De Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (dependiente de la Fiscalía General de la República), cabe confiar en que cumple los requisitos (son ocho) para ser desde antier agente del Ministerio Público Federal. El principal: es licenciado en derecho (“expedido y registrado legalmente, con la correspondiente cédula profesional”, como establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 52, reglamentaria del 21 constitucional) por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene maestría en derechos humanos y democracia.
Su experiencia en investigaciones penales y procuración de justicia no es la de su licenciatura, sino la que tomó en su posgrado (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y que ha practicado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las oficinas de México, Honduras y Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en este tema y como secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
La responsabilidad que asumió es cuestionable porque carece de experiencia en asuntos penales, investigaciones criminales y procuración de justicia (el caso Iguala no solo es de desaparición y asesinato tumultuario, sino de delincuencia organizada), pero sobre todo porque su actividad profesional ha sido más que nada política, lo que hace dudar de la imparcialidad y buena fe que debe guardar como Ministerio Público.
El GIEI al que sirvió, vale recordar, se fue de México después de no aportar algo significativo al esclarecimiento de los hechos; sembró sospechas y aventuró conjeturas y presunciones sin sustento a partir de descalificar lo verificado por peritos de la extinta Procuraduría General de la República, del Equipo Argentino de Antropología Forense y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; en síntesis: negar que hubo quema de al menos 21 cuerpos en el basurero de Cocula.
Con su designación se satisface una de las principales demandas de los familiares de los normalistas, quienes han exigido el nombramiento de un fiscal más bien a modo, y qué mejor que alguien que trabajó para la única instancia en que confían. En otras palabras, la reactivación del caso Iguala se pone en manos de los padres y familiares (víctimas secundarias), de las organizaciones rolleras que los representan, de lo que fue el GIEI (cuyos miembros regresan a formar parte de la llamada Comisión de la Verdad luego de haber fracasado en la investigación) y de la CIDH.
A lo que se llegue, pues, lo habrá decidido una estructura supranacional, frente a la cual todas las instancias nacionales que según la Constitución tienen las facultades para investigar tanto los crímenes como las violaciones a los derechos humanos (Fiscalía General de la República y CNDH) quedan valiendo poquitito más que un cacahuate.