De los actuales funcionarios públicos es el fiscal General, Uriel Carmona Gándara, de los más cuestionados por la relación que tuvo con el ex gobernador perredista pero además, por las condiciones en las que llegó al cargo y con un presupuesto cercano a los 900 millones de pesos, a diferencia de los poco más de 300 que durante décadas se destinaban a esta institución. Y a pesar de que, el total del presupuesto no se ha entregado y existe un amparo para que se respete la autonomía financiera de esta institución, se ha evidenciado hoy en día gastos inflados en el blindaje de varias unidades automotores.
EL FISCAL.- Para nadie es un secreto que no hay una buena relación entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y el Fiscal Uriel Carmona Gándara, sin embargo, pese a todos los intentos que se hicieron para destituirlo del cargo no se pudo hacer absolutamente nada por el respaldo que logró el notario con licencia y por tanto, se blindó para no destituirlo por el respaldo que logró y que frenó todo intento por echarlo de esa dependencia. Fueron las diputadas locales cuya relación con Graco Ramírez es total, llámese Rosalinda Rodríguez Tinoco, del PRD; Naila Josefina Díaz Roca, del PSD; así como las de Movimiento de Regeneración Nacional encabezadas por Keila Celene Figueroa, Elsa Delia González Solorzano, Alejandra Flores Espinosa, Ariadna Barrera Vázquez y Héctor Javier García Chávez, “El Gato”, que aprovecharon la ocasión ante las diferencia que se intensificaron al inicio de la presente administración con el titular del poder Ejecutivo y Rabindranath Salazar Solorio. Al final no lo quitaron y por tanto, se fortaleció el responsable de la procuración de la justicia en la entidad.
Por esta razón, durante su comparecencia que tuvo con los diputados en las instalaciones del Congreso del Estado, el fiscal general Uriel Carmona Gándara quien fue acompañado de casi todo el personal de su dependencia que le aplaudían todo lo que decía, fue irónico cuando se refería a los representantes populares y al final, pidió un voto de confianza para mantenerse en cargo.
Y pese a que los legisladores aseguraron que su permanencia seguía en análisis, hoy en día, cualquier intento por removerlo es tiempo perdido por los acuerdos y amarres hechos con los diputados arriba señalados y por tanto, se mantendrá cuando menos los próximos dos años en el cargo hasta que termine la 43 legislatura local. Por tanto, las declaraciones vertidas en su momento por personajes como José Casas González –de quien no se sabe ya a qué partido pertenece- carecen de sustento porque hoy legal y jurídicamente es casi imposible su salida.
BLINDAJE DE CAMIONETAS CUESTIONADO.- El mismísimo Uriel Carmona al iniciar este año dejó en claro que su dependencia requería de un presupuesto superior a los 900 millones de pesos, e incluso, dejó en claro que de no obtener este dinero ya establecido constitucionalmente en el presupuesto de ingresos, sería complicado funcionar como institución, luego de que durante una década y media no se había tenido un incremento económico para la Fiscalía. Y pese a que aún el Ejecutivo no le ha entregado lo solicitado si se han realizado entrega de recursos extraordinarios que le permite trabajar de forma desahogada y sin problemas financieros aunque no se ha traducido en un mejor combate y en resultados en el combate a la delincuencia organizada en todas sus modalidades.
Y pese a todo ello, hoy sigue siendo un personaje que vuelve a estar en la palestra y ahora se debe a los excesos financieros que se están utilizando para el blindaje de las camionetas que hay en la dependencia y a decir de los mal pensados y conocedores del tema, se busca hacer un “bisne” monumental, es decir, un negocio en el que solo algunos funcionarios de primer nivel se estarían beneficiando económicamente pese a las carencias que se tienen en la dependencia y sobre todo, de la paupérrima situación en la que se encuentran la mayoría de los empleados que han exigido constantemente un aumento salarial, debido a los excesos y abusos que se cometen en el trabajo y horas extras que realizan constantemente sin que se tengan algún tipo de gratificación o beneficio por su actividad laboral.
Las dudas son tantas que se cuestiona el por qué estén pagando por blindar camionetas como una Suburban; 4 camionetas Tahoe, una Cheyenne, un Grand Cherokee, todas de nivel 5 y otras más que se les están cobrando al parecer 20 millones de pesos en la empresa Rhue (tranquiliza tu camino) que tiene su matriz en la Ciudad de México y que además, cuenta con ventas a toda la República Mexicana ofreciendo la tranquilidad y la las familias de sus clientes porque para ello, argumentan, es lo más importante. Rhue, se dedica al blindaje automotriz, con centro de servicio para mantenimiento de automóviles y renta de vehículos blindados, con más de 20 años de experiencia; y que ofrece además calidad en los servicios que es lo que supuestamente les distingue, sobre todo por su trato personalizado a sus clientes. Sin embargo, se sabe que en otras empresas que se dedican a esta misma actividad, los costos son inferiores en al menos el 50 por ciento, es decir, el costo es aproximado a los 10 millones de pesos y no los 20 que al parecer se están facturando actualmente e la Fiscalía.
Y es que la crítica se basa en que hay recursos para blindar camionetas y no para el incremento salarial de los empleados, para la atención a los peritos, incluso para la papelería, adquisición de llantas de los automóviles que se encuentran en pésimas condiciones y representa un riesgo para los conductores, entre otras muchas necesidades que se tienen.
Y quienes son los que se verán beneficiados con estas camionetas exclusivas y blindadas son: Uriel Carmona Gándara, Fiscal General; Juan Salazar Núñez, Fiscal Anticorrupción; Adriana Pineda, Fiscal Especial para el Secuestro y la Extorsión; así como para los tres regionales del Estado.
¿Y cómo se decide estas decisiones como el blindaje de las camionetas? Simple, a través del Comité de Adquisiciones de la Fiscalía que preside Uriel Carmona Gándara.
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