Los calambres económicos que provocó la carta del súbito ex secretario, por fortuna, fueron tan fugaces como pronta y tranquilizadora la designación del sucesor, Arturo Herrera.
Como quedó claro ayer mismo después del espasmo en la columna vertebral del gabinete presidencial, no se modificará un ápice (también por suerte) el mantenimiento de una macroeconomía estable con finanzas públicas sanas y la reiteración de respeto a la autonomía de la banca central (característica esencial del repudiado neoliberalismo).
La noticia relegó una más de las arteras y calumniosas descalificaciones del Presidente a la autónoma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, constitucional institución del Estado mexicano a la que insiste en denigrar, ahora con la acusación de que no tiene “mucha” autoridad moral y a la que deshonra con la mentira de que “guardó silencio cuando el Estado era el principal violador de los derechos humanos”. Este cargo es un despropósito colosal, pues los agravios a la dignidad de las personas únicamente pueden ser cometidos por servidores públicos (policías, militares, burócratas, jueces, legisladores), y el Estado se conforma con un territorio, una población y un sistema de leyes. Para ser tales, entonces, los crímenes de Estado requerirían del consentimiento de gobierno, sociedad y normatividad.
El de Urzúa superó asimismo el tema de los policías federales y que López Obrador cree superado. Sin embargo, por más que insista en que “hubo mano negra” y hasta manejo “en redes, con bots”, o de que se llegó a un acuerdo con una facción, el problema sigue con los cuatro mil amparados y centenares que mantienen su protesta.
En su adiós, Carlos Urzúa dejó sembradas algunas bombas: “…en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo (…); me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.
Martes de sobresaltos, por la tarde fue detenido uno de los mejores litigantes de México: Juan Collado, al parecer por una operación de compraventa de un inmueble en Querétaro. Se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con dinero de procedencia ilícita. Algo como lo que perfiló sin éxito el peñanietismo contra el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya…