¿Por qué están cobrando relevancia expedientes político-financieros? ¿Por el tamaño del quebranto o por la violación al Estado de derecho de los inversionistas frente a reguladores omisos?

El caso de Oro Negro encierra ambas razones: hubo un quebranto de grandes proporciones a ahorradores de afores y las autoridades resultaron ser excesivamente laxas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en tiempos de Jaime González Aguadé, no dio puntual seguimiento a la emisión de los Certificados de Capital de Desarrollo que levantó.

Por la vía de ese instrumento, la empresa de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo obtuvo de los trabajadores afiliados a las afores de Sura y Banamex por lo menos 400 millones de dólares.

La empresa de servicios petroleros, hoy en la ruta de la quiebra, también obtuvo de fondos principalmente europeos otros casi mil millones de dólares, con los que adquirió cinco jack-ups.

Pero ese no es el tema de fondo. El meollo es más jurídico e involucra directamente a autoridades regulatorias que en el gobierno de Enrique Peña fueron negligentes con ahorradores e inversionistas.

Oro Negro es de los más recientes, pero antes tronaron las tres principales vivienderas: GEO de Luis Orvañanos, Homex de Eustaquio de Nicolás y Urbi de Cuauhtémoc Pérez Román.

También están los casos de las sociedades financieras populares Ficrea de Rafael Olvera, ALTA de Luis López Panadero y más reciente Planfía, que dirigía José de Jesús Venegas.

La CNBV de González Aguadé y su vicepresidente jurídico, Edgar Bonilla, poco o nada hicieron por ahorradores e inversionistas, más allá de “palomear” autorizaciones.

Cientos de millones de dólares se defraudaron con la venia del regulador. Ahora Bonilla llega a dirigir el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom).

A ese organismo están arribando expedientes que como ex vicepresidente de la CNBV le tocó supervisar. Bonilla acaba de sumar al Ifecom a su amigo Marco Antonio López.

Este a su vez fue vicepresidente de Supervisión de Grupos Financieros en la mencionada comisión.

SEMANA REDONDA PARA el Grupo ICA, que preside Bernardo Quintana Isaac. El lunes los accionistas de la constructora estuvieron con Andrés Manuel López Obrador. El presidente les palomeó cuatro grandes proyectos en los que tendrán participación destacada. Apunte el desarrollo de cuando menos un paquete de la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco; la reconfiguración de la refinería de Tula, en Hidalgo; el desarrollo de un tramo del Tren Maya, en Quintana Roo y Yucatán, y la edificación de la presa de almacenamiento Santa María, en Sinaloa. Con estos contratos la firma dirigida por Guadalupe Phillips y cuyo principal inversionista es Fintech Advisory, del regio David Martínez, le va a dar vuelta a su situación financiera.

POR CIERTO QUE el gobierno de la 4T ya invitó oficialmente a las empresas para Dos Bocas. A Fluor, que preside Carlos S. Hernández, le asignaron los paquetes 1 y 3; a Bechtel, de Brendan Bechtel, los paquetes 1, 2 y 6; a Wood Group, de Robin Watson, los paquetes 3, 4 y 6; a Saipem, de Stefano Cao, los paquetes 2, 4 y 6; a Samsung, de Kim Ki Nam, los paquetes 1, 2 y 3, y a KBR, de Stuart Bradie, los paquetes 1, 4 y 6. Al final quedó fuera Jacobs, de Steven J. Demetrious, porque solo quería participar en la parte de ingenería y no en la procura. Como le informé ayer, cada grupo puede aspirar a ganar un máximo de dos paquetes y está obligado a llevar como socio a un mexicano que tendrá el 40% de participación.

EL PROCESO QUE está entrando a su fase final es la venta de tres de los seis centros de datos de Axtel, que fundó Tomás Milmo. Se trata de una operación cercana a los 250 millones de dólares. Los data centers se ubican en Monterrey y Querétaro y están en la puja cinco grupos internacionales. Apunte a las plataformas tecnológicas Digital Bridge y Equinix, al gestor de activos inmobiliarios Digital Realty Trust y a los fondos Brookfield y Blackstone. Le decíamos hace unas semanas que Citibanamex, que dirige Ernesto Torres Cantú, es el agente vendedor contratado por Axtel, filial del Grupo Alfa.

SHELL ES OTRA que está negociando con el Grupo Simsa de Salomón y Nesim Issa subirse al Sistema Tajín. La firma dirigida por Alberto de la Fuente quiere importar a partir de octubre gasolinas desde Estados Unidos vía marítima para suministrar a las cerca de 400 estaciones de servicio con las que esperar cerrar 2019. La idea es descargar en el puerto de Tuxpan, almacenarla en el centro de Simsa en esa localidad y llevarla a través de pipas al centro del país.

LAMENTABLE EL ESTADO del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que mal dirige Juan Lozano. Está cerrando sus oficinas regionales. Fue el caso de León y en breve tocará a Guadalajara. Antes de que concluya el año bajarán la cortina Monterrey, Puebla y Mérida. La austeridad mal entendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y aplicado por Carlos Urzúa en Hacienda, tirará por la borda años de preparación de cuadros especializados.

OTRO ENCONTRONAZO DE Rocío Nahle y Octavio Romero que terminó en la suspensión, abruptamente, del Consejo de Pemex el martes pasado. Resulta que la Secretaria de Energía le vetó al director de la empresa dos nombramientos claves: Marcos Herrerías y Víctor Navarro, como directores de Administración y de Planeación, respectivamente, de la petrolera. Y es que ninguno tiene título ni cédula profesional que avale la posición que van a ocupar.

ENTRADOS EN LAS grillas de los funcionarios de la 4T, el director del Bancomext y Nafinsa finalmente logró sacudirse a su directora de Administración y Finanzas, Martha Patricia Jiménez. Eugenio Nájera no pudo designar a uno de su confianza porque el susodicho Carlos Urzúa le impuso a esta mujer, cuyo principal mérito es ser tabasqueña y ex senadora del PRD. Jiménez no acataba las órdenes de su jefe porque éste era, en realidad, el secretario de Hacienda.