Luego de que una Jueza de Control declaró sustraída de la Justicia a la ex diputada Beatriz “N”, quien no se presentó a la audiencia de formulación de imputación que realizaría la Fiscalía Anticorrupción, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso Sotelo Martínez dejó en manos de esa instancia dicha resolución.

Se dijo confiado en un fiscal que, al principio de esta Legislatura, algunos congresistas pretendieron remover: se trata de Juan Salazar Núñez. Se ciñó a decir que la Fiscalía “está haciendo su trabajo; las decisiones que realicen están fuera del alcance de nosotros”. Dijo que la información se ha puesto “en sus manos”, la que consideró como “suficiente”.

De igual forma, expuso que la responsabilidad recae en esa dependencia: “Nosotros esperamos y pedimos que estos temas sean llevados hasta las últimas consecuencias, con el deslinde de responsabilidades correspondientes”.

Existen, dijo, denuncias sobre la presentación de documentos falsos, en torno a las “pensiones doradas”; hay judicializaciones, por parte de la Fiscalía; una vinculación. Sin embargo, la dependencia no ha emitido información al Poder Legislativo sobre estas acciones ilícitas, que surgieron en el anterior parlamento.

Recordar que la exrepresentante popular debió presentarse la mañana del viernes pasado, 28 de junio, en la Sala 3 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya. Entonces, los agentes del Ministerio Público formularían imputación a las ex diputadas Beatriz “N” y Hortencia “N”, por el delito de peculado; sin embargo, el defensor de la primera en mención, trató de justificar la inasistencia, presentando una receta médica, presuntamente expedida por un hospital privado de la Ciudad de México.

La Jueza no dio por válida este testimonio, bajo un argumento que esgrimió: “al tratarse de una documental privada debían cumplirse con los requisitos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, dejando a salvo los derechos de la representación social, para hacerlos valer en el momento que corresponda”.

Beatriz “N”, de esta forma, fue declarada “prófuga” de la justicia, por un presunto desvío de 22 millones de pesos, que pertenecían a las cuotas de los trabajadores del Legislativo, conferidas al Instituto de Crédito.