Entrevistado por El Financiero, dio por hecho tal embuste y peroró: “Ya no debe haber consejeros electorales que estén representando hipócritamente a los partidos. ¡Ya basta de máscaras!”.
Austeridad es la patraña que se esgrime para consumar el atentado.
Lo alarmante del despropósito ha hecho que consejeros como el presidente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama pongan sobre la mesa varias alternativas de ahorro que no pondrían en riesgo la democracia en México (entre otras la votación electrónica), que ahorrarían al erario más de siete mil millones de pesos.
El desmantelamiento de las instituciones democráticas quiere apoyarse en un reclamo popular legítimo: que los recursos públicos se usen para lo que están destinados y no para beneficio privado.
Con la coartada de acabar con el despilfarro (siempre de los “adversarios” de la 4T), el gobierno lopezobradorista está arremetiendo contra las instituciones autónomas e independientes: los pesos y contrapesos que tanto trabajo le ha costado a la sociedad construir a lo largo de más de 30 años.
Las argucias esbozadas por Morena para una nueva reforma electoral son un Caballo de Troya de la supuesta austeridad, mediante la eliminación de los organismos públicos electorales en los estados, dizque para ahorrar nueve mil millones de pesos. Falso: la mitad de los recursos a esas instituciones se destina, por ley, a los partidos políticos locales. O sea: el simple hecho de desaparecer estos organismos no implica el ahorro automático de 4,500 millones de pesos del presupuesto que sí ejercen, siendo, por cierto, parte del sistema circulatorio del INE.
En tal hipótesis, si de ese jugoso ahorro ya se quita la mitad y la otra mitad solo se va a redistribuir, lo que queda es… la puerta abierta para una nueva organización de la autoridad electoral determinada por el partido en el poder. Detrás de tantos dígitos desinflados, Morena plantea que la Cámara de Diputados designe a los 32 consejos locales (uno por entidad), quienes a su vez nombrarían a los 300 Consejos Distritales. ¿Resultado?: quienes tienen la responsabilidad de capacitar a funcionarios de casilla, instalar éstas y realizar los cómputos distritales y recuentos, sean elegidos por un Congreso de avasallante mayoría guinda.
No se trata desde luego de una cuestión de ahorro ni de redistribuir el gasto del Estado en las “grandes causas”, sino de minar la autonomía del INE para controlar las elecciones.
Peor o mucho más abusivo, ni en el reinado del PRI.