Para nadie es un secreto los actos de corrupción que se cometieron en el gobierno de Graco Ramírez y durante la 53 legislatura local, donde, permitieron que personas en su mayoría familiares, amigos e incondicionales de la anterior administración sin cumplir con los requisitos y mediante la falsificación de documentos oficiales expedidos en municipios como Puente de Ixtla y Cuautla, hayan permitido el beneficio de las pensiones y jubilaciones “doradas” y hasta la fecha no pase absolutamente nada. La complicidad de los diputados de esta legislatura es evidente y poco les importa que en breve tiempo, no haya recursos suficientes para estos pagos y los correspondientes a los trabajadores en activo.
CORRUPCIÓN A SU MÁXIMA CAPACIDAD EN EL LEGISLATIVO.- Los diputados locales casi los 20 en su mayoría, se lavan las manos y hacen prácticamente nada para frenar jurídicamente los actos legaloides que se cometieron durante el sexenio pasado y la legislatura anterior, donde hicieron de la corrupción una práctica cotidiana que contó con la complicidad de las más altas autoridades del estado y de los sedicentes representantes populares, quienes amparos en el poder político y administrativo que tenían en el Congreso, aprobaron al vapor todas estas solicitudes sin realizar ninguna investigación y hoy en día, la situación económica para unos es precaria y desastrosa mientras que para otros, con esfuerzos y apenas alcanzan a consumir alimentos dos veces al día.
Dice un adagio popular: “querer es poder”, y los diputados de los diferentes grupos parlamentarios lo que menos quieren es resolver el problema a pesar de que cuentan con especialistas en la materia y de que hay, una Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado a cargo de Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien solo se dedica a realizar declaraciones a modo en el sentido de que se fincarán las responsabilidades penales a quienes promovieron y entregaron documentos falsos para sustentar las jubilaciones y pensiones “doradas” sin cumplir con los requisitos pero que al final, no hace absolutamente nada y se convierte en cómplice en automático de estos actos de corrupción.
Empero, derivado de la presión social para frenar los excesos y abusos de sus antecesores y del tristemente célebre Graco Luis, la actual legislatura tomó acciones positivas que se tienen que reconocer como la eliminación de pensiones vitalicias para los titulares de las Fiscalías General del estado y la del Combate a la corrupción y de Antisecuestros. En ese mismo paquete, se tomó la decisión de abrogar 24 de 70 pensiones doradas que aprobó la legislatura pasada, sin embargo, poco a poco se las han ido tirando ante los amparos ante las instancias estatales y sobre todo las federales como ha ocurrido en varios casos. Otra acción importante fue sin lugar a dudas las reformas que se hicieron a la Ley orgánica de la Fiscalía para eliminar las pensiones que había obtenido Uriel Carmona Gándara, Juan Salazar Núñez y Adriana Pineda, fiscales del Estado; Anticorrupción, y de Antisecuestros, respectivamente. Con excepción de estas acciones en todo lo demás han quedado mucho a deber y se han hecho caso omiso a las exigencias ciudadanas de que se les quiete ese beneficio a quienes no garantizan el cumplimiento de los años de servicio y la documentación correspondiente.
Y es que, hay diversas formas de poder evidenciar a los supuestos beneficiarios de estas pensiones y jubilaciones, basta con pedir la información al Sistema de Administración Tributaria de cuando estuvieron cotizando en los años que dicen estuvieron laborando en los Ayuntamientos, Congreso y Poder Ejecutivo. Además de pedir información al Instituto Mexicano del Seguro Social y cotejar los datos con la información que presentaron los supuestos beneficiarios para constatar que es correcta su documentación o fue alterada para alcanzar esos jugosos y ofensivos pagos quincenales de por vida.
GASTOS OFENSIVOS.- En estos tiempos donde la austeridad es una prioridad en el gobierno de la cuarta transformación, es algo de lo que no se aplica en el Congreso de Morelos, en razón de que los diputados y diputadas ganan más que los 108 mil pesos que percibe mensualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, en razón de que su sueldo es cercano a los 200 mil pesos mensuales, entre salario y extras que obtienen por ser presidentes e integrantes de otras comisiones y apoyos para la comunidad.
Y pese a la situación de austeridad que se vive en casi toda la administración federal, los diputados argumentaron que fincarían las responsabilidades penales a quienes promovieron y entregaron documentos falsos para sustentar las jubilaciones y pensiones. Sin embargo, ahora, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, advirtió que el 60 por ciento de los ingresos en el estado se destina a solventar el pago de las pensiones. Es decir, que se requiere para pagar estas prestaciones al menos 672 millones de pesos como ocurre en este año. Empero, los diputados que hoy tienen 10 integrantes menos cobrando como legisladores no lograron un ahorro financiero porque a diferencia de los 400 millones cuando eran 30 dizque representantes populares hoy en día, en lugar de reducirse lo equivalente a 120 millones, ahora se aumentaron la nada despreciable cantidad de 60 millones de pesos para tener un presupuesto del orden de los 460 mdp. Una cantidad brutal para lo que hacen y la reducción de legisladores y lo peor, es que no pasada nada. No transparentan los recursos y los gastos los siguen haciendo a discreción en detrimento de la paupérrima economía del pueblo.
Hoy, tenemos un Congreso rico y un pueblo pobre. Pobre Morelos.
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