Muy bien que el gobierno actúe contra presuntos corruptos del sexenio anterior (a través de pruebas y juicios que deben ser transparentes), porque además del daño patrimonial destruyeron un gran proyecto político.

Pero a la par de esas acciones –aplaudibles si se hacen bien–, vienen dos medidas que atacan directamente a la propiedad privada.

La primera ya se dio: el 8 de febrero se publicó en la Gaceta de la CDMX la “Ley Constitucional (sic) de Derechos Humanos y sus garantías en la Ciudad de México”, en la que se anulan los desalojos para quienes no pagan renta en una casa habitación, terreno o departamento.

Es una carta blanca al “no pago”, sin consecuencias, y un visto bueno al virtual congelamiento de rentas en la capital del país.

Dice la Ley referida en su artículo 60:

“Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tendrán derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza, la debida indemnización en caso de ser privados de bienes y sufrir pérdidas inmateriales (sic), y contar con las debidas garantías procesales”.

En síntesis, la Ley protege al que incumple y carga al propietario todas las consecuencias del no pago del arrendatario.

Los juicios se harán eternos y no habrá manera de sacar de la casa o departamento al que se niegue a pagar la renta.

Al contrario, el culpable será el dueño del inmueble por causarle molestias “inmateriales” al inquilino que no quiera pagar y “hostigarlo” con llamadas telefónicas o visitas para cobrarle la renta.

Con esta Ley se institucionaliza, bajo el paraguas de los “derechos humanos”, el congelamiento de rentas en la Ciudad de México.

Los derechos humanos, como se sabe, pertenecen al ciudadano para protegerse de los abusos de autoridad o negligencia de funcionarios o instituciones del Estado.

Entre particulares no hay violación de derechos humanos: hay delitos.

Ya no será delito o infracción no pagar el alquiler al dueño que de buena fe rentó un inmueble. La protección de la Ley ya no será para el propietario, sino para el moroso.

Un asunto ideológico, desde luego.

La Ley referida promueve las invasiones, con el argumento de que el ciudadano tiene derecho a una vivienda digna.

¿Está mal que alguien invada una propiedad? Ya no. El invasor tiene derecho a “vivienda adecuada”. Y si no están de acuerdo vámonos a juicio, pero de aquí no me mueven.

Los invasores, o inquilinos que se nieguen a cumplir con su obligación de pagar renta, en el peor de los casos para ellos, deberán recibir “la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales”, dice la Ley publicada el pasado 8 de febrero en la Gaceta capitalina.

Esta Ley es muy parecida a la Ley de Arrendamiento Inmobiliario de Vivienda en Caracas, la cual hace prácticamente imposibles los desalojos y trajo, entre otras consecuencias, que la renta de casas y departamentos se haya reducido casi a cero.

Aquí en la Ciudad de México, como lo explicó ayer el jurista y ex procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga en su artículo de El Universal, este golpe ha pasado casi desapercibido y daña también a la industria inmobiliaria.

Lo más grave de esta Ley, apunta el ex procurador, es que “su entrada en vigor y observancia equivale a extender un permiso para ocupar, invadir o no pagar renta en cualquier edificio habitacional de propiedad privada en favor de quien se declare incapaz o inconforme con pagar renta y tenga que enfrentar un desalojo judicial”.

La ideología del “socialismo del Siglo XXI” que anima a un sector de la 4T también se manifiesta en otro golpe contra la propiedad privada.

Actualmente se le da forma de proyecto de Ley, y lo comentaremos mañana en esta columna, porque el tema de las rentas agotó el espacio por hoy.