Hasta 1998 las cuatro plantas de Agronitrogenados en el complejo de Pajaritos generaban más de 1.2 millones de toneladas anuales de fertilizantes.

Un año después comenzó a llegar urea de Arabia, Rusia y Venezuela con precios dumping que dejaba a la producción nacional fuera del mercado, por el precio al que vendía Pemex el amoníaco, insumo para la producción de urea.

Se hizo ver la situación al entonces gobierno de Ernesto Zedillo, a fin de que se fijara en la paraestatal un precio de transferencia adecuado para el amoníaco.

Pero no hubo respuesta y todas las plantas de fertilizantes comenzaron a cerrar y el precio del producto importado se elevó rápidamente, a la vez que por lógica cayó la producción agrícola nacional.

La operación productiva de Agronitrogenados se paró en 1999 y solamente, por acuerdo con el sindicato, continuaron operando las bodegas, los patios de almacenamiento y el muelle marítimo, que es el principal de Pajaritos.

Con los recursos provenientes de esas operaciones se mantuvo una pequeña fuerza laboral que se encargó del mantenimiento de las principales unidades de las plantas.

Durante 13 años se hicieron diversos intentos para dar viabilidad a la restitución del negocio, hasta que la baja en el precio internacional del gas abrió una ventana de oportunidad.

Era ya el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando se planteó a Pemex el interés por adquirir una planta de amoníacos parada en Cosoleacaque.

La base del proyecto era importar gas barato, procesarlo en esa planta y eliminar el precio de transferencia del amoníaco a las plantas de urea, lo que aseguraba la rentabilidad y un precio competitivo del fertilizante.

Paralelo a las negociaciones se inició un programa de rehabilitación que contemplaba una inversión de 150 millones de dólares.

Pero a finales del 2013, cuando AHMSA ya había aplicado 50 de los 150 millones contemplados para la rehabilitación, Emilio Lozoya Austin manifestó el interés de comprar Agronitrogenados.

El entonces director de Pemex hizo saber el interés que tenía el presidente Peña Nieto de consolidar otras plantas productoras de fertilizantes, como base del programa nacional alimentario.

Obviamente en ningún caso se traspasaría la planta de amoníaco, por lo cual el proyecto perdía sentido y la decisión fue acceder a la petición de Lozoya de comprar Agronitrogenados.

Para ello AHMSA solicitó avalúos, uno de ICA-Fluor, y otro del banco inglés Barclays, que determinaron precios por todo el conjunto de entre 390 y 450 millones de dólares.

Pemex a su vez solicitó avalúo al INDAABIN, que fijó inicialmente poco más de 300 millones de dólares y sobre esa base se hicieron descuentos tras las verificaciones de campo. Se pactó finalmente el precio de 275 millones.

El acuerdo fue sometido a todos los órganos internos de la petrolera y de las secretarías de Hacienda de Luis Videgaray, de Energía de Pedro Joaquín Coldwell y Función Pública Julián Olivas.

Una vez aprobado por todos se procedió a la entrega de los activos por parte de AHMSA y al pago por parte de Pemex, que reservó una garantía de protección por situaciones no previstas. Al día de hoy resta el pago de 5 millones de dólares.

AHMSA nunca ha sido citada a declarar en torno a la compraventa ni tiene conocimiento de que exista algún proceso judicial al respecto, más allá de lo informado este lunes por la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto.

Con posterioridad la Auditoría Superior de Federación sostuvo que se había pagado mucho más de lo que valía Agronitrogenados, pero es algo muy subjetivo, porque si se toma el valor negocio se puede afirmar que se pagó muy poco.

Y si Pemex pagó demás, pues no es culpa de AHMSA. Tan fácil como haber cancelado la transacción.

FUE AYER CUANDO la Comisión Federal de Electricidad publicó las bases de la licitación para la compra de medidores de energía eléctrica para baja tensión. Al final la dependencia que comanda Manuel Bartlett y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que lleva Raquel Buenrostro, determinaron que fuera un concurso abierto bajo tratados internacionales. De entrada una primera partida que se jugará serán 1.6 millones de unidades y se estima que hacia octubre podría licitarse otro tanto. El contrato es de por lo menos 3 mil millones de pesos. De antemano nos dicen que los precios podrían irse al suelo. IUSA, de Carlos Peralta, va con todo. Su principal rival va ser la empresa china Holley Group, que representa César Santos Cantú. El 10 de junio es la fecha límite para presentar propuestas.

Y YA QUE hablamos de Raquel Buenrostro, la funcionaria suspendió el lunes ooootro proceso licitatorio, en este caso del ISSSTE para adquirir medicamentos. Eran alrededor de millón y medio de unidades las que compraría ese instituto a cargo de Luis Antonio Ramírez, con todo y que arrastra un adeudo de unos 15 mil millones de pesos de procesos anteriores. Eran 28 partidas para atender padecimientos como antipsicóticos, antiinflamatorios, inhibidores, hormonas, entre otros. Varios laboratorios ya habían presentado sobres cerrados con sus respectivas ofertas y solo se esperaban los fallos. Pero el lunes llegó el oficio DNAyF/751/2019 dirigido a Pedro Mario Zenteno, director de Administración del ISSSTE, en el que Buenrostro ordena detener el proceso.

ASÍ COMO LAS calificadoras de riesgo no son bien vistas por la 4T, le decíamos ayer que otro rubro que no goza de las simpatías del nuevo régimen de Andrés Manuel López Obrador son las firmas de contabilidad y asesoría fiscal. El nuevo SAT, que preside Margarita Ríos-Farjat, está lanzando auditorías al por mayor a aquellos contribuyentes que efectuaron operaciones back-to-back con los recursos que apenas hace dos años repatriaron al país. En muchas de esas ingenierías participaron múltiples connotados fiscalistas. Sin temor a equivocarnos, hasta las llamadas Big Four, léase Deloitte de Francisco Pérez Cisneros, KPMG de Víctor Esquivel, EY de Francisco Álvarez y PwC de Mauricio Hurtado.