Lo realizado por los diputados de la 54 legislatura en contra de sus antecesores, causó además de asombro un reconocimiento por haber tomado la decisión de retirar de un paquete 70 a 24 funcionarios sus pensiones “doradas”. Algo que pese a la dificultad que representaba, provocó echar de tajo los beneficios económicos que se habían otorgado a varios ex funcionarios amigos y familiares de Graco y de los ex diputados, quienes tendrán ahora que ser investigados y castigados por los delitos en los que pudieron incurrir. Hoy, los diputados están más que divididos y todo tiene que ver con dinero y control político por alcanzar las cuotas de poder.
DOCUMENTOS APÓCRIFOS.- Todos saben de los abusos y excesos que cometieron los ex diputados quienes por su actuar, lograron unificar a la sociedad que le otorgó un reconocimiento de rechazo y odio hacia sus personas que se reflejó en las urnas porque todos, sin excepción, perdieron en las elecciones del primero de julio del año pasado. Y es que, todos saben que los ex diputados se blindaron y pensaron que la impunidad los protegería pese a los actos deshonestos y de corrupción que cometieron. Hoy tendrán que ser investigados, sancionados y de ser posible, pagar con cárcel a quienes pudieron incurrir en asociación delictuosa. Ante el panorama que se asoma en el Congreso, especialistas en la materia, aseguran que hay elementos para que sean sancionados y puedan pagar con cárcel por todos los delitos que pudieron cometer durante su trienio. Para muchos, fue justicia divina lo que sucedió porque se evitó que quienes traicionaron al pueblo -que les dio su confianza-, siguieran haciendo daño a la sociedad a través de sus mentiras, chantajes, amenazas y actos deshonestos en los que incurrieron constante y permanente por su ambición desmedida por el dinero público.
Sin embargo, ahora que se logró echar abajo las pensiones doradas, no se debe quedar solo en eso. Hoy la gente, pide que se siga la investigación y se ponga un ejemplo para evitar que los actuales y los próximos eviten caer en esos excesos y ambición desmedida por el dinero público que lograron obtenerlo al amparo de la impunidad y protección que siempre les brindó el jefe de esta banda de presuntos delincuentes: Graco Ramírez.
Sin embargo, el funcionario público que ejerciendo un acto de su función hiciera un documento falso o alterare un documento verdadero, la pena de cárcel será con tres a diez años. Más claro, el Código Penal Federal, establece para que el delito de falsificación de documentos sea sancionable, se necesita que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero, que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un particular, ya sea en los bienes de éste o en su persona, en su honra o en su reputación y que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona a quien resulte o pueda resultar perjuicio o sin el de aquella en cuyo nombre se hizo el documento.
Es importante mencionar que para la justicia en México, el delito de falsificación de documentos que se comete por alguno de los medios siguientes: Poniendo una firma falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera; aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena, extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otro, o causar un perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero. Y esto, precisamente, fue lo que al parecer, hicieron tanto diputados como presidentes municipales y funcionarios de las comunas para poder expedir la documentación para jubilarse sin contar con los años de servicio para obtener ese beneficio. En este caso, el castigo por el delito de falsificación de documentos, no únicamente castiga a quien elaboró el documento apócrifo, sino también a quien lo usa. Por tanto, los trabajadores que entregaron los documentos oficiales falsos incurrieron en un delito. En tanto, el Artículo 243 refiere: “El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. Mientras que el delito de fraude o estafa, se castiga con las siguientes penas:
Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario. Y más aún, el artículo 164 del Código Penal Federal, establece que la asociación delictuosa constituye un delito colectivo perfectamente autónomo, que al igual que la delincuencia organizada, se distingue de la coparticipación delictuosa, como es la presunción en contra de los ex diputados locales.
LOS IMPUTADOS.- ¿Pero y quienes son los representantes populares que son señalados, tienen que ser investigados y castigados? Por ello, queremos recordar a los personajes que formaron parte de la considerada peor legislatura de Morelos, como fue la 53, en donde la mayoría fue, es y por lo que se ve, continuará siendo rechazado socialmente por el triste y mal desempeño de sus funciones porque fueron ellos los que le autorizaron a Graco Ramírez todas las facultades para endeudar por más de 12 mil millones de pesos al Estado de Morelos; por haber despido a más de mil personas sin cumplir con la liquidación como lo establece la Ley e incluso, hasta con amenazas para retirarse y con la complacencia de que la mayoría se engolosinó con las fuertes sumas de dinero que se manejaron en el Congreso y que en gran medida, fueron a parar a sus bolsillos y de sus cuentas bancarias.
A continuación, recordamos los nombres y partido de los ex diputados de la 53 Legislatura, muchos de los cuales en próximos días podrían ser perseguidos de la justicia por los ilícitos, algunos que incluso pueden ser sujetos de imputaciones derivado de los delitos en los que pudieron haber incurrido.
Carlos Alfredo Alanis Romero, Alberto, Mojica Linares, Norma Alicia Popoca Sotelo, José Manuel Tablas Pimentel y Víctor M. Caballero, todos del PAN; así como Mario Chávez Ortega, Leticia, Beltrán Caballero, Alberto Martínez González, Aristeo Rodríguez Barrera y Francisco Moreno Merino, todos ellos del PRI; además de Edith Beltrán Carrillo y Francisco Santillán Arredondo, de Nueva Alianza –en alianza con el PRI-; Silvia Irra Marin, que en los tiempos de traición se pasó del Verde al PRD con Eder Rodíguez Casillas, Julio, Espín Navarrete, Hortencia, Figueroa Peralta, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Ricardo, Calvo Huerta, Javier Laffite Bretón, José Manuel, Tablas Pimentel, Javier Montes Rosales, Rodolfo Domínguez, Beatriz Vicera Alatriste –se pasó del PRI al sol azteca-; así como Edwin Brito Brito, quien hizo lo propio ya que del PT se pasó al PRD; Javier Estrada González; Jaime, Álvarez Cisneros, de Movimiento Ciudadano; Julio César Yañez Moreno, del PSD; Manuel Nava Amores –otro traidor, de MC se fue a MC-; Efraín Esau Mondragón; y Jesús Escamilla Casarrubias, del Humanista.
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