La ratificación del nuevo tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) va a ser tersa en los casos de México y Canadá, pero va a ser un dolor de cabeza en el caso de Estados Unidos.

La primera muestra de ello fue el anuncio del arancel generalizado de 5 por ciento a partir del 10 de junio, que subiría hasta el 25 por ciento en octubre, si no se emprenden acciones para frenar la migración centroamericana que pasa por México.

Esto ocurrió precisamente cuando el presidente López Obrador solicitó al Senado la convocatoria a un periodo extraordinario y presentó el T-MEC a ratificación de ese órgano legislativo.

Cuando se presente la votación en junio en el Senado mexicano, la aprobación seguramente será casi por unanimidad.

En el caso de Canadá, la mayoría parlamentaria del Partido Liberal de Trudeau permitirá su fácil ratificación.

El problema es Estados Unidos, donde la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes le cobraría cara a Trump su ratificación, y con un presidente tan impredecible como ya se vio ayer, no hay seguridad de que el proceso llegue a buen puerto.

De hecho, el Ejecutivo norteamericano ya debió haber presentado la Statement of Administrative Action (SSA) con la que empieza a correr el proceso formal de ratificación… y no lo ha hecho.

Pero pareciera que las prioridades del gobierno de Trump están en otros ámbitos en este momento y cuando se acuerda de México, es para golpear.

Por eso, el sector privado decidió ya hace algunas semanas no esperar más y nuevamente está desplegando un intenso esfuerzo de cabildeo con la clase política norteamericana y con representantes empresariales.

La clave es asegurar que los representantes demócratas tengan la percepción de que tendrían un costo electoral entre sus bases en caso de que no ratifiquen el T-MEC, pues podría existir la percepción de que bloquear este Tratado perjudicará a Trump y con ello daría beneficios al Partido Demócrata.

Como aquí le hemos comentado, se requiere que el esfuerzo que está haciendo el sector privado se replique por parte del gobierno de AMLO, para que todo el esfuerzo sea desplegado en las siguientes semanas.

Ya se anunció una respuesta enérgica del gobierno mexicano. Veremos cómo es asumida este día por Trump.

Tener un Tratado ratificado antes del receso legislativo en agosto en EU o al menos, aprobado en la Cámara de Representantes, para que los senadores lo ratifiquen en septiembre o octubre, puede ser la diferencia entre la viabilidad económica del gobierno de AMLO o no.

Hay inversiones que se encuentran a la espera que se definan las reglas del Tratado. Eso ya afectó a la economía mexicana desde noviembre de 2016 y lo sigue haciendo hasta ahora. El tipo de cambio llegó ayer a 19.50 tras conocerse la noticia.

Si, en medio de todo este jaleo, se deja que el proceso de ratificación se empalme con los tiempos electorales, entonces lo más probable es que la ratificación, si ocurre, se dé hasta el 2021, con una nueva administración quizás y un nuevo Congreso, con todos los riesgos que ello implica, prolongando una situación de incertidumbre para las inversiones en México.

Tenemos una ventana de oportunidad de alrededor de 8 semanas, que, sin exagerar, pueden ser determinantes para el resultado económico de esta administración y en buena medida también para el futuro económico del país. Una ventana que Trump parece querer cerrar ya.