Lo realizado por los diputados de la 54 legislatura en contra de sus antecesores causó asombro y reconocimiento por haber tomado la decisión y tratar de retirarles las pensiones a los funcionarios cuyas pensiones "doradas", qiienes se beneficiaron al amparo de la impunidad y en medio de actos deshonestos que rayaron en actos burdos de corrupción y que ahora, tendrán que continuar para investigar, sancionar y meter a la cárcel a los ex diputados que junto con otros funcionarios, pudieron incurrir en asociación delictuosa.
SIN CASTIGO LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.- Los días pasan y cada vez está mas difícil que los ex diputados locales que hicieron de las suyas se les castiga y mucho menos se les penalizará pese a todo el daño que le provocaron al pueblo de Morelos. Y más aún, cuando propios y extraños saben de los abusos y excesos que cometieron los ex diputados quienes por su actuar lograron unificar a la sociedad que le otorgó un reconocimiento de rechazo y odio hacia sus personas que se reflejó en las urnas porque todos, sin excepción, perdieron en las elecciones del primero de julio del año pasado. Hubo justicia divina puesto que se evitó que quienes traicionaron al pueblo que le había dado su confianza, siguieran
haciendo daño a la sociedad a través de la mentira, los chantajes, las amenazas y los actos deshonestos en los que incurrieron por su ambición desmedida por el dinero.
Sin embargo, ahora que se logró echar abajo las pensiones doradas no se debe quedar solo en eso. Hoy la gente, pide que se siga la investigación y se ponga un ejemplo para evitar que los actuales y los próximos eviten caer en esos excesos y ambición desmedida por el dinero público que lograron obtenerlo al amparo de la impunidad y protección que siempre les brindó el jefe de esta banda de presuntos delincuentes: Graco Ramírez. Sin embargo, el funcionario público que ejerciendo un acto de su función hiciera un documento falso o alterare un documento verdadero, la pena de cárcel será con tres a diez años. Más claro, el Código Penal Federal, establece para que el delito de falsificación de documentos sea sancionable, se necesita que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero, que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un particular, ya sea en los bienes de éste o en su persona, en su honra o en su reputación y que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona a quien resulte o pueda resultar perjuicio o sin el de aquella en cuyo nombre se hizo el documento.
Es importante mencionar que para la justicia en México, el delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes: Poniendo una firma falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera; aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena, extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otro, o causar un perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero. Y esto, precisamente, fue lo que al parecer, hicieron tanto diputados como presidentes municipales y funcionarios de las comunas para poder expedir la documentación para jubilarse sin contar con los años de servicio para obtener ese beneficio. En este caso, el castigo por el delito de falsificación de documentos, no únicamente castiga a quien elaboró el documento apócrifo, sino también a quien lo usa. Por tanto, los trabajadores que entregaron los documentos oficiales falsos incurrieron e un delito.
En tanto, el Artículo 243 refiere: “El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. Mientras que e delito de fraude o estafa, se castiga con las siguientes penas: Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario. Y más aún, el artículo 164 del Código Penal Federal, establece que la asociación delictuosa constituye un delito colectivo perfectamente autónomo, que al igual que la delincuencia organizada, se distingue de la coparticipación delictuosa, como es la presunción en contra de los ex diputados locales.
LOS SEÑALADOS.- Pero y quienes son los representantes populares que tiene que ser investigados, señalados y castigados. A continuación colocamos sus nombres, partido y distrito al que pertenecen los integrantes de la 53 legislatura local, que es la peor en la historia de Morelos y por tanto, la mayoría de estos puede estar inmersos en diversos delitos que pudieron incurrir en el tiempo que estuvieron como diputados en el Congreso del Estado: Carlos Alfredo, Alanis Romero, E. Alberto, Mojica Linares, Norma Alicia, Popoca Sotelo, Jose Manuel, Tablas Pimentel y Victor, M. Caballero, todos del PAN. Así mismo, Mario A., Chavez Ortega, Leticia, Beltran Caballero, Alberto, Martínez Gonzalez, Aristeo, Rodríguez Barrera; Francisco A., Moreno Merino; entre mucho otros que merecen.
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