Si se cumplen con precisión los plazos establecidos, el jueves 25 de julio habrá una reunión entre un equipo encabezado por el Canciller Marcelo Ebrard del lado mexicano y otro del gobierno de EU, probablemente con el secretario de Estado Mike Pompeo al frente.

El propósito va a ser la realización de una primera evaluación de los resultados de la estrategia acordada por México y EU para reducir la migración ilegal con objeto de determinar si las medidas tomadas están dando resultados.

De acuerdo con el texto suscrito por los dos gobiernos, el plazo es de 90 días antes de considerar nuevamente los aranceles, pero si en esos primeros 45 días no se ve un cambio de tendencia, tendrán que empezar a discutirse medidas adicionales que incluirían probablemente el establecimiento del llamado “Tercer País Seguro” o del “Primer país de asilo”, que implicaría cambios legales y por lo tanto tendría que pasar por el Congreso, un tema al que ayer volvieron a referirse de nuevo Trump en sus tuits y el vicepresidente Pence en una entrevista.

El registro de la U.S. Customs and Borders Protection, señala que detuvo a 60 mil 774 migrantes ilegales que pretendían cruzar la frontera en diciembre del año pasado. En mayo, la cifra aumentó a 144 mil 278, es decir, hubo un disparo de 137 por ciento en cinco meses.

La evaluación que se hará en julio definirá si las medidas instrumentadas por el gobierno logran modificar la tendencia.

A partir del día de ayer, el gobierno estableció una coordinación con 5 áreas para tratar de obtener resultados en el plazo establecido, además de hacerle frente a quienes sean regresados desde Estados Unidos mientras se resuelve su petición de asilo.

Las áreas verán los siguientes temas: Guardia Nacional; Atención a migrantes; Respaldo a quienes regresen de EU; Relación con Centroamérica; Empleo, educación y salud, de la zona sur.

En pocas palabras, lo que se requiere es que, en mes y medio se dejen entrar menos personas provenientes de Centroamérica a México reforzando la vigilancia y de facto “construyendo” una frontera sur, que no existe.

Si ya ingresaron, lo que se buscará es que, si están en ruta a la frontera norte a través de “polleros”, eventualmente sean detenidos. Si están en caravanas organizadas por ONGs, que se queden en México.

No hay un criterio definido respecto a qué cifra representaría un cambio de tendencia, pero lo urgente es reducir el número de mayo.

Para el gobierno y el sector privado mexicanos, quedó perfectamente claro que lo que se logró fue “comprar tiempo”.

Si se logra avanzar en el fortalecimiento de la frontera sur y al mismo tiempo se avanza en la ratificación del T-MEC en la Cámara de Representantes, se van a reducir los márgenes de maniobra que tendría Trump para imponer adelante sanciones comerciales.

Quienes aseguran que, para quitarnos la amenaza del chantaje de Trump, sería mejor asumir la imposición de aranceles al menos hasta las elecciones de noviembre de 2020, no tienen idea del impacto económico que ese hecho tendría.

A pocos meses de la imposición de tarifas, México tendría que regresar a la mesa de negociaciones en condiciones aún de mayor debilidad por la crisis económica que se desataría.

No será sencillo lidiar con un presidente Trump en busca de la reelección y que va a golpear a México si lo considera adecuado para sus objetivos. Eso redefine la escena política interna y externa.

Más vale que la siguiente ocasión nos tome preparados.