios sin que haya empezado a caer en sus manos el dinero de los nuevos programas de gobierno.
Esta es la posición más difícil para la autoridad: lo que la autoridad quita es real, lo que promete no ha llegado.
Hay además la dificultad de que la Secretaría de Hacienda tome todos los hilos del gasto, que ahí se concentren todas las decisiones de compra y las políticas de austeridad.
Se le olvida al gobierno que Hacienda no es la oficina que sabe comprar, sino la que sabe controlar el gasto. Y que controlar el gasto no es sinónimo de buen comprar. Por el momento, como se ve ahora, de todo lo contrario.