Nos estamos olvidando que el interés general debe prevalecer siempre sobre el interés particular, así sea éste el del Presidente de la República.

Para satisfacer el interés particular del Presidente de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el gobierno ya devolvió mil 800 millones de dólares a tenedores de bonos en mercados internacionales.

Quedan pendientes por pagar nada menos que cuatro mil 200 millones de dólares.

Aparte de los bonos pagados y por pagar, se tuvieron que cubrir los de Fibra E que se emitieron en el mercado mexicano: 34 mil millones de pesos, más una cantidad superior a los cuatro mil millones de pesos adicionales en “premios” a los tenedores de esos bonos para que no recurran a tribunales.

También hay que sumar la erogación de lo que ya estaba construido, diseñado y calculado en el aeropuerto de Texcoco. (Obviamente, vendrán demandas y habrá que pagar a quienes tenían contratos y se los cancelaron sin ningún argumento legal).

A toda esa millonada ya invertida y tirada, el gobierno le pretende echar agua, inundarlo para reventar la losa y cimentación ya construidas, y que nunca nadie más pueda levantar ahí un aeropuerto.

Según cálculos de expertos de Conagua y otras dependencias relacionadas con el caso, inundar el NAIM va a tener un costo inicial de mil 600 millones de pesos, y el gasto total por destruirlo sería de dos mil millones de pesos.

Cambió de lugar el aeropuerto pese las opiniones de los principales organismos especializados en aeronáutica del mundo.

Eso no responde al interés general, ni a una lógica económica, sino al interés particular del Presidente.

Y cuando se trata de satisfacer el interés del mandatario, no se repara en costos ni hay ahorros que realizar.

El lunes un juez federal otorgó dos suspensiones definitivas que impiden cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco y que frena cualquier intento de arrancar obras en Santa Lucía.

De acuerdo con el juez, la autoridad debe demostrar la razón por la cual decidió cancelar el NAIM, que lleva un tercio de construido.

Y en el caso de Santa Lucía se debe demostrar que es seguro (no olvidar el cerro).

Ya hay otros amparos concedidos en el caso de Santa Lucía, lo que demuestra que el Poder Judicial, hasta ahora, está haciendo su trabajo sin dejarse intimidar por los insultos mañaneros del Presidente.

Repito, “hasta ahora”, porque está siendo presionado por el titular del poder Ejecutivo.

Cuando se otorgaron los amparos, López Obrador reaccionó con ira y prometió “desenmascarar a los corruptos”, que los promueven.

La Barra Mexicana de Abogados alertó de “presiones indebidas” al Poder Judicial, y el Presidente la bañó en insultos.

“Ni modo que me vayan a callar. Dije que se estaban esmerando los corruptos… Los corruptos que tenían el negocio de la construcción en el lago (sic) de Texcoco están inconformes porque no pudieron consumar la transa”.

Puro enojo. Ni una sola razón de interés general.

Veremos si el Poder Judicial supera las presiones.

Pero no sólo en Texcoco se impone el interés particular sobre el interés general. También en el tren México-Toluca.

Esa obra fue un capricho del entonces presidente Peña Nieto. Sin embargo no se hizo con el dinero de Peña Nieto, sino con el de todos nosotros. Y está parada.

El avance del tren México-Toluca es de 85 por ciento.

Ya están concluidos los tramos uno y dos. El tercero lleva un 50 por ciento de avance.

La obra está parada porque le disgusta al Presidente.

A la intemperie se encuentran parte de los vagones y con el tiempo quedarán inservibles.

¿Dónde está el interés público de ese abandono?

El fin de semana pasado, en Gómez Palacio, el Presidente echó abajo la obra del Metrobús que conectaría en una sola corrida a las ciudades más importantes de la Comarca Lagunera.

Ya está listo el tramo de Coahuila (Matamoros, Torreón), y está aprobado en el presupuesto el recurso para continuar hasta Gómez Palacio y Ciudad Lerdo (Durango). Magnífica obra.

La alcaldesa de Gómez Palacio, que es de Morena, le dijo al Presidente que había conflicto con esa obra.

Resulta que los dueños de autobuses verdes –que toman el pasaje de quienes vienen en los autobuses rojos de Torreón–, aliados políticos de la alcaldesa, estaban inconformes porque dejarían de ganar si se extendía el Metrobús.

En el mitin en Gómez Palacio, los dueños de la línea de autobuses llevaron acarreados y el Presidente les pidió que respondieran, a mano alzada, si querían o no esa obra.

Obviamente, los acarreados por los dueños de la línea de autobuses levantaron la mano y dijeron no.

Para abajo la obra, por “decisión popular”, y arriba el interés particular sobre el interés social.

¿Qué se puede hacer ante este atropello a normas básicas de la vida en comunidad?

Exigir que las instituciones funcionen con independencia y libertad, y pongan el interés general sobre el particular, así sea éste el del Presidente de la República.