El secuestro del periodista Marcos Miranda en Veracruz (liberado ya) fue nuevo pretexto para que el gobernador del estado, Cuitláhuac García, volviera a demostrar que la seguridad de la población que se supone representa le importa menos que su odio jarocho al fiscal general del estado.
Morenista, el mandatario no termina de aceptar que fue el Congreso de la entidad, durante la gestión del panista Miguel Ángel Yunes, el que puso al abogado Jorge Winckler al frente de la procuración de justicia. El problema no tiene que ver con el desempeño del fiscal, sino con el hecho de que no fueron diputados morenistas quienes impusieron a un servidor público cuya función, por su naturaleza, es absolutamente independiente del mandamás en turno.
Las agresiones verbales del gobernador son recurrentes. En abril, cuando 13 personas fueron masacradas en Minatitlán, se apresuró a declarar: “El fiscal debe solicitar la orden de aprehensión, es responsabilidad de él. Nosotros tenemos información delicada sobre ese hecho y tiene que ser la fuente oficial quien debe determinar los responsables. Pero de que se va a resolver, se va a resolver a pesar del fiscal”.
Y el jueves reciente (ante el secuestro de Marcos Miranda), chisporroteó insensateces: “Aquí en Veracruz se acabó la tolerancia a cualquier grupo delictivo y a los secuestradores. Se acabó y vamos a dar con todos ellos a pesar del fiscal general (...). Lo que puedo hacer es mi labor: investigar los casos de por qué se dan esas situaciones de delincuentes y actuar conforme a derecho, estoy obligado a respetar y tendrá que ser el fiscal el que rinda cuentas a la sociedad. Que diga por qué los liberan...”.
¿Por fin?
Como es evidente, Cuitláhuac desconoce funciones elementales de las instituciones aludidas. Entre lo principal: que la responsabilidad de prevenir delitos es de su policía, la de investigar del fiscal y la de liberar o no detenidos del Poder Judicial. Por ley está impedido para usurpar las funciones de Winckler.
Es irresponsable que el gobernador culpe a la fiscalía del altísimo número de secuestros que ocurren en su estado, en lugar de ponerse (ya va siendo tarde) a diseñar y practicar una política preventiva de seguridad pública.
Durante su gobierno se han denunciado 203 secuestros con 221 víctimas. Esto, sin contar las averiguaciones de casos que se inician a nivel federal ni tampoco la cifra negra (no denunciada) que ignora cualquier autoridad. Tampoco los levantones (privaciones ilegales de la libertad), en que no hay exigencia de rescate: se levanta y desaparece a la víctima.
Es en este escenario siniestro en que el gobernador, en vez de hacer su chamba, prefiere mantener una guerra política partidista contra quien está más que obligado a sostener una respetuosa relación en beneficio de sus desprotegidos gobernados.