“A ver, a ver, a ver. Respiren profundo. Que levanten la mano los que consideren que no hace falta el Metrobús. Bajen la mano. Que levanten la mano los que consideren que sí es necesario. Ya no hubo Metrobús…”, decretó el domingo.
La antidemocrática votación a mano alzada ocurrió en la concentración en que el gobernador panista, José Rosas Aispuro, fue increpado y abucheado por activistas de la 4T que corearon consignas y demandaron a gritos la cancelación de la obra. El gobernador acusó a la alcaldesa de Gómez Palacio de haber orquestado el sainete (Morena fue avasallada por el PAN y su coalición con el PRD, así como por el PRI en las recientes elecciones municipales).
El Metrobús en esa ciudad fusionada con la coahuilense Torreón conectaría varias demarcaciones de ambas entidades, pasando también por Matamoros y Lerdo. Entre los protestantes estaban transportistas filomorenistas. El proyecto significaba una inversión superior a mil millones de pesos y el gobernador lamentó que “hicieron un señalamiento sobre el Metrobús y la corrupción, cuando Durango no ha invertido ni un solo centavo…”.
Sobre los fallos judiciales adversos a los planes aeroportuarios y el riesgo de que se retrasen los trabajos, el Presidente descargó así su contrariedad: “Yo tendría aquí que informar por qué se detiene y quiénes son los responsables; o sea, no iban a quedar en el anonimato: a ver, este señor que tiene estos intereses presentó un amparo y este juez se lo otorgó”.
Este amago sorprendió al propio responsable de las obras, el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, quien preguntó y respondió: “¿Eso dijo el Presidente? Yo no estoy de acuerdo con el Presidente…” y en un tuit se echó para atrás, aunque también había dicho que los amparos son “un procedimiento legal que existe”.
La Barra Mexicana del Colegio de Abogados resumió las inconformidades que AMLO desató: “Consideramos inapropiado que el Ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole, que inhiban o cuestionen el ejercicio de defensa de derecho de las personas, que presionen o dirijan al Poder Judicial, que vulneren la protección de los datos personales de los denunciantes, o en contravención a la división de poderes, toda vez que todas esas acciones atentan contra el Estado de Derecho. El ejercicio del derecho a la defensa de las personas y la independencia del Poder Judicial deben ser ajenos a la intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.