Durante la audiencia de vinculación a proceso de este lunes, que al cierre de esta edición llevaba más de 12 horas de haberse iniciado, verificada en la sala cuatro de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, los dos exservidores públicos se apegaron a su derecho a no declarar, y pusieron en manos de sus grupos de defensa la responsabilidad de responder a los señalamientos.
El Regional del Sur fue testigo de las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, al juez Hernando Romero Ulloa, entre las que destacaron aquéllas que demostraron que los dos referidos tuvieron responsabilidad legal en la firma del inicio de obras. Además, están relacionados con la autorización de los pagos con que se liquidaron al ciento por ciento distintas obras, a pesar que, en realidad, ninguna de las enlistadas por la parte acusadora haya sido concluida jamás; varias de ellas, ni en un 50 por ciento.
Al respecto, los defensores de Rafael y Topiltzin, por separado y en su momento, argumentaron que en las funciones inherentes a los cargos que ellos ostentaban en la Secretaría que atendía asuntos del ambiente, no se encontraban las de dar seguimiento al avance en los trabajos. Esto era competencia de la Secretaría de Obras, a cargo de Patricia "N", también presente en la audiencia de ayer.
Esta última imputada, por su parte, al ser cuestionada por su responsabilidad en cuanto a la autorización de pagos que implicaban la conclusión de trabajos y funcionamiento de las obras, acusó a subalternos suyos en la Secretaría que ella encabezaba (directores y subdirectores), quienes daban seguimiento a los avances. Igualmente, canalizó la culpa al área jurídica del gobierno del estado, la cual le presentaba documentos para firma, ante la confianza de ella en cuanto a que todo estaba en regla.
La planta de Yautepec
Se abordó de manera detallada el caso de la planta de valorización de residuos sólidos urbanos en Yautepec, por la que se liquidó el total de la obra, con un costo final de casi 14 millones de pesos (13 millones 875 mil 287, divididos en tres pagos: 4 millones 166 mil 145, el primero; 8 millones 356 mil 335, el segundo; 1 millón, 352 mil 807, el tercero), con el aval del exsubsecretario y exsecretario ayer ante la ley.
Según su defensa, ninguno de ellos dos tenía conocimiento que la obra no había sido concluida (en realidad, presentaba un avance del 40 por ciento solamente), cuando autorizaron el tercer pago, a la empresa AMFI SA de CV, ganadora de una sospechosa licitación. La Fiscalía explicó que esta última, con escaso tiempo de existencia, previo al inicio de la obra concursada, tenía dados de alta apenas a seis trabajadores ante el IMSS, además de que hay indicios que aparentemente esta firma nunca se enteró de su participación en el proceso de selección del que se llevaría el contrato.
El Ministerio Público, igualmente, denunció que una serie de observaciones de la Comisión Nacional del Agua, para dicha planta, fue pasada por alto por la dependencia que supuestamente cuidaba el ambiente
Los siete exfuncionarios que a la medianoche de ayer esperaban saber si serían vinculados a proceso judicial, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, son quienes en la gestión estatal gubernamental de 2012 a 2018 fungieron como:
1) secretaria de Obras Públicas, Patricia "N"
2) secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin "N",
3) subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael "N",
4 y 5) subsecretario de Evaluación y Seguimiento Sergio "N" y José “N”,(frente al cargo, en distintos momentos)
6) directora de Infraestructura, Lucero "N",
7) supervisor de Obras, Marco “N”