Ante la rebelión inédita en la Policía Federal que ayer puso en jaque a la Ciudad de México y hoy amenaza con extenderse a toda la República, por la denuncia de violaciones a sus derechos laborales al integrarlos a la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como buen beisbolista, primero bateó las demandas y exigencias de los agentes federales descalificando su movimiento al considerar que “no hay razón y no es una causa justa”, y luego, desde el montículo del poder, lanzó una bola caliente, con una delicada acusación: que “hay mano negra” detrás de este conflicto y que esa mano podría ser de “quien manejaba antes (a la PF) desde los sótanos de Bucareli”.

No hace falta inferir mucho para leer en el señalamiento del presidente el nombre de quien, como secretario de Gobernación en el sexenio pasado y actual líder del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, fue el responsable de la seguridad y del manejo de la Policía Federal en los últimos seis años. ¿Sugiere el presidente que Osorio Chong está detrás de este movimiento, hasta ahora pacífico de los policías federales pero que amenaza con radicalizarse que puede descarrilar el arranque de su Guardia Nacional y toda su estrategia de seguridad federal? De ser así sería una acusación grave y delicada que, no sólo tendría que probarse, sino también ser respondida por quien es aludido y, entre líneas, señalado de algo que puede parecer un amotinamiento o una rebelión de una fuerza federal.

Veremos si Osorio Chong acusa recibo y responde a tan grave inferencia del presidente; pero por ahora, López Obrador y su secretario Alfonso Durazo, quién aparece señalado y acusado por los policías federales en paro y amotinados en el Centro de Mando de Iztapalapa, tienen enfrente una crisis delicada que, aunque pretenda ser minimizada por el mandatario, que ayer en pleno desarrollo de los paros y bloqueos de los federales, decidió irse a “batear” a los terrenos de Ciudad Universitaria, como para mandar un doble mensaje: primero que está listo para batear cualquier bola que le lancen, y segundo rechazar las versiones recientes en columnas políticas que aseguran que su estado de salud “es delicado”.

No deja de ser una paradoja que el presidente, quien construyó su carrera política y su liderazgo social precisamente con bloqueos, paros y plantones (desde su origen en los pozos petroleros de Tabasco, hasta la toma del Paseo de la Reforma en 2006, pasando por los “éxodos por la democracia” al antiguo DF) hoy deslegitime con una declaración el movimiento de los policías federales que no se niegan a integrarse a la Guardia Nacional, sino que rechazan la forma en la que se les ha maltratado no sólo en este proceso, donde se desconoce su antigüedad, se modifica su estatus laboral y sus prestaciones, sino a lo largo de los últimos meses cuando, una y otra vez, desde la misma Presidencia,  han sido señalados de “corruptos, echados a perder” y de ser parte de una corporación dañada, en una declaración que, como todas las afirmaciones que generalizan, parece injusta y desproporcionada.

En contraparte, hay que reconocerle a López Obrador su disposición al diálogo y su ofrecimiento de que respetará el derecho de manifestación que tienen los federales, sin reprimir su movimiento y buscando llegar a un acuerdo que atienda sus demandas y no afecte sus derechos laborales. Porque según el presidente, el proceso de integración de los miembros de la PF a la Guardia Nacional no es obligatorio y sólo se invitará a participar a los que acepten y pasen los controles de confianza y los procesos de selección militares, algo a lo que también se oponen los policías en paro.

Por lo pronto, y en espera de que López Obrador le ponga nombre y apellidos a la “mano negra” que acusa de estar agitando a la Policía Federal, y que en Palacio Nacional confirman que se refiere a “personajes de poder del sexenio pasado” a los que incluso ubican detrás de las primeras quejas de los federales que fueron enviados a los operativos del Instituto Nacional de Migración, a los que de manera desafortunada el comisionado Francisco Garduño llamara “fifís” y después fuera obligado a disculparse, lo que hoy queda claro es que Alfonso Durazo, que hasta ayer no quiso darles la cara a los policías amotinados en Iztapalapa y mandó sólo a sus subsecretarios, tiene enfrente un reto mayúsculo que, sino lo resuelve bien y supera la crisis que ya tiene en su dependencia, corre el riesgo de descarrilar no solo a la Guardia Nacional y a la incipiente estrategia federal de seguridad, sino también sus aspiraciones para irse como candidato al gobierno de Sonora en el 2021.
 
NOTAS INDISCRETAS…A la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entre más le sonríe la política, por aquello de los constantes y evidentes espaldarazos del presidente, más se le complica el tema de la seguridad en la Ciudad. Y es que, en lugar de la llegada de la Guardia Nacional, cuyo arribo a Iztapalapa se ha retrasado y en su lugar ahora tiene el conflicto de los policías federales y hasta anoche el Periférico Oriente tomado, al gobierno capitalino le siguen brotando casos cada vez más delicados como parte de la violencia desbordada en la ciudad. Sin que terminen de esclarecerse aún casos tan sonados como el de los estudiantes Norberto Ronquillo y el escabroso asunto de Leonardo Avendaño, ahora ocurrió el asesinato de la activista vecinal Cristina Vázquez Chavarría, quien apareció muerta y con señales de tortura en su departamento de la Colonia Hipódromo Condesa, justo donde ella se enfrentaba a empresas inmobiliarias, grupos de ambulantaje y dueños de antros y bares que violan flagrantemente los usos de suelo y los permisos de funcionamiento. Tan delicado parece el caso, en manos de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, que ya hasta la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos se acercó a los vecinos para ofrecer apoyo en el seguimiento y la exigencia de justicia en un caso que podría tratarse de un acto de violencia contra una activista como Cristina Vázquez. ¿Qué intereses tan poderosos como perversos pudo haber tocado esta mujer que se oponía a una torre ubicada en Baja California 360 además de denunciar también a los antreros y ambulantes en su colonia?... Cuando dice que no hay “partida secreta” el presidente López Obrador tiene razón, pero lo que no dice es que en la Ley de Austeridad sí hay un artículo que lo autoriza a decidir, él solito y discrecionalmente, el destino de un enorme fondo de recursos económicos que se deriven de los programas de ahorro y austeridad en su gobierno. Eso no es secreto, pero sí es totalmente discrecional, además de que contraviene totalmente la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, que dice expresamente que el presidente y su administración sólo podrán ejercer los recursos asignados y etiquetados por la Cámara de Diputados. Ese será uno de los principales argumentos, entre otros, que contendrá la controversia constitucional que ya preparan en el bloque opositor del PRI, PAN, PRD y MC en el Senado. Pero eso sí, a López Obrador no lo comparen con Salinas, es la peor ofensa que le pueden decir…Capicúa de los dados. Repetimos el tiro.
 
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