El Ombudsman, Luis Raúl González Pérez, ve acumulación de hechos, actos y omisiones, sin que se adopten las medidas pertinentes para revertir la situación. Ninguna austeridad justifica poner en riesgo la salud o vida de las personas; es una obligación asignar recursos para que los derechos humanos, incluido el de la salud, sean respetados.
Por primera vez, en los casi 29 años de existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en un hecho inédito, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no recibió el informe anual de labores 2018 de ese organismo autónomo. El ombudsman Luis Raúl González Pérez externó su deseo de que el respeto a la dignidad humana, efectivamente encuentre un espacio y lugar dentro de las políticas, planes, programas y acciones de gobierno que se emprendan, ya que “en estos primeros meses de gestión, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública”.
El defensor del pueblo manifestó su extrañeza ante el incumplimiento de una disposición establecida en la Constitución, para que la CNDH presente ante el Poder Ejecutivo Federal su informe anual de labores, el cual de manera inédita se entregó a la titular de la Secretaría de Gobernación, conforme se estableció en la respuesta que se dio a la solicitud de la CNDH, para realizar un acto de presentación formal ante el Presidente, tal y como se había llevado a cabo durante los casi 29 años de existencia de la CNDH.
En su mensaje a medios, González Pérez se refirió a la crisis por la que atraviesa el sistema de salud, la inseguridad y violencia que prevalece en el país, los desaparecidos, agresiones a periodistas, la entrada en funciones de la Guardia Nacional, problemáticas que, dijo, deben atenderse en la agenda de este año, de lo contrario advirtió:
“Debilitar o desarticular las estructuras burocráticas, pauperizando su papel, organización y condiciones de desempeño, son la antesala necesaria de deficiencias y errores en el servicio público, lo cual de suyo implica un incumplimiento al deber de servicio que se tiene frente a la sociedad, pero que al estar referida a personal de salud o a quienes tienen a su cargo la seguridad, cuidado o representación legal de las personas, adquiere una dimensión grave, pues se pueden ocasionar vulneraciones graves al patrimonio, integridad, salud y vida de las personas”.
Advirtió que en estos primeros meses de gestión, comienzan a acumularse hechos, actos y omisiones que en conjunto, harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública, ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que, desde hace varios años, nuestro país ha enfrentado en diversos rubros”.
Recordó que 2018 fue un año “crítico” para los derechos humanos, lo cual ocasionó que las materias y ámbitos de las vulneraciones denunciadas ante la CNDH fueran múltiples, así como diversos niveles de gravedad de las mismas, siendo las quejas en materia de salud, seguridad y justicia “las áreas donde las personas acusaron mayores afectaciones a sus derechos, dando continuidad con ello a una tendencia que se presenta desde hace varios años”.
En materia de salud, puntualizó que aunado a los retos que representó 2018, “el panorama con el que inicia 2019 no nos hace inferir que esta situación pueda revertirse en el año en curso”.
Enfatizó la preocupación que provoca la crisis por la que atraviesa el sector salud “con la falta de recursos presupuestales, materiales y de personal, derivados de las medidas de austeridad y combate a la corrupción adoptadas por el Gobierno de la República.
“Nadie puede oponerse a que el gasto público se asigne y ejerza de mejor manera, así como tampoco a que los actos de corrupción se investiguen y sancionen, empero, ello no implica suspender o poner en riesgo la atención debida a los pacientes, así como el acceso a los tratamientos y medicinas a los que tengan derecho”.
Hay rubros en los cuales la asignación de recursos públicos no puede depender “sólo de cálculos económicos o ponderaciones administrativas”, como la salud pública, donde la falta de recursos económicos, materiales o personal calificado, implica la diferencia entre la salud o la enfermedad y en casos graves o urgentes entre la vida y la muerte.
“Las irregularidades del pasado deben investigarse y sancionarse, en tanto que los problemas del presente requieren acciones pertinentes y atención urgente”.
SEGURIDAD Y JUSTICIA. En materia de seguridad y justicia, indicó que hay variaciones numéricas registradas a la baja en algunos casos, empero, ello no puede interpretarse como algo positivo, y pese a que 2018 concluyó con cifras no favorables, “el panorama que presenta el inicio de 2019 también está lejos de ser positivo, a menos de que se produzca un cambio radical en el enfoque y magnitud de la respuesta institucional a los problemas y necesidades de seguridad de las personas.
El número de homicidios registrados en los primeros meses de 2019, las actividades y alcance del crimen organizado, la violencia feminicida, los ataques en contra de periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos, un notable aumento de linchamientos, la subsistencia de las desapariciones, así como el agravamientos de las agresiones y homicidios en contra de personal penitenciario, policías y miembros de nuestras Fuerzas Armadas, son sólo algunos de los elementos que deben atenderse este año.
GUARDIA NACIONAL. La crisis que vive México en violencia e inseguridad, debe abordarse bajo un enfoque integral, sustentado en una estrategia real que priorice la prevención y no se limite al replanteamiento de un cuerpo eminentemente reactivo, como la Guardia Nacional, así como al aumento de los delitos a los que sería aplicable la prisión preventiva forzosa.
En este mismo sentido, sostuvo que en su concepción actual, la Guardia Nacional en el combate a la criminalidad, sólo puede implicar disuasión o contención, con efectos limitados y de corto plazo, “Poco o nada se abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente, si no abordamos temas como la operación y autonomía de las 33 Fiscalías Generales en el país”, resaltó.
El defensor de los derechos humanos también se refirió a la agresión de la que fueron objeto elementos castrenses y aseveró que ese tipo de acciones hacia las autoridades es un delito, cuya persecución y sanción corresponde a la autoridad ministerial correspondiente o al Poder Judicial. “Esta omisión o falta sí podría violar los derechos humanos de los servidores públicos agraviados, al negarles su derecho a que se les imparta justicia”. Asimismo, puntualizó que estos temas demandan atención pertinente y urgente y no sólo medidas paliativas o coyunturales en este 2019, en el ámbito de los derechos humanos.
MIGRACIÓN. Sostuvo que debe abordarse el tema migratorio desde una perspectiva integral, que sin violentar el respeto de los derechos humanos se cuente con una legislación y políticas definidas. “México y su sociedad —demandó—, necesitan respuestas y verdad, no retórica y posverdad”.