El miércoles de la semana pasada el presidente honorario de Grupo Carso, Carlos Slim Helú, se apersonó en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que preside Gabriel Contreras.

El magnate está más activo que nunca tratando de cambiar la regulación de Agente Económico Preponderante que le aplica desde 2013 por concentrar más de 50% del sector telecomunicaciones.

Slim pidió al regulador que no le sume en sus porcentajes de preponderancia cuando dé servicio en pequeñas comunidades, aunque históricamente éstas nunca le han importado a Telmex.

No olvide que siempre la empresa que lleva su sobrino, Héctor Slim Seade, se ha quejado de “obligaciones sociales” en su concesión, las cuales datan desde que se privatizó en 1994.

El quinto hombre más rico del mundo también presentó argumentos para que el IFT le autorice dar video, con lo que se convertiría en el único operador en poder de dar cuádruple-play.

A la par del lobbying que desplegó en el regulador del sector, el ingeniero Slim está cabildeando muy fuerte también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Arturo Zaldívar.

En concreto, con la ponencia cuyo proyecto trae el ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz-Mena. Hablamos de que está tratando de que le liberen medidas de preponderancia.

En particular el llamado “efecto club”, lo que le permitiría dar mejores precios entre sus empresas y clientes, que los que da a su competencia.

Esta práctica le fue prohibida por el Congreso desde el año 2014, pero América Móvil, que comanda Daniel Hajj, alega que la prohibición era facultad exclusiva del IFT.

En esa tesitura, mientras AT&T, Telefónica-Movistar, IZZI, Megacable y la Canieti se quejan en el IFT, y en esta instancia hay cientos de quejas contra el preponderante, Slim cabildea.

Su grupo trata de “matar” el régimen de preponderancia y lo pide su mismo presidente honorario, ante el vacío regulatorio que dejó la SCT con el cambio de gobierno.

JUSTO HACE UNA semana, Oro Negro presentó en el Distrito Sur de la Corte de Nueva York una demanda por daños contra sus tenedores de bonos, Pemex y Fintech. Gonzalo Gil, José Antonio Cañedo y Carlos Williamson reclaman alrededor de 900 millones de dólares a fondos como Martime Finance, Jupiter y Gerevan Trading, a la petrolera que dirige Octavio Romero y a la empresa financiera del regiomontano David Martínez. Los acusa de conspiración que derivó en que la empresa del gobierno les cancelara los cinco contratos para igual número de plataformas que tenían en el Golfo de México, situación que los llevó a la quiebra. La demanda que presentó el bufete Quinn Emanuel no es nueva. Desde el año pasado Gil, Cañedo y Williamson dicen tener grabaciones que demostrarían la corrupción de Pemex. El involucramiento de Martínez se da en el contexto de que Gerevan Trading es un fondo donde él participa en sociedad con John Frediksen, el dueño de Seadrill, con quien opera SeaMex que posee cinco contratos también de Pemex para plataformas.

GRUPO SIMSA, DE Salomón y Nesim Issa, está por iniciar una licitación privada para adjudicar la construcción de un poliducto de 265 kilómetros para transportar petrolíferos de Tuxpan a Tula. Se trata de un proyecto cercano a los 500 millones de dólares, crucial para el negocio de distribución y comercialización de gasolinas porque privados ya no dependerían de la infraestructura de Pemex. En el complejo también participa como socio Invex, de Juan Guichard. El desarrollo se prevé terminar en 18 meses.

A PROPÓSITO DE ductos, esta semana, Constructora Monrog va a presentar una demanda penal contra quien resulte responsable por 500 millones de pesos. Esta compañía mexicana de José de Jesús Martínez fue contratada por Techint, de Paolo Roca, y por Gasoductos de Chihuahua, una ex coinversión de Pemex y Grupo IEnova, de Carlos Ruiz Sacristán, para el desarrollo de un tramo de 30 kilómetros de un etanoducto en la región de Huimanguillo, Tabasco. Las obras se entregaron en tiempo, pero IEnova se negó a pagar.

TODO APUNTA A que Iusa arrasará en la subasta de la CFE del próximo 18 de junio para adquirir un primer paquete de 1.6 millones de medidores. Hoy se entregan las ofertas técnicas y van cinco empresas, de las que tres disputarán esta partida inicial, pero que nada tienen que hacer al lado del grupo de Carlos Peralta. Las dos que podrían quedarse con participaciones realmente pequeñas son Electrometer, de Enrique Milanés, y Protecsa, de Rubén Sánchez. Los chinos quedaron fuera por incumplir las bases.

LA SECRETARIA DE la Función Pública está investigando a otros actores en la venta de la planta de Agronitrogenados. Además de ex consejeros de Pemex, los sabuesos de Eréndira Sandoval llamarán a los asesores externos. Apunte a Deloitte, que dirige Francisco Pérez Cisneros, auditor de Altos Hornos de México (AHMSA); a PricewaterHouse Coopers (PwC), que lleva Mauricio Hurtado, contrado para hacer la evaluación; y a Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, de Pablo Mijares, como asesor legal.

QUE CARLOS SALINAS ya se blindó ante una eventual confiscación de propiedades o activos por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el sector bancario es un secreto a voces que el ex presidente hipotecó buena parte de sus bienes. Con este esquema, tanto la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, como la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, no pueden congelarle nada porque son los bancos los nuevos dueños. ¿Enrique Peña habrá hecho lo mismo?

MEDIO AÑO DESPUÉS de haberse asociado con Juan Armando Hinojosa en la concesionaria Autovan, Carlos Slim va a empezar a asfaltar la autopista Naucalpan-Toluca. Hablamos de la vía de 32 kilómetros que desde 2007 el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña, adjudicó al Grupo Teya y que a más de una década registra un avance de 70%. En diciembre IDEAL ganó a Pinfra, la de David Peñaloza Alanís, la puja. El de Carso compró inicialmente una participación de la carretera.

JUAN VERGARA, EX secretario de Finanzas del gobierno de Quintana Roo, fue exonerado el 31 de octubre de 2018 por el juez federal Saúl Cota Murillo, al no existir pruebas para procesarlo por los delitos que le imputaron. Este empresario especialista en materia fiscal hoy está dedicado a la investigación de proyectos de transporte autofinanciables, modernos, seguros, menos contaminantes y económicos, que sean modelo a seguir en el país.