Al menos 791 migrantes centroamericanos no llegarán a la frontera con Estados Unidos. Ese es el mensaje que México, una semana y dos días después, lanza al Gobierno estadounidense para contener una de las crisis diplomáticas más graves entre ambos países. México trabaja bajo presión para calmar los ánimos de su vecino del norte, que había amenazado con imponer impuestos a los productos mexicanos importados a cambio de que en el sur se frenara el paso de quienes huyen de la violencia y el hambre. 791 hombres, mujeres y niños que no alcanzarán el muro de Trump, porque en su viaje —hacinados en camiones por el sureste de México— fueron interceptados por las autoridades mexicanas este sábado y serán deportados. Según ha destacado el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, la detención ha supuesto un golpe al negocio de los traficantes de personas, pues se estima que iban a ganar alrededor de tres millones y medio de dólares. México exhibe con este suceso la política de mano dura que tantas veces ha exigido a base de tuits el mandatario estadounidense, en una semana en la que este anunciará su candidatura a la reelección en las próximas elecciones presidenciales del año que viene.
Para el Gobierno mexicano, se ha tratado de un gran "rescate" de cientos de personas que, en manos de mafias, buscaban un lugar mejor lejos de sus países de origen. El canciller Marcelo Ebrard ha sido quien ha anunciado esta noticia e incluso ha detallado que cada uno de los que viajaban en esos camiones había pagado alrededor de 3.500 dólares a los coyotes y 5.000 a cambio de un segundo intento, en el caso de que pudieran ser deportados. Las autoridades mexicanas han subrayado que la detención de este sábado ha supuesto un duro golpe de tres millones y medio de dólares para los traficantes de personas. Lo que no ha explicado es que, según sucede habitualmente, un endurecimiento de la política migratoria implica en muchos casos que el precio por trasladar migrantes hacia la frontera aumente. Y que el negocio ilegal se frote las manos.
Ebrard, que ha liderado una de las mayores crisis diplomáticas con su vecino del norte, es quien desde hace unas semanas dirige la política migratoria en México. Anuncia las detenciones, los envíos de militares a la frontera sur —unos 6.000 soldados de un nuevo cuerpo diseñado para el combate al narcotráfico, la Guardia Nacional— y se ha convertido en la cabeza visible de una estrategia centrada en contener las amenazas de Trump y lograr la estabilidad económica de México. El viernes renunció el jefe del Instituto Nacional de Migración mexicano, Tonatiuh Guillén, ausente durante los días más duros del conflicto migratorio, y en su lugar el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha nombrado a quien estaba a cargo de las prisiones federales, Francisco Garduño.
Una de las peticiones de Washington es que México se convierta en un tercer país seguro, un concepto diplomático que implica que este país se haga cargo de los migrantes que han solicitado el permiso de refugio en Estados Unidos, un trámite que hasta ahora se realiza en el país donde se solicita, y que esperen su resolución (suele durar meses e incluso años) en un país distinto, en este caso, México. Una medida que asfixiaría todavía más a una frontera (norte) colapsada por los miles de migrantes que sobreviven desde hace meses en albergues saturados y que pretende desincentivar el viaje de los que migran desde el sur.
Según las estimaciones del Gobierno mexicano, 2019 puede batir el récord del mayor número de migrantes que transiten este país en su camino al norte: unos 800.000. Ante esta cifra sin precedentes, México ha triplicado las deportaciones en los primeros meses de la Administración de López Obrador, al pasar de 5.717 expulsiones en diciembre de 2018 a 15.654 en mayo de este año, según datos oficiales. La cifra supera por mucho las devoluciones que se registraron en el mismo mes del año pasado, 10.350. En 2018 hubo además 26.566 solicitudes de refugio, el número más alto del que se tiene registro.
Para Estados Unidos, el incremento en el número de deportaciones no es suficiente. Tampoco, la propuesta de un Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que pretendía captar proyectos productivos, crear empleos y atraer decenas de miles de millones de dólares en inversión extranjera para estos países. Un proyecto planteado desde noviembre para atajar de raíz los motivos principales de los que migran. Esta idea, surgida tras las grandes caravanas del año pasado, se encuentra ahora suspendida a la espera de que llegue la financiación estadounidense.
Mientras tanto, la amenaza de desestabilizar la economía mexicana sobrevuela ambas fronteras y las autoridades luchan cada día por alejar un temido tuit de Trump. La detención de 791 migrantes en el sureste mexicano envía directamente una foto crucial al norte: en el sur están cumpliendo con lo prometido.