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PUNTO Y APARTE

un acto de autoridad

La detención de habitantes de la comunidad ayalense de “El Chivatero” minutos después de anunciar la puesta en marcha de su “policía comunitaria”, generó polémica entre la opinión pública local. Hay quien justifica el propósito de los comunitarios y cuestiona el accionar del Mando Único, y hay quien da la razón a las autoridades, cuya posición se resume en lo publicado en la cuenta del Gobernador (@gracoramirez) tras las detenciones, a través de Twitter: “En #Morelos se respeta el Estado de Derecho, hay instituciones, autoridad y nadie hace justicia por su propia mano”. Simple y sencillamente el Ejecutivo aplicó un acto de autoridad, pero la polémica seguirá esta semana.

 

El PRI no termina de ponerse de acuerdo sobre a quién encargarle la dirección del partido en Morelos, y hay evidencias de que ya se le hace tarde para trazar una estrategia que lo pueda hacer ganador en los comicios locales del 2018. Aunque para el ciudadano de a pie la fecha de las próximas elecciones parezca lejana, quienes pertenecen a los principales partidos morelenses ya se encuentran trabajando en sus respectivos proyectos y saben que ya corre el tiempo para alcanzar el tren de la gubernatura 2018-2024. La salida de Rodolfo Becerril se ha retrasado y el comité nacional deja ver su intención de renovar la dirigencia estatal quizás hasta septiembre. Observadores del galimatías tricolor se preguntan si acaso revivirá el cuento de una convocatoria abierta para que al final salgan con un dirigente “de unidad” que solo reparta el poder entre los mismos grupos de siempre. A ver.

 

El titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo, acusó recibo de la primera documentación para realizar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos la auditoría que el Congreso le ordenó ejecutar. A diferencia de la postura antagónica que ha mantenido la directiva universitaria con los diputados, con la ESAF ha mostrado disposición, según el Auditor. Los primeros resultados serán entregados a los legisladores en agosto, aunque deberán manejarse con la secrecía que exige el curso de la propia auditoría. A ver.

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