Durante las últimas semanas, se han escrito un número importante de líneas relacionadas con ex funcionarios públicos de la administración de Graco Ramírez Garrido Abreu quienes tal parece, serán “vinculados a proceso”. Sin embargo, para los señalados, a estas alturas solo es una broma de mal gusto, porque sus abogados aprovechando el nuevo sistema de justicia, han logrado echar abajo los casos por la débil argumentación que presentan los representantes de la Fiscalía Anticorrupción.
COMPLICIDAD E IMPUNIDAD.- Por lo tanto, de nada sirve que personajes vinculados con Graco Luis y Elena Cepeda -entre ellos sus colaboradores cercanísimos al igual que los ex diputados locales-, hayan saqueado presupuestos multimillonarios e incluso, muchos de éstos hoy en día son considerados como los nuevos ricos del estado. No sirven tampoco las docenas y docenas de denuncias penales que se han presentado en su contra tanto en la Fiscalía General del Estado, en la Anticorrupción así como en la Fiscalía General de la República, precisamente por el delito de peculado y malversación de recursos porque se monta un show mediático en medios para que al final, sea como sea, logren evitar ser vinculados a proceso y hasta el momento los señalados como “peces gordos”, con una mano en la cintura han logrado evitar pisar las frías y lúgubres celdas del penal de Atlacholoaya.
Los imputados, para los que así han sido hasta el momento, han logrado a través de sus abogados diversas estrategias jurídicas que les han permitido andar libres y ya sin ninguna posibilidad de investigar y mucho menos castigar como ha sucedido con varios ejemplos entre ellos, el del director del DIF estatal, Alejandro “N”, quien era uno de los hombres más cercanos a Elena Cepeda de León.
Por lo tanto, la red que tejió y bien el ex gobernador tabasqueño para evitar que fuera perseguido desde antes de perdiera su partido el PRD en las elecciones constitucionales del primero de julio, hoy en día le están dando frutos. El haberse blindado al colocar a gente de su más íntima confianza le ha permitido y permitirá dormir tranquilo, sabiendo que no procederá ninguna denuncia por bien estructura que se haya presentado en su contra ante las diferentes instancias de gobierno y fiscales porque hizo bien su amarre para, precisamente, evitar ser hoy un imputado en algún tipo de delito que se haya cometido durante los seis años de su administración.
LOS IMPUTADOS.- Entre los principales activistas para evitar que se castigue a varios de los ex funcionarios del gobierno perredista, están: Patricia "N", ex secretaria de Obras Públicas; Einar "N", ex secretario de Desarrollo Sustentable; Rafael "N", ex Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; Sergio "N" y José “N”, quienes ocuparon la Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento; además de Lucero "N", ex directora de Infraestructura; y Marco “N”, ex supervisor de Obras, por el delito de ejercicio indebido del Servicio Público y desvío de recursos multimillonarios. Sin embargo, hay muchos más personajes a los que la ley les está buscando se les vincule a proceso a través de las denuncias y las pruebas que se han presentado, aunque por todo lo que se ha visto será muy difícil, extra complicado que se les vea pisando algunas de las habitaciones del penal de Atlacholoaya, Morelos.
Entre los personajes que son claves para poder llegar al ex mandatario Graco Luis Ramírez, y de quienes ya han sido denunciados por delincuencia organizada, defraudación fiscal, lavado de dinero y tráfico de influencias, entre otros ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y las Fiscalía del Estado y General de la República en contra ex funcionarios de la administración pasada, están Andrik Ruiz de Chávez, quien fuera ex subsecretario de Salud y quien señalan por la presunta malversación de 100 millones de pesos, luego de que sin autorización del poder Legislativo, el personaje en cuestión creó en el año 2017, un fondo de pensiones con retenciones salariales a los trabajadores de la Secretaria de Salud estatal.
NECESARIO UN CASTIGO EJEMPLAR.- Dar un manotazo en la mesa para demostrar quién manda y castigar de forma ejemplar con la ley en la mano a quienes incurrieron en prácticas ilícitas, es una necesidad del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, porque además de que fue uno de sus compromisos de campaña, de igual manera le daría confianza y fortaleza ante la ciudadanía. No hacerlo, es evidenciar un debilitamiento social y por esa razón, sus asesores en la materia, tienen que lanzar toda la carne al asador para evitar que se les sigan cayendo bajo cualquier argucia los casos en los que se imputan a los ex funcionarios de la pasada administración. Hoy en día ya no valen excusas. Lo que requiere la gente es que se cumplan los compromisos contraídos en campaña.
Más aún, cuando el artículo 109 de la Constitución, precisa que las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños y cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. Y hasta la fecha, no se les ha decomisado a ninguno de los imputados, ningún bien inmueble pese a las acusaciones de enriquecimiento ilícito.
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