El encuentro se realizó en la sala de juntas de la Residencia Lázaro Cárdenas en Los Pinos, edificio en el que se encuentra la oficina del Mandatario, y duró dos horas y media. Foto: Especial
El encuentro se realizó en la sala de juntas de la Residencia Lázaro Cárdenas en Los Pinos, edificio en el que se encuentra la oficina del Mandatario, y duró dos horas y media. Foto: Especial
El encuentro se realizó en la sala de juntas de la Residencia Lázaro Cárdenas en Los Pinos, edificio en el que se encuentra la oficina del Mandatario, y duró dos horas y media. Foto: Especial
Cd. de México (22 junio 2016).- La cúpula empresarial demandó al Presidente Enrique Peña Nieto "enmendar" el error que cometió el Congreso al obligar a la iniciativa privada a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos, como si fueran funcionarios.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, aseguró que el Primer Mandatario se comprometió a valorar sus preocupaciones.
"El Presidente fue muy sensible al escuchar y nos dijo que él está valorando, que desde su perspectiva, en sus atribuciones, está valorando la mejor acción para darle viabilidad al Sistema Nacional Anticorrupción.
"Es decir, que el Sistema opere y en eso nosotros nos hemos quedado tranquilos, que en esta valoración se están contemplando las opiniones de todos, de los empresarios", dijo.
Al cuestionarle si pidieron a Peña Nieto vetar la legislación, el empresario aclaró que no usaron esa palabra, sin embargo, dijo, demandaron enmendar el error.
"No, en la realidad no le pedimos, pero es un instrumento que el Presidente tiene y lo que nosotros le expresamos fue nuestras preocupaciones y a lo que estamos comprometidos.
"Nos pareció que fue un error legislativo que debe ser enmendado para que funcione el Sistema. Lo que nos interesa es que todo el Sistema funcione y no se vaya a trabar porque hay algo que no puede cumplirse, entonces nuestra propuesta está en que se oriente y castigue de la misma forma para los dos en sus dimensiones, pero que el monitoreo sea a una realidad operativa que sí se pueda dar, pero con los instrumentos legales que ya existen", agregó.
¿Ustedes confían en que se dé el veto?, se le insistió.
"Es uno de los instrumentos que tiene el señor Presidente, y sabemos que lo está valorando y sabemos que tomará la mejor decisión que él considere conveniente después de escuchar a todos", añadió.
Señaló que el principal argumento que dieron al Primer Mandatario es que lo aprobado por el Congreso es imposible de procesar.
"Estamos conscientes de que tiene que haber sanciones y de la misma forma tanto para quien corrompe como para quien es corrompido, pero es muy importante dimensionar la operatividad del Sistema, es imposible que el Sistema pueda funcionar con las declaraciones de las empresas, de sus accionistas, de sus trabajadores, de las familias, y de los proveedores, el cúmulo de información sería imposible de llenar", justificó.
Por ejemplo, le expusieron que una empresa mundial que preste un servicio a una dependencia del Gobierno y que tiene 150 empleados en todo el mundo es imposible de que llene los papales a los que se le obligaría.
Por ello, le insistieron, están de acuerdo en encontrar un camino para que se monitoree la empresa y sus acciones y si comete un delito se pueda sancionar.
El encuentro se realizó en la sala de juntas de la Residencia Lázaro Cárdenas en Los Pinos, edificio en el que se encuentra la oficina del Mandatario, y duró dos horas y media.
Asistieron las 12 los representantes que integran el Consejo Coordinador Empresarial.
En el encuentro, informó Castañón, también hablaron sobre la violencia en Oaxaca, que dejó nueve muertos.
La demanda, indicó, es que el Estado mantenga su postura en la implementación de la reforma educativa y que use todas las herramientas que tenga a la mano, privilegiando los derechos humanos, para mantener el orden en esa entidad y en otras, y frenar los bloqueos.
"Que empiecen un dialogo para resolver las diferencias. Ha habido cuantiosas pérdidas, hay 37 establecimientos destruidos, hay 50 pequeños comercios que han sido vandalizados, hay pérdidas que se acumulan por 250 millones de pesos de las inversiones, pero lo más grave son las pérdidas humanas.
"Le dijimos que el Estado mexicano, con todas sus herramientas, pero respetando los derechos humanos, evite los daños a terceros y hechos de violencia", dijo.